El alcalde se «sorprendió» al saber la situación del cementerio, dice el colectivo memorialista

En una de las fosas sin lápidas están los restos de más de 20 concejales asesinados

El Mundo/Eduardo del Campo

Hay en el cementerio de San Fernando de Sevilla cinco fosas comunes donde se calcula que están enterrados unos 3.800 hombres y mujeres asesinados bajo la dictadura franquista desde el verano de 1936. De esas cinco fosas de fusilados, sólo una está señalada desde 2002 por un monolito y una placa que recuerda a todas las víctimas. A una de esas fosas sin señalizar, la que llaman del Triángulo, que estaba ya abierta cuando se produjo el golpe militar, es adonde arrojaron los cadáveres de 22 o 23 miembros de la corporación municipal de Sevilla masacrados por su filiación republicana de izquierdas, como el alcalde Horacio Hermoso, y otros líderes, como el padre de la patria andaluza, Blas Infante. La fosa se colmó y al aumentar las sacas y fusilamientos se excavaron las otras cuatro, como documentó José Díaz Arriaza en su libro Un rojo amanecer.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, «se quedó pasmado, sorprendido» cuando el pasado 8 de septiembre le hablaron de la situación de esas fosas, dice Cecilio Gordillo, veterano activista del movimiento que trabaja en Sevilla por el estudio, reconocimiento y divulgación de los represaliados del franquismo.

Gordillo y los profesores universitarios Gonzalo Acosta y Santiago Fernández se reunieron con el alcalde en representación del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (Rmhs-A) del sindicato anarquista Confederación General del Trabajo (CGT). «Nos escuchó muy atentamente», dice. El nuevo alcalde está embarcado en una ronda de encuentros con colectivos de toda condición para que le expongan sus reivindicaciones generales para los próximos cuatro años, y la semana pasada le tocó el turno al de la llamada Memoria Histórica.

El colectivo memorialista ha sido breve y preciso en sus demandas, que apenas comportarían gastos para el Ayuntamiento. «No le hemos pedido dinero», dice Gordillo. Aunque sí voluntad política y administrativa.

La lista de reivindicaciones que el alcalde se ha comprometido a estudiar comienza por una medida muy sencilla, el señalamiento y protección de las cinco fosas comunes del cementerio municipal donde yacen los desaparecidos de la dictadura. Señala el grupo que existe el riesgo de que las fosas acaben sepultadas bajo nuevas columnas de nichos en el futuro. Reclaman catas arqueológicas para delimitar esos enterramientos masivos y que a su lado se coloquen los nombres de los que se sabe que yacen allí. También piden al Ayuntamiento que actualice su Guía del Cementerio de Sevilla, para que detalle la existencia de estas fosas y su significado.

En el encuentro no hablaron de ello, pero el alcalde podría fijarse en el ejemplo de Málaga y de su alcalde y buen amigo, Francisco de la Torre, del PP, bajo cuyo gobierno han realizado la mayor exhumación de España, considerada modélica. En Málaga sacaron a la luz los restos de miles de fusilados -aparecían con agujeros de bala en el cráneo y las manos atadas por la espalda con alambre-, que tras su estudio enterraron con todos los honores y sus nombres en un nuevo mausoleo. El grupo de Sevilla se conforma con muchísimo menos y sólo pide señalarlas y explicarlas al visitante.

La segunda petición al Ayuntamiento es que solicite «de oficio» al Registro Civil la inscripción de los asesinados que no constan legalmente como tales. «De unos 3.800 fusilados, se inscribieron poco más de 800. En el año 2009 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción para pedir un cambio legal. La reciente modificación de esta Ley autoriza a los Ayuntamientos a intervenir de oficio para regularizar esta situación», dice Gordillo. «Sólo pedimos que el Ayuntamiento sea coherente ahora. Que el pleno apruebe una lista de más de dos mil nombres ya conocidos y que los servicios jurídicos municipales se dirijan al juez del Registro Civil para inscribirlos».
A la espera de una calle para los sevillanos en los campos nazis

La tercera petición de los memorialistas es que el Ayuntamiento recuerde a los 24 sevillanos enviados a campos nazis en la II Guerra Mundial. Solicitan nombrar una plaza o calle como ‘Sevillanos víctimas del holocausto nazi’, o similar, junto a una placa con sus nombres.

Han sugerido al alcalde un sitio: «La alameda que hay entre la glorieta dedicada a las Víctimas del Terrorismo y la glorieta de Diego Martínez Barrios, el presidente sevillano de la República», explica Gordillo.

La cuarta reivindicación al gobierno de Espadas es que señalice y haga gestiones para que la Junta declare como lugares protegidos los restos de los campos de presos políticos que el franquismo usó como mano de obra esclava en obras públicas ligadas a la ciudad de Sevilla. Son los campos de Los Merinales y La Corchuela, en terreno de Dos Hermanas, donde hacían el canal del Bajo Guadalquivir; el de Las Arenas, situado en La Algaba pero promovido por el Ayuntamiento para hacer el canal del Viar; y el de Heliópolis, donde construían un colector donde ahora está el nuevo parque del Guadaíra. Los presos de Heliópolis «trabajaron para el Ayuntamiento al menos dos años». Aquí, ante la falta de restos, sólo piden una señal que recuerde la historia del lugar. Ya se lo pidieron al anterior gobierno del PP, sin resultado.

La quinta y última petición ya está prevista por este gobierno y el anterior de Zoido, que heredó el proyecto de Monteseirín: crear un museo en el pabellón de ingreso de la antigua cárcel de Ranilla, por donde pasaron miles de detenidos políticos -muchos, sacados de allí para fusilarlos-. El edificio preside el recinto donde el Ayuntamiento termina de construir un parque con motivos alusivos a su pasado. Ese museo contaría con un archivo digitalizado de los fondos penitenciarios. Han pedido al alcalde un local en el edificio para las asociaciones memorialistas.

Fotografía: Esther Lobato

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