El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes pedir al Congreso de los Diputados la ampliación quince días más del estado de alarma en España, hasta las 00:00 horas del 12 de abril. Como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la solicitud será debatida y votada en el pleno de mañana miércoles en la Cámara Baja; siendo definitivamente aprobada la prórroga –tras el aval parlamentario- en el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar el viernes.

Sobre esta cuestión, Montero ha señalado que “somos conscientes de la dureza” de la decisión que ya adelantó el presidente del Gobierno el pasado domingo, “pero es absolutamente imprescindible para ganar esta batalla”, ya que las autoridades sanitarias y los expertos coinciden en que “mantener la disciplina y el esfuerzo” que ello implica, es una medida “efectiva de lucha contra el virus”. Manifestó igualmente el deseo del Gobierno de que la prórroga del estado de alarma cuente mañana “con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias”, dada la necesidad también de responder políticamente “con fuerza y unidad”.Montero –que compareció en rueda de prensa telemática desde Moncloa, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa- inició su intervención afirmando que “hemos entrado en una semana decisiva en el abordaje de la crisis”, ante la que “tenemos que estar unidos y esperanzados en que las medidas que se están adoptando son las que nos van a permitir salir victoriosos”.

La portavoz anunció igualmente la aprobación en Consejo de Ministros de la distribución por transferencia a las Comunidades Autónomas del fondo social extraordinario de 300 millones de euros para, básicamente, reforzar las políticas sociales y de atención a las familias, especialmente las más vulnerables (mayores, dependientes, personas sin hogar, familias monoparentales…) con el objetivo de hacer frente a situaciones de necesidad derivadas de la crisis del Covid-19. Son medidas dirigidas especialmente a la gente mayor, pero las autonomías lo pueden utilizar para cualquier política de atención a personas vulnerables y están en consonancia con la decisión del Gobierno de no dejar a nadie atrás.El Consejo de Ministros ha aprobado también el reparto acordado en la Interterritorial de Servicios Sociales del fondo extraordinario de 25 millones de euros para garantizar el derecho básico de alimentación para niños y niñas en situación de pobreza o vulnerabilidad, y que ya recibían este curso la ayuda o beca de comedor. Esta ayuda será mediante transferencias económicas directas o distribución de alimentos y se prolongaran mientras permanezcan cerrados los centros educativos.

El Ejecutivo ha aprobado asimismo el primer tramo de la línea de 100.000 mill/€ de avales para garantizar la financiación de empresas, pymes y autónomos, cifrada en 20.000 millones de euros. Con él se da liquidez para preservar la actividad productiva y, sobre todo, el empleo. “Servirán para atender necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pago de salarios, facturas, necesidad de circulante; incluyendo las que se derivan de vencimiento de obligaciones financieras o tributarias”, señaló Montero. Con esta cantidad queda cubierto para autónomos y pymes el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación, mientras que para el resto de empresas garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación.

Finalmente, ha acordado exceptuar de la prohibición de vuelos directos de Italia a España a aquellos vuelos para repatriar a compatriotas o residentes en España, limitando su entrada a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca. Todos tendrán que guardar un periodo de cuarentena en sus domicilios y su estado será monitorizado por los servicios sanitarios.

En el posterior turno de preguntas, Montero ha aprovechado para, entre otras cuestiones, desmentir la información según la cual el gobierno bajaría el salario de los funcionarios. “Para nada” ha sentenciado la portavoz, quien ha lamentado la “estrategia de confusión, bulos y mentiras, que en nada benefician en esta situación”, al tiempo que ha aprovechado para “mostrar todo nuestro agradecimiento a los servidores públicos, que mantienen servicios esenciales e imprescindibles” como son los profesionales sanitarios, los integrantes de las FCSE y el Ejército, los profesores, trabajadores sociales, etc.Salvador Illa

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que la mayor tensión en el sistema nacional de salud se está produciendo en la Comunidad de Madrid, que es donde se está concentrando el mayor número de casos de coronavirus, y por ello hizo “un llamamiento a la solidaridad con Madrid” en este momento.

Illa explicó que el gobierno ha desplegado tres acciones en Madrid: en primer lugar, desplegar los recursos sanitarios necesarios desde otras partes del territorio nacional, donde afortunadamente hoy no son necesario; en segundo lugar, activación y redoblamiento de esfuerzo en la compra de material necesario, especialmente en productos de respiración asistida, y, en tercer lugar, la activación de toda la capacidad que tenemos en el territorio nacional para fabricar estos productos.Así, remarcó que, “hasta la fecha hemos repartido 5 millones 848 mil mascarillas y estamos trabajando en la garantía del suministro regular”.

El titular de Sanidad quiso dejar claro que el Gobierno “ni confisca nada, ni impide ninguna compra. Al contrario, a todo aquel que lo solicita le proporciona el respaldo del Gobierno de España para efectuar la adquisición de material que sea preciso”, dijo, desmintiendo así las informaciones aparecidas al respecto.

En cuanto a las residencias de ancianos, anunció que Sanidad ha dictado varias órdenes de obligado cumplimiento para las CCAA. La primera, del 19 de marzo, establece una serie de requisitos en materia de aislamiento, en materia de limpieza, de los profesionales sanitarios que tienen que atender a esas residencias, y en materia del seguimiento de los casos que se han podido producir.

Illa avanzó que hoy Sanidad ha dictado una nueva orden, más estricta que las anteriores, que establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan estos requisitos y somete todas las residencias a la autoridad pública de cada CCAA, sea el consejero de Servicios Sociales, sea el consejero de Sanidad. También se establecen unas medidas estrictas de inspección sanitaria en las residencias y refuerza los mecanismos de información para que el Gobierno tenga puntual información de que se están ejecutando estas órdenes y se está prestando la atención necesaria a estos centros por parte de las CCAA, que son quienes tienen las competencias para hacerlo.

Según avanzó el titular de Sanidad, el consejo de Ministros ha decidido también crear un grupo especial para seguir la situación de las residencias, que estará integrado por representantes de la vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2030, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Defensa.“Los datos confirman que esta es una semana muy dura, porque estamos en la primera fase para derrotar al virus, mientras nos aproximamos al pico de la epidemia”, apuntó Illa, por lo que hizo un llamamiento “a seguir estando unidos” y un reconocimiento a las sociedad española “por estar cumpliendo estas medidas drásticas, pero que son el único camino que nos va a llevar a la derrota del virus”.