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La jueza argentina María Servini de Cubría pretende que los servidores del régimen franquista respondan por sus actuaciones delictivas, en el más amplio proceso a la dictadura jamás acometido
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del «derecho de Estado» sobre los derechos humanos
El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo de Naciones Unidas

José L. Mateos Fernandez

El auto de 30 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires en la causa 4591/2010 seguida por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo procede a la imputación de una serie de delitos a un total de 19 personas vinculadas a la Dictadura (ministros, jueces, militares, policías y hasta un médico-ginecólogo) acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos españoles –crímenes que tienen según la legislación internacional el carácter de imprescriptibles– y estando sus responsables sujetos a persecución en respeto del principio de jurisdicción universal. Los delitos de los acusados hielan la sangre de cualquier persona decente…

La jueza María Servini de Cubría, en cumplimiento de la mencionada legislación internacional, pretende que los servidores del régimen franquista respondan de sus actuaciones delictivas. Constituye, sin duda, el más amplio proceso a la dictadura franquista jamás acometido.

El Gobierno español contrae una inmensa responsabilidad ante la ciudadanía de este país, depositaria de derechos democráticos irrenunciables, pero también ante la comunidad internacional. De él depende que el Estado español continúe siendo una anomalía internacional por su indigna protección de los crímenes contra la humanidad. Puede, no obstante, poner fin a sus dilatadas prácticas obstruccionistas y acceder a la petición de la Justicia argentina, ordenar la detención preventiva de los reclamados e iniciar los trámites necesarios para proceder a la extradición.

De la misma forma, puede dar traslado a la Administración de Justicia -como ya hiciera en los casos de González Pacheco y Muñecas Aguilar– para que la Audiencia Nacional resuelva respecto a la concesión o denegación de dicha solicitud de extradición. En caso de no actuar en este sentido, su decisión estará fundamentada en consideraciones de naturaleza política, por encima de cualquier norma jurídica democrática.

¿Qué hará el Gobierno Rajoy? ¿Podemos esperar alguna iniciativa digna de tomar en consideración la defensa y protección de los derechos humanos? La experiencia y el conocimiento que tenemos del Presidente y sus ministros nos permiten anticipar su posición: reafirmación de la vigencia de la Ley 46/77 de Amnistía, espacio jurídico de una supuesta «reconciliación» asentada en el olvido forzado, temores colectivos y pervivencias franquistas, por no mencionar la recurrente e ilegal prescripción de los delitos.

Nada nuevo, siempre en línea con la ausencia de empatía hacia las víctimas, siempre dispuesto a mantener la impunidad de las élites como seña de identidad de su forma de dominación. ¡Impunidad en todo y para todo! En el expolio social y en los derechos humanos… Es la deriva inevitable de un régimen político en descomposición, construido sobre la reforma del franquismo, de escasas virtudes democráticas. El régimen de la Transición, cínicamente laureado, poco puede ofrecer, como no sea la impunidad de hoy heredada de la monstruosa impunidad de ayer. Para este Gobierno, las víctimas del franquismo deben carecer de reconocimiento y en consecuencia, de derechos.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del «derecho de Estado» sobre los derechos humanos. No solo se observa en el asunto de las recientes imputaciones, sino ante las mismas resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o en el Informe del Relator Especial sobre la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo.

Es posible que el Gobierno vuelva a dar la espalda a la legalidad internacional, así como a los compromisos adquiridos por el Estado español a través de diferentes Convenios y Acuerdos. Los recientes imputados lo son por homicidio, torturas, secuestro y robo de bebés…, al fondo, se adivinan las fosas de 114.000 desaparecidos, el incalculable número de bebés robados durante toda la dictadura, las miles de víctimas del trabajo esclavo o el dolor de la deportación y el exilio… La responsabilidad del Estado, de las empresas beneficiarias del trabajo esclavo, de la Iglesia, siguen constituyendo fortalezas de la impunidad. En definitiva, continúan burlándose de la jurisdicción universal.

Celebramos la decisión de la Justicia argentina, su actitud abre una vía esperanzadora, no solo para las víctimas del franquismo, también para todos los pueblos, pues muestra la vigencia de una Justicia universal, una garantía para el respeto a los derechos de las personas y un obstáculo para los aspirantes a genocidas.

En definitiva, para el conjunto del movimiento democrático que se extiende por nuestro país, el fin de las pervivencias franquistas va asociada a la liquidación de otras manifestaciones de impunidad, tan al uso en estos tiempos. La calidad de la democracia –hoy enferma– y la recuperación de nuestros derechos requiere de una Administración de Justicia no sometida a las exigencias del poder ejecutivo, con más razón cuando las mismas resultan inconfesables. No queremos que la herencia franquista se imponga, de nuevo, sobre la Justicia universal. Entendemos que si los derechos humanos se subordinan a otras consideraciones, se compromete la construcción de cualquier proyecto democrático duradero.

Noticia publicada en eldiario.es el 30 de noviembre de 2014

Enlace a la noticia:

http://www.eldiario.es/zonacritica/herencia-franquista-justicia-universal_6_329377083.html