El Gobierno andaluz ha estrenado un programa de ayudas dotado con 2,27 millones de euros y destinado a pagar el alquiler a aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus viviendas y estén en situación de emergencia social. No hay estimación de cuántas familias podrán optar a este pago y se prevén dos recargas presupuestarias más en cifras similares en el próximo año. Los beneficiarios deberán acreditar que no tienen ninguna otra casa en propiedad. También podrán pedir estas ayudas aquellas personas que hayan sido avalistas y sufran una ejecución presupuestaria, así como los autónomos que hayan emprendido una actividad ofreciendo su vivienda habitual como garantía de un préstamo. La ayuda pagará un alquiler privado por un máximo de tres años y está diseñada en términos muy parecidos a la ley de función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y paralizada de forma cautelar.

Sin embargo, esta ayuda, según la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU) es más cara que la expropiación temporal de la vivienda que preveía la ley. Los cálculos de la propia administración estiman que “se doblan los costes”. Con la fórmula prevista en la norma se pagaba un justiprecio para la expropiación, el 2% del remate de la vivienda, y la familia permanecía en el piso pagando durante tres años una especie de alquiler que no podía superar el 25% de los ingresos familiares.

Este mecanismo “minimizaba el impacto en las arcas públicas”. Sin embargo, con la nueva línea de ayudas la Consejería tiene que buscar alquileres en el mercado e incluso se puede dar la paradoja que se acabe pagando una renta por un piso a la misma entidad bancaria que desahucia al beneficiario de la ayuda. Además con este pago del alquiler, a diferencia de lo que ocurría con la expropiación, los beneficiarios no pagan nada ni asumen ningún coste. “Sólo en la primera dotación presupuestaria de la ayuda, la suspensión cautelar de la norma tendría un coste para las arcas públicas de 1,1 millones de euros”, según sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda.
El Gobierno andaluz ha estrenado un programa de ayudas dotado con 2,27 millones de euros y destinado a pagar el alquiler a aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus viviendas y estén en situación de emergencia social. No hay estimación de cuántas familias podrán optar a este pago y se prevén dos recargas presupuestarias más en cifras similares en el próximo año. Los beneficiarios deberán acreditar que no tienen ninguna otra casa en propiedad. También podrán pedir estas ayudas aquellas personas que hayan sido avalistas y sufran una ejecución presupuestaria, así como los autónomos que hayan emprendido una actividad ofreciendo su vivienda habitual como garantía de un préstamo. La ayuda pagará un alquiler privado por un máximo de tres años y está diseñada en términos muy parecidos a la ley de función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y paralizada de forma cautelar.

Sin embargo, esta ayuda, según la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU) es más cara que la expropiación temporal de la vivienda que preveía la ley. Los cálculos de la propia administración estiman que “se doblan los costes”. Con la fórmula prevista en la norma se pagaba un justiprecio para la expropiación, el 2% del remate de la vivienda, y la familia permanecía en el piso pagando durante tres años una especie de alquiler que no podía superar el 25% de los ingresos familiares.

Este mecanismo “minimizaba el impacto en las arcas públicas”. Sin embargo, con la nueva línea de ayudas la Consejería tiene que buscar alquileres en el mercado e incluso se puede dar la paradoja que se acabe pagando una renta por un piso a la misma entidad bancaria que desahucia al beneficiario de la ayuda. Además con este pago del alquiler, a diferencia de lo que ocurría con la expropiación, los beneficiarios no pagan nada ni asumen ningún coste. “Sólo en la primera dotación presupuestaria de la ayuda, la suspensión cautelar de la norma tendría un coste para las arcas públicas de 1,1 millones de euros”, según sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda.
En las nuevas alegaciones enviadas al Alto Tribunal la Junta subraya que la Abogacía del Estado aseguró que Sareb era propietaria de 911 viviendas protegidas vacías en Andalucía, un dato que la propia sociedad de gestión de activos rectificó y rebajó a 98. Uno de los principales argumentos esgrimidos para paralizar la norma era precisamente el “grave impacto” que podía tener en la reestructuración bancaria.

Andalucía apela a la mejoría económica

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz también apelan a la recuperación económica en su escrito al Constitucional en el que piden que se reconsidere la suspensión cautelar de la norma antidesahucios andaluza. En concreto, alude al Informe de Estabilidad Financiera (IEF) elaborado por el Banco de España en noviembre de 2014 por entender que contrarrestan los datos contenidos en el de 2012, que fue el que utilizó la Abogacía de Estado para alertar del perjuicio de la norma andaluza en el reflotamiento del sistema bancario. Se aferra en concreto a un pasaje del último informe del Banco de España: “En resumen desde la publicación del último IEF se ha producido una mejoría de las condiciones de financiación en los mercados financieros nacionales. Por otra parte el mayor dinamismo del PIB en España se está traduciendo en una recuperación del empleo. Esta evolución ha venido acompañada, además de un cierto fortalecimiento de la situación económica y financiera del sector privado no financiero”.

En Andalucía, lejos de retroceder, los desahucios no paran de crecer. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística señalan que es la comunidad con más número de desahucios sobre viviendas. Un total de 8.034 en el primer trimestre de 2014. El Gobierno andaluz también ha detectado un repunte en los impagos de familias inquilinas en viviendas públicas y pondrá en marcha otra línea de ayudas dotada con 4,3 millones de euros que prevé estar en marcha a principios de 2015.

Noticia publicada en El Confidencial el 4 de enero de 2015

Fotografía: EFE

Enlace a la noticia:

http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2015-01-04/andalucia-demandara-a-rajoy-el-dinero-para-pagar-alquileres-a-familias-desahuciadas_614841/