José Rodríguez de la Borbolla

Ante la celebración del 28 de febrero de 1980, a 36 años vista de tan trascendental día, quizás convenga precisar algunas cuestiones históricas.

Desde Andalucía, y desde el PSOE, la autonomía no fue considerada en ningún momento como un mero instrumento para la defensa de una «identidad» perdida ni como la recuperación de un pasado irredento. Muy al contrario, la autonomía regional significaba, «simplemente, reivindicar un sistema democrático para resolver, también, los problemas de las regiones y para hacer posible su progreso armónico» (El Socialista, 1ª Quincena, Enero de 1976). Profundización de la Democracia y mecanismos para abordar y solucionar los problemas de los territorios. Eso es lo que se quería, y lo que se pregonaba.

Desde Andalucía, y desde el PSOE, no se postuló, en ningún momento, un modelo territorial de Estado en el que hubiera una diferencia sustancial entre las llamadas «nacionalidades» y las denominadas «regiones». Así, y por eso, en la Resolución de Nacionalidades del XXVII Congreso del PSOE, en diciembre de 1976, se decía que nacionalidades y regiones habrían de conformar, «en pie de igualdad, el Estado Federal que preconizamos». Nacionalidades y regiones, «en pie de igualdad». Y Estado Federal. Desde 1976. No son datos menores: lo sustantivo, frente a lo adjetivo; el contenido de la autonomía, frente a la denominación -nacionalidad o región- del territorio; la resolución de problemas frente al recrearse en la recuperación de la identidad; la igualdad de los ciudadanos frente a la historia remota. La Ilustración frente al Romanticismo, en suma.

Por ello, el 4 de diciembre de 1977, en las grandes manifestaciones de los andaluces, convocadas por todos los partidos a iniciativa del PSOE, la reivindicación autonomista se justificaba en la existencia de problemas graves de nuestra tierra. Además, y no sólo aquí, también en Valencia el 9 de octubre de 1977, la ciudadanía reclamaba la Autonomía, en pie de igualdad, para todos los territorios de España.

Es cierto que en la Constitución se abrieron dos vías para el acceso a la autonomía plena de todos los territorios: la vía del artículo 143, que establecía un lapso de cinco años con competencias limitadas; y la vía del artículo 151, que permitía acceder a la plenitud desde un primer momento. Pero eso no suponía un acuerdo con vocación definitiva de estructura diversificada del modelo territorial del Estado. Se podría llegar antes o después -151 o 143-, pero la Constitución asumía la condición final igualitaria de todas las comunidades autónomas posibles, especialmente en lo que se refiere a las competencias, y salvando los hechos diferenciales recogidos en la propia Constitución. Pues bien, ese modelo finalista, «armonizador» de competencias y de instituciones básicas, de todos los territorios de España fue precipitado e impulsado desde Andalucía, desde antes de que se aprobara la Constitución.

En primer lugar, por la firma del Pacto de Antequera, el 4 de diciembre de 1978. En dicho Pacto, impulsado por el presidente socialista Fernández Viagas, quedó claro, en palabras de los historiadores Hijano del Río y Ruiz Romero, que «la demanda autonomista de Andalucía se plantea en base a problemas socioeconómicos» y que «Andalucía no permitía situaciones de privilegios de unas autonomías sobre otras».

Después, cumpliendo el Pacto de Antequera, y tras las elecciones de 1979, se produjo la iniciativa autonómica, impulsada desde la izquierda en todos los municipios andaluces. Tras ello, y gracias al papel desempeñado por Rafael Escuredo, se consiguió la convocatoria del Referéndum del 28F. Se ganó, a pesar de múltiples trampas y de diversos abandonos por parte de partidos de la derecha y de tibiezas por parte del llamado nacionalismo andaluz. Se ganó, y se elaboró un Estatuto, con apoyo de todos los partidos andaluces y de todos los partidos de España, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos, que fueron especialmente entusiastas, entonces, en aplaudir y alabar nuestros logros.

Más tarde, en 1982, el PSOE ganó las primeras elecciones autonómicas, por mayoría aplastante, y no por ser un partido exclusivamente andalucista. Yo creo que por dos cosas, básicamente: por la torpeza de la derecha sociológica, que nos representó como un gusano que devoraba una manzana; y porque, desde 1979, nos habíamos postulado como «El gran partido de los andaluces» y como «Un gran partido para un gran pueblo». Confrontación izquierda-derecha, en lo político-ideológico; y transversalidad, en lo social, lo económico y lo cultural. Ahí seguimos.