España es el cuarto país europeo con más problemas entre su ciudadanía para mantener la vivienda a una temperatura razonable en los meses fríos.
Los datos son de un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales y llegan hasta 2012.

Miguel A. Ortega Lucas

Tan insondable, tan imprevisible como el tiempo que puede hacer mañana, suele ser la factura de la luz o del gas derivada del tiempo que puede hacer mañana. El consumidor español está ya bien acostumbrado a esa clase de puntuales sustos financieros, sobre todo en los meses de frío; de modo que ya no puede hablarse propiamente de susto, sino de larga (y amarga) resignación.

Pero los datos siguen ahí, cada vez más evidentes; y cada vez con peores consecuencias: España es el quinto país de la Unión Europea con las tarifas eléctricas más caras, y el segundo (sólo superado por Chipre) en que más se incrementó ese baremo entre 2007 y 2012. También es, así, el cuarto país de los 28 Estados miembros con más problemas entre su ciudadanía para mantener la vivienda a una temperatura razonable durante el invierno: si en 2007 el 14% de las casas declaraba padecer este problema, en 2012 la cifra subía al 18%. Y no hay indicios de que se haya revertido la tendencia desde entonces.

La Asociación de Ciencias Ambientales cuenta con un muy detallado informe ( Pobreza energética en España. Análisis de tendencias) en el que se explicitan estos datos y otros de igual interés, como que el porcentaje de hogares en España con gastos de energía desproporcionados (es decir, que supongan «más del 10% de los ingresos anuales») pasó del 12% en 2012 a » casi el 17%» en 2012 (el último año con datos disponibles), afectando así a «algo más de 7 millones de personas». Mientras el poder adquisitivo de las familias sigue bajando, las facturas energéticas siguen subiendo en perfecta desproporción.

Pero la desigualdad de condiciones en este ámbito también se da dentro del propio país: Murcia, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Castilla-La Mancha fueron, por ese orden, las comunidades que registraron, según la ACA, «una incidencia de condiciones asociadas a la pobreza energética por encima de la media nacional».

«En líneas generales, una mayor proporción de hogares (entre el 10% y el 20%) situados en la mitad sur de España, además de Cataluña, declararon en 2012 que eran incapaces de mantener la vivienda a una temperatura adecuada», mientras que «las tasas de incidencia más bajas para este indicador se registraron mayoritariamente en el norte» (Aragón, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia). Andalucía también es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Baleares, con más retrasos en el pago de los recibos.

Las diferencias entre norte y sur podrían atribuirse, según el informe, a la existencia de » dos tipos» de pobreza energética en nuestro país: «una tipología más convencional» afectaría al centro y norte peninsular en forma de mayor gasto en energía del presupuesto familiar; otra, más propia del sur, serían » las viviendas mal aisladas y sin sistema de calefacción adecuado, incapaces de asegurar su confort térmico en las semanas frías el año». Respecto a las condiciones de las casas, un dato se mantiene intacto desde 2007: un 25% de los hogares españoles se declararon incapaces de mantener una temperatura razonablemente fresca en verano.

Muertes prematuras

La pobreza energética es, sí, otra cara más de la pobreza a secas, de la mera falta de recursos. Pero la ACA explica el concepto: «Puede considerarse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda». Es decir: un descuadre en el presupuesto mayor aún que las consabidas dificultades, más relacionado con el precio impuesto a ese bien básico que a la coyuntura económica de cada cual.

Son tres los factores por los cuales se suele determinar la pobreza (o vulnerabilidad) energética: los precios de la energía, los ingresos familiares y la eficiencia de las viviendas, sus condiciones para afrontar los problemas de temperatura. Vulnerabilidad es un concepto mejor, quizás, para ilustrar situaciones como que la demanda energética (y por lo tanto su gasto) aumente en un hogar debido a cambios como el nacimiento de un hijo o la atención a un dependiente, pero también porque se dé una modificación en la legislación por la cual el consumidor «pierda la posibilidad de disfrutar de tarifas subvencionadas».

Podría suponerse, a priori, que los problemas se limitan a pasar frío (o demasiado calor en verano); y sin embargo –explican los expertos– este fenómeno «se traduce en la práctica en una serie de impactos» como «riesgo de aislamiento y estigmatización» debido a los múltiples problemas derivados (en la higiene, las costumbres sociales…).

Más contundente aún es la siguiente cifra que apunta la ACA: «De acuerdo con cálculos actualizados de la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) para el periodo 1997-2012, la pobreza energética podría estar detrás de entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras al año en España (con un valor central de 7.200 de acuerdo con una metodología de la OMS). En comparación, la cifra de víctimas en accidentes de tráfico en carretera se situaba en 2012 en 1.129». «Además», añaden, «se ha podido comprobar que, paradójicamente, el riesgo de sufrir una muerte prematura durante el invierno en personas de avanzada edad es mayor en las comunidades autónomas con temperaturas más suaves».

El informe señala en su diagnóstico que «el parque de viviendas» español «apenas ha sufrido variaciones» en las últimas décadas, así como que la depauperación de la sociedad española hace que en el país exista hoy «una mayor proporción de hogares en riesgo de exclusión social que antes del inicio de la crisis». Los precios de la energía doméstica, como colofón, «tampoco han dado un respiro a los hogares en situación de mayor precariedad», señala el documento: «en el caso de España, la cuestión de la tarifa eléctrica es especialmente problemática por las polémicas que rodean al mecanismo de fijación de precios». «La deuda acumulada con las empresas eléctricas ha aumentado de 24.000 a más de 30.000 millones de euros a pesar de los sucesivos incrementos en la tarifa realizados con el fin de corregir dicho déficit». Y es que gran parte de lo que pagamos en las facturas de la luz va a saldar dicha deuda del Estado con las eléctricas contraída hace ya decenios.

Noticia publicada en eldiario.es el

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