La Junta remite a la Cámara una ley que abarca desde la II República a la Transición

El País/Raúl Limón

La historia del franquismo y la represión llegará a las aulas andaluzas. El Gobierno autonómico ha remitido al Parlamento el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática —elaborado en la pasada legislatura, con el Gobierno del PSOE e IU—, que incluye que esta forme parte del contenido obligatorio, pero no como asignatura independiente evaluable, de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. La intención es educar de forma rigurosa «sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil». También se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios.

Estas son algunos de los principales aspectos del proyecto de ley:

Definición. La norma define la memoria democrática como «el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición». En este sentido, además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, la norma extiende el periodo que regula hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía.

Víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeadas cada 14 de junio, será público.

Lugares y senderos. Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la consejería con las competencias de Memoria Democrática. Esta podrá impedir su derrumbe o modificación.

Símbolos. Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A diferencia de la Ley Estatal, no se considerarán que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares históricos. De lo contrario, la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.

Fosas. La Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. El Plan Andaluz de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. La localización, exhumación e identificación se incoará de oficio por la Junta o por los Ayuntamientos, a instancias de familiares, entidades memorialistas e investigadores. Si los enterramientos están en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.

Infracciones y sanciones. Serán infracciones muy graves la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas. (sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por último, se considerarán infracciones leves la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros). Las infracciones supondrán la pérdida de subvenciones o ayudas públicas.

Pruebas genéticas. La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN.

Justicia. La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones. También la Consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en representación de la administración autonómica en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante.

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