EL PAÍS

Toda la oposición denuncia que lo que llaman «ley mordaza» limita derechos fundamentales y legaliza las «devoluciones en caliente» de inmigrantes
El 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de Seguridad Ciudadana
In English: Ruling party rams controversial security law through Congress

Fernando Garea

El PP ha aprobado en el Congreso en solitario la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, frente a todos los demás grupos parlamentarios que la consideran una «ley mordaza» y entienden que limita derechos fundamentales.

Toda la oposición ha hecho frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.

Para el socialista Antonio Trevín «la ley es una vuelta al estado policial y no es necesaria» y «con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial». No ha renunciado a promover un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha comprometido a hacerlo.

Puntos principales de la ley

. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori sin intervención judicial.
. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros.
. Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: “Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.
. Se regulan nuevas conductas como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera.
. Se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.
. También “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”.
. “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”.
. Serán faltas leves: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.
. “La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”.
. “Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”.
. “El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.
. Devoluciones en caliente de inmigrantes: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Durante el debate ha sido desalojado un grupo de asistentes en la tribuna del público, por cantar «Do you hear the people sing» de Los Miserables en protesta contra la ley. Los desalojados son miembros del coro del 15M, conocido como ‘La Solfónica’.

La norma irá ahora al Senado y, si no hay más enmiendas, entrará en vigor. Básicamente la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Según Emilio Olabarría (PNV), de esta forma, se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas.

Además, incluye conductas sancionables como las manifestaciones ante el Congreso o las protestas con escaladas en edificios públicos, entre otros. Desde el anuncio del anteproyecto de ley, el Gobierno matizó algunas de las sanciones administrativas que pueden llegar hasta los 600.000 euros para los casos más extremos.

Como muestra del rechazo de la oposición, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha pedido al Gobierno que escuche a la sociedad y a la Unión Europea, cuyo comisario de Derechos Humanos, aseguró que «España pretende hacer legal lo ilegal”. Joan Baldoví (Compromís) para quien «se pretende domesticar manifestaciones con una ley injusta», en lugar de legislar contra la corrupción o para ayudar a los necesitados. Para Rosana Pérez (BNG) «se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial». Joan Tardà (ERC) ha hablado de «locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía». Para Xavier Errekondo (Amaiur) “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”.

«Esta ley no es necesaria, viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión», ha resumido Toni Cantó (UPyD). «Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia con la aprobación de esta ley», ha remachado Ricardo Sixto (Izquierda Plural), mientras sus compañeros de grupo protestaban desde su escaño en pie y con una mordaza en la boca.

Feliu-Joan Guillaumes (CiU) ha valorado algunas mejoras en la norma durante el trámite, pero la ha rechazado en conjunto.

También introdujo el Gobierno en la norma durante el trámite otros artículos especialmente polémicos como la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla. Esta posibilidad, incluida en una disposición, supone legalizar las llamadas «devoluciones en caliente», expresamente prohibidas hasta ahora, porque los inmigrantes que llegan a suelo español tienen derecho a asistencia letrada y a que se compruebe si son menores o refugiados. El Gobierno entiende que no puede hablarse de «devoluciones en caliente» porque no lo son si solo pisan territorio español y no superan el cordón policial. Esta disposición fue introducida como enmienda en el Congreso, eludiendo los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Emilio Olabarría (PNV) ha asegurado que la norma contradice la Constitución y tratados internacionales firmados por España, por ejemplo, en lo referido a las «devoluciones en caliente» de inmigrantes que el Gobierno convierte en «entregas en frontera» y legaliza en la ley.

Para justificar la entrega de inmigrantes que hayan traspasado las vallas el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha utilizado en los pasillos del Congreso un argumento frente a las críticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan «una dirección» donde a «esa pobre gente» se les vaya a dar «manutención y trabajo», les envía para allá.

«Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía», dijo.

«Que digan a cuántas personas están dispuestos a acoger y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones», ha asegurado el ministro en referencia a las opiniones críticas de todos los demás partidos y ONG.

En la tribuna del Congreso ha defendido la norma en solitario el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Conrado Escobar, recordando que sustituye a la que se conoció como «ley Corcuera» o «ley de la patada en la puerta» que hizo el Gobierno de Felipe González. Ha defendido la norma asegurando que tiene el aval de los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

«Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos», ha dicho.

Noticia publicada en El País el 11 de diciembre de 2014

Fotografía: Uly Martin

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