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Espaldarazo a la política de vivienda del gobierno socialista y varapalo al PP

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Editorial de ‘El Socialista’

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el anterior gobierno socialista.

Con ello, el TC avala tanto el fondo de la nueva normativa, como el procedimiento empleado para aprobarla, y rechaza de plano el cuestionamiento que el PP hizo sobre la urgencia y la necesidad de estas políticas.

El fallo sólo puede interpretarse como un espaldarazo al Gobierno y como un varapalo a las objeciones del PP, además de a sus políticas de vivienda, cuyos desmanes y perjuicios corregía precisamente esta norma.

Por tanto, ha quedado patente que en España era urgente y necesario aumentar el tiempo mínimo de los contratos de alquiler, aumentar las prórrogas de estos contratos, y congelar las subidas. Como también era urgente y necesario limitar las garantías adicionales en los contratos, exigir más seguridad jurídica en los procedimientos de desahucio, implementar medidas fiscales y económicas para incentivar la oferta, y permitir que los ayuntamientos pudieran destinar sus remanentes de tesorería a recapitalizar sus parques públicos de vivienda.

Es decir, que la reversión que aprobó el gobierno socialista de la reforma ultraliberal impulsada por el PP en 2013, es plenamente constitucional, y que el PP ha fracasado estrepitosamente en su intento de frenar una veintena de medidas que se han demostrado verdaderamente urgentes y necesarias.

El PP debería dar explicaciones sobre las verdaderas razones que se esconden tras este nuevo intento de bloqueo a medidas sociales y, de paso, aclararnos por qué sí consideró necesario recurrir la sentencia de Tribunal Supremo que declaraba nula la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitres.

Seguramente no lo haga, porque para ello tendría que reconocer cuáles son sus prioridades, que pasan como sabemos por liberalizar sin control y descapitalizar el parque público de vivienda. En definitiva, dar la espalda a las familias y a los jóvenes, y favorecer a los fondos buitre.

ESTIGMA

Ribera

 

Mar Martín

Para que las heridas se sequen hay que dejarlas al aire, es decir hay que abrirlas, ver lo que hay y esperar a que cicatricen.
Y hay heridas que tardan más de 40 años en cicatrizar porque nunca les dio el aire, porque se ocultaron en un pacto de silencio que en la Transición pudo tener sentido, pero que hoy es incompresible.

Conocer el pasado, de dónde venimos y qué errores se cometieron es el único modo de afianzar el firme para construir el futuro. Es la garantía de una sociedad madura capaz de enfrentarse a nuevos retos. Seguir con la cantinela de que rescatar la memoria de un tiempo reciente terrorífico, es abrir heridas sigue siendo un gesto de infantilismo o de tratar como infantil a una sociedad que ya ha crecido.

Y esto que lo tengo siempre a flor de piel, se me escapa a borbotones del teclado del ordenador a propósito de la polémica en torno a los restos de uno de los mayores sanguinarios y asesinos de la Guerra Civil Española y Posguerra franquista, enterrados bajo el suelo de la Basílica de la Macarena, icono religioso y turístico de la ciudad de Sevilla.

Según los historiadores Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, la represión franquista en Andalucía entre 1936 y 1951 supuso el asesinato de más de 50.000 personas, de las que 12.509 corresponden a Sevilla y su provincia y un buen número de ellos se le atribuyen a Queipo de Llano, responsable también de ‘la desbandá’, que regó de muerte la carretera de Málaga a Almería y que significó la peor matanza y la mayor huida de población civil en Europa antes de la guerra de Yugoslavia.
Con este curriculum es de sentido común (y mucho se ha tardado) en que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobara hace un año una moción (sin el apoyo del PP y Ciudadanos) para proponer la retirada de sus restos de la Macarena. Y es sintomático también de una sociedad ya cansada de tantos silencios y de tener tantas tragaderas.

Es inaudito que uno de los más crueles protagonistas de la guerra civil mantenga aún en el año 2017 el privilegio de estar enterrado en tan simbólico templo, irónicamente junto a la muralla que el mismo convirtió en paredón para fusilar a cientos de sus víctimas, por mucho hermano mayor que hubiera sido y por mucho dinero que hubiera puesto para la construcción del edificio.
Uno es la suma de todas sus partes, por lo que no vale que los macarenos digan que está enterrado en calidad de hermano mayor honorario (que ya les vale) y no como militar. Esto sería equivalente a decir que Hitler se merecería un sitio destacado entre naturalistas y ecologistas por ser vegetariano y amante de los animales.

Uno es quien es, mire hacia el lado que mire y son sus palabras y sus acciones los que lo describen. Por ello dejo aquí una de sus muchas frases que perfilan con detalle al personaje por el que muchos macarenos se sienten avergonzados de tenerlo entre los muros de su templo: “Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”.
Y tras leer sus palabras, me reafirmo en considerar que sacar sus restos de la Basílica de la Macarena puede ser un pequeño gesto para los sevillanos y sevillanas pero un gran gesto para la humanidad, que diría Neil Armstrong.

DOBLA, DOBLA

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Mar Martín

Doblad, doblad el abanico de papel,  le dice el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, a los escolares asfixiados por la ola de calor, mientras, otros doblan y doblan a orillas de fresquitos paraísos los billetes saqueado de las arcas públicas.

Si el PP no se hubiera apropiado de esas cantidades inmorales de dinero público y amnistiado fiscalmente a los que no pagan a Hacienda, todas las aulas de los colegios públicos de España tendrían hoy aire acondicionado.

No hace mucho exigían a la ciudadanía sacrificios, argumentando que era el único modo de salir de la crisis, mientras desfalcaban, sin pudor, la hacienda de todos. Ahora, vuelven a exigir, otra vez, sacrificio ofreciendo a cambio abanicos de papel tan inconsistentes como su talla moral.

Hace apenas una semana el Tribunal Constitucional nos daba una buena noticia  al declarar, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal de Montoro que vulneraba el principio de igualdad y con la que supuestamente se iba a recuperar el 10% del dinero evadido y que, sin embargo, sólo logró rescatar el 3% del dinero defraudado.

Recién llegado al gobierno, el PP en 2012 adoptó esta amnistía fiscal como una de sus primeras acciones, demostrando cual era, en verdad, el orden de sus prioridades gubernativas. De aquella amnistía se beneficiaron, sus propios exministros (Rodrigo Rato) sus tesoreros (Luis Bárcenas) sus secretarios generales (Francisco Granados) y socios (David Marjaliza)  haciendo todo un alarde de cinismo y riéndose en la cara de cada uno de los contribuyentes que pagan sus impuestos.

Esta sentencia descubre que el PP rompió la igualdad de los españoles al favorecer a los defraudadores, saltándose la Constitución que determina que todos los ciudadanos deben contribuir por igual a financiar el gasto público. También, pone al descubierto que el Gobierno del PP desatendió sus responsabilidades de obligar a todos a pagar impuestos y legitimó y premió una conducta delictiva de quienes incumplieron su deber de tributar.

El recurso contra la amnistía fiscal de Montoro, que fue presentado por los diputados socialistas del Congreso era la principal esperanza para recuperar el dinero perdonado a los defraudadores, pero la sentencia del alto tribunal, que impedirá futuras amnistías fiscales al considerarlas atentados contra la Constitución, deja tranquilos a los defraudadores alegando principio de seguridad jurídica lo que significa que no se investigarán las declaraciones, ni se revisará el tipo efectivo que pagaron que fue del 3%.

Según el Constitucional la amnistía de Montoro tuvo tres efectos desastrosos para la hacienda pública. El primero de ellos: permitir la regularización «a un tipo reducido» que se estableció en el 10%, pero que finalmente fue del 3%, el segundo: eximir a los defraudadores del pago de ningún tipo de recargos: ni intereses de demora, ni penalizaciones por fraude a Hacienda ni otro tipo de sanciones y el tercero: convertir en «renta declarada a todos los efectos» todos los bienes regularizados, por lo que los contribuyentes no tuvieron que dar ninguna otra explicación.

Si el PP, en plena crisis económica, con un Estado de Bienestar en el centro de la diana, se hubiera tomado en serio el Estado Social de Derecho hubiera exigido a los defraudadores regularizar los 1.333.333 millones de euros evadidos en lugar de los 40.000 millones, no hubiera recaudado  únicamente los ridículos 1.200 millones de euros y hubiera podido instalar aires acondicionados en todos los colegios públicos de España y pagar la correspondiente factura de la luz.

ERRE QUE ERRE

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Mar Martín

Vuelvo a escuchar hoy en la radio que Ciudadanos, erre que erre, con el impuesto de sucesiones y no puedo más que hacer un ejercicio de hemeroteca para recordar y recordarles las mentiras sobre las que el PP construyó la campaña que ellos siguen defendiendo.

No por mucho decir que llueve va a terminar lloviendo, sin embargo hay quienes terminan viendo chispear. De tanto repetir que hay que eliminarlo porque nos perjudica, hay quien lo cree, cuando en verdad es un impuesto que sólo afecta a los que hereden individualmente más de 250.000 euros y son el 2% de la población andaluza.

Este es un ejemplo de cómo el interés particular se convierte en un falso interés colectivo, si se utilizan adecuadamente grupos mediáticos y si además se monta una plataforma orquestada por el PP que ha sido realmente eficaz: miles de personas han creído que este impuesto es injusto, muy elevado y que lo pagan las clases medias y trabajadoras.

Sin embargo, es un impuesto centenario, que existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo y siempre se ha considerado uno de los instrumentos más efectivos para luchar contra los privilegios y conseguir  sociedades más equitativas y economías más eficientes.

No es un impuesto autonómico como se ha dicho, sino estatal, por lo que la Junta de Andalucía no podría eliminarlo. Sin embargo el PP en sus varias reformas fiscales pudo hacerlo y no lo hizo. Es falso que familias sin liquidez no puedan recibir las herencias de sus padres, porque la ley contempla plazos para venderlas, pero es la crisis la auténtica causa y no el impuesto. Y es falso, también, que no sea necesario,  porque las mayores desigualdades  sociales se dan por razones de patrimonio más que por renta.

El machaque de la propaganda del PP fue de tal dimensión que la Junta de Andalucía tuvo que contraatacar con una campaña informativa en la que,  a través de un simulador “on line” los usuarios pudieran hacer el cálculo del impuesto, con objeto de acercar a la realidad la situación concreta de los contribuyentes.

Pero, en su línea descafeinada de acólitos del PP, Ciudadanos puso como exigencia en su pacto de gobierno, no la eliminación del impuesto, pero sí su reforma. De modo que se exonerará de pagar a los que hereden  individualmente hasta 250.000 euros y, si la herencia ascendiera a 350.000 euros, sólo se tributaría por los primeros 200.000.

Ésta es la exigencia que vuelve hoy como noticia y con ella un retrato de   fieles discípulos del PP y cómplices de la destrucción del ya malherido Estado de Bienestar.

EL LOBO QUE CUIDABA A LAS OVEJAS II

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Mar Martín

El otro lobo que cuidaba a las ovejas se ha visto obligado a regresar al monte alejado de aquellas a las que supuestamente tenía que proteger y que, sin embargo, estaban absolutamente expuestas a los peligros.

Es así que el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix encargado de vigilar los asuntos relacionados con la corrupción en España que se acumulan exageradamente alrededor del PP, tampoco cumplía lo que exigía a otros cumplir y por ello acaba de presentar su dimisión, aunque ayer decía que no veía motivos para ello. Si no son motivos engañar a los ciudadanos y proteger a los corruptos del PP, en su historia personal se han  encontrado.

Heredó de su padre un inmueble valorado en 550.000 euros que estaba ubicado en un paraíso fiscal que no quiso legalizar porque le costaba dinero. Es decir, el mismo dinero que el resto de los mortales contribuyentes pagan porque lo exige la ley, son solidarios y sobre todo honrados.

Había que pagar una plusvalía por el beneficio desde el valor inicial de la casa al valor actual, pagar el impuesto de rentas de no residentes que es el 19% del beneficio y otro impuesto del 6%”. Y esto, que hubiera significado  arreglar una situación irregular que provocó el anterior entramado offshore, el fiscal anticorrupción y sus tres hermanos no lo quisieron hacer. Era mucho más barato mantenerlo en Panamá.

Pero los titulares de portada con el nombre de Manuel Moix no son nuevos. El pasado 16 de mayo todos los partidos del Congreso de los Diputados menos el PP votaron a favor de reclamar los ceses del fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza y de Moix por la injerencia gubernamental en los casos de corrupción del PP. Se censuraba la decisión de Maza de designar a Moix Fiscal Jefe Anticorrupción después de haberse conocido que Ignacio González (Caso Lezo) había dicho que abogaba por colocarlo en ese puesto para solucionar sus problemas judiciales y su polémica trayectoria.

Si son estos lobos los encargados de cuidar a las ovejas, es decir a la sociedad española, flaco favor hacen a la Democracia y al Estado de Derecho, por el que tantas personas dieron su vida. En lugar de mantener vivos los engranajes de la compleja e importante maquinaria de la Justicia, abandonan las ruedas y dejan que se llenen de verdina. Todas las instituciones democráticas están en jaque, esperemos que no sea mate.

EL LOBO QUE CUIDABA A LAS OVEJAS

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Mar Martín

De los tres poderes que Montesquieu separó, como garantía para un buen gobierno, el judicial, ha sido hasta la fecha, sobre el que la sociedad más confianza ha depositado.
La distancia que haya entre un poder y otro es directamente proporcional a la salud de un Estado y, de los tres, el judicial se ha mantenido hasta el momento alejado de disputas políticas.
Los jueces y juezas encargados de aplicar la ley y las normas jurídicas son la piedra angular sobre la que reposa la credibilidad de un Estado y es por ello que vigilar su independencia es de vital importancia.
Sin embargo y, como un atentado a nuestra inteligencia y soberana falta de respeto a la ciudadanía,  el PP ha metido la mano hasta en la judicatura para mancillar también este espacio que debería permanece siempre impoluto e inmaculado.
Utilizando su mayoría en el Poder Judicial ha impuesto a dos jueces afines, Concepción Espejel y Enrique López, en puestos clave de la Audiencia Nacional, Audiencia que juzgará algunos de sus casos de corrupción: Lezo y Púnica.

Estos dos jueces además tienen en común haber sido apartados, por sus propios compañeros, de los tribunales que están juzgando y juzgarán esa corrupción, precisamente por su proximidad al Partido Popular.

Cuando se pone a un lobo a cuidar de las ovejas está asegurado el asado.