EL DIARIO.ES

La caída presupuestaria acumulada o el número de mujeres asesinadas tras no ser evaluadas como casos de riesgo desmontan las tesis del Gobierno sobre el esfuerzo por proteger a las víctimas
«Hay una gran normalización del control a través de la redes sociales», analiza una técnica de atención a las mujeres para explicar la repetición de casos en generaciones jóvenes

Natalia Chientaroli

Dos mujeres han muerto el pasado fin de semana a manos de sus exparejas, y el tema de la violencia machista vuelve a los titulares de los periódicos y a las mesas de tertulia de los medios de comunicación. Y aunque las cifras son ya de por sí contundentes –48 muertas en lo que va de año, 40 niños huérfanos– vuelven a oírse argumentos que no sólo no reflejan las dimensiones de este problema sino que confunden con afirmaciones que son evidentemente falsas.

No hay recortes en la lucha contra la violencia machista

El Gobierno se ha encargado de destacar estas semanas que ha hecho un gran esfuerzo presupuestario para mantener el dinero que destina a la lucha contra la violencia machista. Y es cierto que en las cuentas de 2015 el Ministerio de Hacienda ha concedido al presupuesto en igualdad y contra la violencia de género algo más de dinero que el año anterior. Pero al mirar con un poco de distancia, los 44 millones que suman ambos programas son un 27,5% menos de lo que se disponía en 2011. En total, se han perdido por el camino 16,9 millones de euros.

El Gobierno destina específicamente a la prevención de la violencia de género 1,5 millones más que en las cuentas de 2014, un 6,7% más. Sin embargo, el presupuesto general de 23,7 millones está bastante por debajo de los 30,3 con el que se atendía este tema en 2011. En estos cuatro años se ha perdido con los recortes un 21,7%.

El dinero concreto que transfiere el Gobierno a acciones específicas contra la violencia machista ha caído en 2,2 millones. Las inversiones asociadas a este campo han pasado de 11,4 a 8,8 millones de euros, un retroceso del 22% entre 2011 y 2015. Ya en 2013 el Ejecutivo envió un informe de situación a la Organización de las Naciones Unidas en el que omitía los recortes presupuestarios en el combate de la violencia machista.

El sistema garantiza la protección de las mujeres que denuncian

Una de las realidades que evidencian las estadísticas es que el nivel de protección de las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores es más que deficiente. En 14 de los 15 casos mortales en los que las víctimas habían interpuesto una denuncia la Policía no halló indicios de peligro en su situación. Tenían, de hecho, una valoración de “riesgo bajo o no apreciado”.

No denunciar impide a las víctimas acceder al sistema de protección que la ley dispone para ellas: órdenes de alejamiento, vigilancia policial o pulseras antimaltrato. Aunque hacerlo tampoco les garantiza que finalmente lo consigan. En 2010, el año con más mujeres asesinadas, un 85% de las víctimas no tenían ninguna orden de protección –o no estaban en vigor–. Ese porcentaje alcanza el 93,3% en lo que va de año.
Las mujeres denuncian poco y por eso no se las puede ayudar

«No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian». Esta fue una de las frases más polémicas pronunciadas por la ya exministra Ana Mato. Lo hizo en 2012, y aunque entonces se convirtió en el foco de las críticas, su discurso no difiere demasiado del de la responsable del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ángeles Carmona aseguró en una entrevista con eldiario.es: «No podemos proteger a quien siente que no tiene por qué ser protegido. Todos deben denunciar. Debemos romper ese silencio cómplice».

La realidad es que en un contexto de bajadas más o menos constante del número de denuncias –que se asociaban entre otros factores a una mayor dependencia económica de las mujeres a causa de la crisis–, los últimos datos apuntan a un repunte. La cifra ha aumentado en todas las provincias respecto al segundo trimestre de 2013, y en la mitad de ellas el porcentaje se ha duplicado.

Alrededor de un 60-70% de las denuncias son interpuestas por la propia víctima. En la mayoría de los casos, tras una intervención policial. Lo que no ha avanzado mucho es el apoyo del entorno, si tenemos en cuenta el número de denuncias que provienen de ese ámbito.

El machismo es propio de generaciones anteriores

Las actitudes machistas, en contra de lo que se dice en muchas ocasiones, no es algo que se corresponda exclusivamente con generaciones anteriores. De hecho los especialistas destacan cada vez más la incidencia del machismo entre los jóvenes, y detectan un gran número de casos de maltrato incluso entre adolescentes. «Hay una gran normalización del control a través de la redes sociales». Estos mecanismos «permiten saber qué hace una persona en cada momento» y son «un arma muy potente en manos de un maltratador», explica a eldiario.es Julia Yagüe, profesional de un servicio municipal de emergencia para la atención de víctimas de violencia de género.

Los últimos estudios no pueden ser más alarmantes. Un informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) planteado a estudiantes de 3º y 4º ESO revela que uno de cada cuatro adolescentes cree que la mujer debe estar «en su casa con su familia» . El 10% de los jóvenes andaluces cree que es el hombre el que debe tomar las decisiones importantes en la pareja, el 20% cree que la mujer es más débil y el 50% sostiene que la mujer aguanta la violencia de género.

Esto ha llevado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a lanzar campañas específicas para este colectivo. Sin embargo, sí es verdad que el colectivo que menos denuncia el maltrato es precisamente el que se encuentra más lejos de las jóvenes: el de las mujeres mayores.

La mayoría son denuncias falsas

Aunque desde el escándalo protagonizado por el diputado de UPyD Toni Cantó, que dijo en 2013 que la mayoría de las denuncias de maltrato machista eran falsas, el discurso sobre las mujeres que llevan a sus exparejas a los tribunales con acusaciones ficticias para beneficiarse en los procesos de separación y divorcio ha amainado, pero ni mucho menos desaparecido.

En ciertos medios de comunicación y en las redes sociales circula el cálculo de que el 80% de las denuncias por violencia de género resultan falsas, y que el objetivo último de éstas es quedarse con el uso del domicilio conyugal, obtener la custodia de los hijos e hijas, y recibir la pensión alimenticia correspondiente.

La cifra no puede ser más falsa. Según los últimos datos del fiscal general del Estado, las denuncias falsas en materia de violencia de género son un 0,010% del total. «Aunque representan un porcentaje ínfimo, hacen muchísimo daño, porque una vez que hay un caso se acude a esa excusa», apunta Marta Fresnillo, abogada y coordinadora del área jurídica de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM). Esto pesa sobre las mujeres que se atreven a acusar a sus maltratadores, porque cae sobre ellas el peso de la sospecha. Y el proceso judicial les lleva a sentirse cuestionadas y a contar decenas de veces sus vivencias.

El cálculo que lleva a la afirmación de que las denuncias falsas llegan al 80% es muy tramposo, como explica este post de Agenda Pública. Lo que hacen es sumar una serie de porcentajes correspondientes a situaciones que nada tienen que ver con acusaciones en falso: sentencias no condenatorias (cerca del 30%), los sobreseimientos que se producen, la retirada de denuncias por parte de las mujeres, la negativa a declarar contra sus parejas en el juicio… y cualquier situación que no termine en condena.

Noticia publicada en eldiario.es el 9 de diciembre de 2014

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http://www.eldiario.es/sociedad/Falsos-mitos-violencia-machista_0_333167556.html

EL DIARIO.ES

Ruz está despedido en diferido y su prórroga es solo en régimen de simulación
El caso Gürtel pasará a la historia por las innumerables presiones, maniobras y componendas del PP contra los jueces
Ruz no quiere seguir como juez de apoyo porque podría poner en riesgo la instrucción y abrir la puerta a la nulidad de la Gürtel

Ignacio Escolar

La Comisión Permanente del Poder Judicial ha consumado el atropello. Ha sacado a concurso la plaza de Pablo Ruz. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha contado con el inestimable respaldo de una vocal nombrada por el PSOE, Mar Cabrejas –el otro vocal socialista votó en contra–, que da su apoyo a una operación que tiene mala pinta y huele aún peor. Lo dicho ayer: cuando al PP le va mal un juicio, no cambia de abogado. Cambia de juez.

¿Podrá quedarse Ruz en la Audiencia Nacional como juez de apoyo del nuevo juez suplente hasta que termine la instrucción? El Poder Judicial así lo insinúa, pero la triste realidad es que esta opción es muy dudosa. Lo más probable es que solo le queden tres meses: hasta marzo, nada más. Parafraseando a una de sus más peligrosas enemigas, María Dolores de Cospedal, Ruz está despedido en diferido y su prórroga es solo en régimen de simulación.

La nota de prensa que ha difundido el Poder Judicial da más detalles sobre la coartada con la que Carlos Lesmes intenta tapar el escándalo democrático que supone sacar del juzgado a Pablo Ruz cuando aún no ha terminado la instrucción del caso Gürtel y de ‘los papeles de Bárcenas’. El Poder Judicial habla de Ruz sin decir su nombre, y asegura que si un juez lleva un caso «de especial relevancia» «podrá solicitar» otra prórroga como juez de refuerzo. Podrá. En mi idioma, eso no significa que se lo vayan a dar, por mucho que el Poder Judicial esté intentando vender esa interesada versión.

Además, el CGPJ añade un matiz que hasta ahora no aparecía en la ecuación, un condicional más: Ruz solo «podrá» pedir esa plaza de apoyo «si llegado ese momento se encontrara próxima a concluir» la instrucción. Es decir, que Ruz solo se podría quedar un ratito más si lo pide, si el Poder Judicial con mayoría conservadora lo autoriza, si al nuevo juez le parece bien y si se compromete a terminar pronto esa incómoda investigación.

Hay varias comisiones rogatorias en paraísos fiscales que aún están por aterrizar. ¿Que llegan nuevas pruebas sobre el caso Bárcenas que retrasan la instrucción porque hay que seguir investigando? Pues no hay prórroga. ¿Que la Comisión Permanente del CGPJ se opone a su continuidad? Pues tampoco. ¿Y si Ruz sortea estos obstáculos y se queda de apoyo? Pues el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional será un misterio como el de la Santísima Trinidad: el titular, Miguel Carmona, el suplente, quien gane ahora el concurso, y el de apoyo, Pablo Ruz. Padre, hijo y espíritu santo. Así el PP podrá elegir cuál de los tres le gusta más.

En el Poder Judicial confían en que Pablo Ruz no va a pedir continuar como juez de apoyo, y es probable que tengan razón. Ruz tenía la intención de solicitar una prórroga para seguir en el juzgado y terminar la instrucción de la Gürtel, pero fuentes cercanas al juez aseguran que no tiene tan claro aguantar como juez de refuerzo. No quiere mantenerse así por responsabilidad y lealtad con su trabajo y sus normas.

Si aceptase continuar en la investigación como juez de refuerzo, considera Ruz, dejaría una puerta abierta a la nulidad procesal y que la Gürtel se cerrase en falso porque esa opción podría violar uno de los preceptos básicos del derecho: el del juez natural. Según el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez de apoyo se debe ocupar del «trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal». Traducido: aunque Ruz se quede de refuerzo en la Audiencia Nacional, no podría continuar con la instrucción de la Gürtel o estaría incumpliendo la ley, por mucho que el CGPJ hoy cuente lo contrario.

Pero si Ruz finalmente pide esa prórroga y fuerza un órdago ante Carlos Lesmes, ¿qué hará la Comisión Permanente del Poder Judicial?, ¿le dará a Ruz esa plaza y autorización para seguir con la Gürtel, a sabiendas de que la ley no lo permite? Está por ver, pero ya es una gran victoria para el PP que el juez que lleva las instrucciones judiciales más delicadas de la democracia esté en situación de completa interinidad, con su plaza en concurso, sometido dentro de tres meses a un examen de buen comportamiento por parte de unos magistrados nombrados por la misma organización a la que está investigando, el Partido Popular.

La precariedad en la que hoy está Ruz, con medio cuerpo fuera del juzgado, no solo es un enorme obstáculo a su trabajo como juez; también una advertencia para el resto de los jueces de qué ocurre cuando te da por registrar la sede de la calle Génova o dejas mal al presidente Rajoy con autos como el que obligó a dimitir a Ana Mato. La cabeza en una pica en la puerta de la Audiencia Nacional fue antes la de Baltasar Garzón. Hoy el trofeo que se exhibe, para escarnio de valientes, es el de Pablo Ruz.

El caso Gürtel no solo pasará a la historia como una de las mayores tramas de corrupción de la historia democrática. También por las innumerables presiones, maniobras y componendas de la política contra los jueces, del poder Ejecutivo contra el Judicial. Del PP contra cualquiera que se atreva a poner en riesgo su poder. Garzón, Pedreira, Monterde, Gómez Bermúdez, Carmona, Ruz. Seis jueces para una sola instrucción que el PP presentó como una «cacería contra el PP» y que se ha acabado convirtiendo en una cacería del PP contra los jueces que osaron investigar.

Artículo publicado en Eldiario.es el 9 de diciembre de 2014

Fotografía: El País

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http://www.eldiario.es/escolar/juez-trofeo-caza_6_333226712.html

EL PAÍS

El 1% más rico se aleja, pero lo relevante es si familias con menos ingresos quedan atrás»
Piketty aboga por un impuesto global al capital

Alejandro Bolaños

«La desigualdad tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico a medio plazo”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha entrado de lleno en uno de los debates más acuciantes en los países industrializados, a los que representa: qué consecuencias traerá uno de los legados más obvios de la crisis, el aumento de la desigualdad en los ingresos, y cómo lidiar con ella. Y lo hace, como suele, con un detallado análisis econométrico de cómo se distribuyó la renta en una veintena de países durante dos décadas (1985-2005) y como afectó eso al crecimiento. Su principal conclusión es que hay que fijarse más en lo que ocurre con las personas con menos ingresos (una categoría que expande hasta el 40% de la población) que en la muy mediática lista Forbes con los más ricos de cada país.

En un informe publicado el lunes por la noche, los expertos de la OCDE calculan que un aumento en el índice de Gini (en el que 0 es una distribución de renta totalmente igualitaria y 1 simboliza la mayor desigualdad) como el registrado por España en la crisis (de 0,31 a 0,34), o como el experimentado por el promedio de los países de la OCDE de los años ochenta a ahora (de 0,29 a 0,32) rebaja el crecimiento económico en 0,35 puntos porcentuales por año. O lo que es lo mismo, una pérdida acumulada del 8,5% en 25 años si no se consigue bajar el nivel de desigualdad en ese periodo.

Uno de los mejores indicadores del aumento de la desigualdad resulta de comparar la renta media del 10% más rico con la del 10% más pobre. Esa diferencia ha crecido en la OCDE (ha pasado de ser 7 veces más a 9,5 veces más), pero sobre todo en España, el país en el que esa brecha más ha aumentado: en 2011, la renta media del 10% de la población con más ingresos era 14 veces mayor que el promedio del 10% con menos recursos, cuando en 2007 eran 8,4 veces.

“El factor más importante para el impacto de la desigualdad en el crecimiento es la diferencia entre los hogares con menos ingresos y el resto de la población. Ese efecto negativo se comprueba en el 10% más pobre, sino hasta en el 40% de la población que está en la parte baja de la distribución de la renta”.

“Aunque el aumento de la desigualdad también se debe a que el 1% más rico se aleja de los demás, lo más relevante para el crecimiento es que las familias con menos ingresos se queden atrás”, prosigue el informe, “Los cambios en la desigualdad por lo que ocurre con el 10% con más ingresos no tienen un impacto significativo en el crecimiento”.

Ante la desigualdad por arriba, la OCDE aconseja medidas que “aseguren que las personas más ricas contribuyen”, no tanto con un aumento general de impuestos, sino sobre todo con una lucha más eficaz contra la evasión fiscal, menos deducciones y reforzando el papel de los “tributos sobre la riqueza y la propiedad, incluyendo la transferencia de activos”.

Los nuevos recursos fiscales deberían aplicarse en facilitar la mejora de las franjas de población con menos ingresos, lo que incluye ya “a la clase media más vulnerable”. Según la OCDE no se trata solo de garantizar subsidios o ayudas sociales, sino de franquear el acceso a servicios públicos, “como una educación de calidad, una buena cobertura sanitaria o formación laboral”.

El análisis de la OCDE revela que “las políticas redistributivas no reducen el crecimiento económico, en el peor de los casos son neutrales”. “Desde luego, eso no quiere decir que todas las políticas redistributivas son igual de buenas para el crecimiento”, añade. Y apuntilla: “Concentrarse exclusivamente en el crecimiento y asumir que sus beneficios se filtrarán automáticamente a los diferentes segmentos de la población puede debilitar ese crecimiento en el largo plazo en la medida que la desigualdad aumente”.

Noticia publicada en El País el 9 de diciembre de 2014

Fotografía: Atlas EFE

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http://economia.elpais.com/economia/2014/12/08/actualidad/1418067378_161589.html

EL PAÍS

La Junta asegura la próxima licitación de 105 obras de depuración y saneamiento

Raúl Limón

Solo el PP y el PA se han quedado fuera del pacto para blindar el agua como servicio público y dejarlo al margen de las normas del mercado. Tras más de un mes de intensa campaña de una treintena de organizaciones, los foros celebrados en Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz) consiguieron el respaldo de socialistas, IU, Podemos y UPyD. Además, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, confirmó durante su participación en el foro la licitación en los próximos meses de 105 actuaciones en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y defensa de avenidas programadas.

La dirección federal de PSOE e IU ya lo habían anunciado en Sevilla y a ellos se sumó la eurodiputada de Podemos Teresa Rodríguez a finales de mes en El Puerto de Santa María. El objetivo de todas las formaciones, salvo PP y PA, es desarrollar una normativa que impida la privatización mediante la concesión de servicios de agua a cambio de un canon (una cantidad que adelantan las empresas a los Ayuntamientos) que pagan los usuarios en sus recibos con creces durante décadas sin que tengan otra opción de suministro.

En la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, la gestión de los servicios de abastecimiento de agua urbana, alcantarillado y depuración la presta el municipio, considerada la entidad que mejor garantiza el acceso ciudadano a un bien esencial, reconocido como derecho humano.

Sin embargo, en Andalucía la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 48% del total de la población. En este sentido, los participantes en el foro reclamaron una ley que prohíba que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos a la gestión del agua.

El Foro del Agua reclama garantías del derecho al suministro
Sobre las obras de depuración, el foro lamentó el descenso en el ritmo de licitaciones y defendió, a instancias de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), la colaboración solo entre entes públicos.

“Es urgente promover un plan en saneamiento y depuración, promover inversiones de 638 millones de euros y crear puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales”, reza una de las conclusiones.

Las ONG y partidos piden que se prohíban los cortes por impagos
El foro también urgió a poner en marcha el observatorio que debe controlar y supervisar la prestación de servicios en todos los ámbitos, incluida la política tarifaria, regulada, general, transparente y participativa

Pobreza hídrica
Otro de los aspectos fundamentales abordado por el foro e incluido en las conclusiones se refiere a la pobreza hídrica, la incapacidad de los ciudadanos para hacer frente a las facturas para asegurarse un mínimo vital de agua y de las suministradoras para garantizarlo, independientemente de la renta. “Hay que apostar por una estrategia global de derecho universal del agua”, determina el foro en línea con la primera Iniciativa Europea Ciudadana, que aportó millones de firmas de todos los países de la UE para que se regule el acceso a este recurso como derecho humano.

El Parlamento de Andalucía ya apoyó por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Aeopas y por la fundación Nueva Cultura del Agua. No obstante, hasta la fecha, no se ha plasmado ninguna medida de protección al ciudadano.

Sí respaldó el foro el anuncio del Ejecutivo andaluz de poner en marcha el decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social, que prevé la aprobación de un plan extraordinario para atender tanto los suministros mínimos vitales (agua y electricidad) como las necesidades urgentes y básicas de personas, familias y colectivos que necesitan una protección especial.

El foro reclamó, además de esta medida, la creación de “un nuevo reglamento de aguas que incluya la prohibición de los cortes y la garantía mínima de entre 60 y 100 litros por persona y día a todos los hogares, incluso en caso de impago, fortalecer las garantías en materia de reclamaciones y apostar por un servicio de atención al ciudadano gratuito».

Noticia publicada en El País el 8 de diciembre de 2014

Fotografía: García Cordero

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/28/andalucia/1417176321_542297.html

EL PAÍS

Espadas advierte que las privatizaciones del PP encarecen y empeoran la gestión

El candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, reiteró ayer el respaldo del PSOE al pacto para blindar el agua como bien público y destacó la negativa del PP a sumarse a él. “El agua, como bien público y recurso natural escaso, necesita de una protección y una reserva especial en su gestión. En los últimos años hemos visto cómo el PP la ha dejado en manos privadas y cómo esto no ha supuesto una mejora del servicio; al contrario, ha encarecido y empeorado la gestión”, afirmó Espadas. El candidato socialista defendió “para el conjunto de Andalucía y para España” el modelo de lo público.

También valoró Espadas la futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad y el Plan para el Trabajo Autónomo de Andalucía, que puso como “ejemplo de las políticas diseñadas para proteger a las personas y afianzar la igualdad de oportunidades”.

Espadas puso como ejemplo la reciente tramitación del anteproyecto Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que dará respuesta “a las necesidades y exigencias de un 10% de la población andaluza, que reclama que sus derechos se conviertan en realidad y que la atención asistencial se convierta en integral con un refuerzo legislativo y ejecutivo”.

“La igualdad de oportunidades y la empleabilidad son las prioridades del Gobierno de Susana Díaz”, afirmó al referirse también a la elaboración del Plan para el Trabajo Autónomo de Andalucía con 2020. En este sentido, destacó tres objetivos claros: el fomento de las empresas de trabajo autónomo, la mejora sociolaboral de sus trabajadores y trabajadoras y la promoción del conocimiento del sector.

Noticia publicada en El País el 8 de diciembre de 2014

Fotografía: García Cordero

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/08/andalucia/1418052163_286196.html

EL PAÍS

La OIT cifra la pérdida de poder adquisitivo en un 17%
España sufre la crisis más desigual

Tomás Gualtieri

La concentración del aumento del desempleo en las rentas más bajas ha convertido a España en el país entre las economías desarrolladas donde más ha aumentado la desigualdad a lo largo de la crisis económica. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este viernes en Madrid, la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población se ha incrementado entre un 40% y un 50%, y ha transformado España en el segundo país más desigual —después de Estados Unidos— en el conjunto que incluye la Unión Europea y el gigante norteamericano.

La agencia de Naciones Unidas se ha basado en datos de 2010 que ya habían sido subrayados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero ha introducido un elemento de novedad al identificar el desempleo como principal causa de la ampliación de la desigualdad. La OIT destaca que la reducción del poder adquisitivo asciende en España a un 17%. El hecho de que la pérdida de empleo —y en menor medida la rebaja de los salarios— se concentra en el 10% más pobre de la población, ha determinado que este grupo sufra el 43% de la disminución de esta capacidad de compra. “Este dato, teniendo en cuenta que la reducción de poder adquisitivo del 10% más adinerado de la población no va más allá del 3% o 4%, es el principal motivo del aumento de la brecha de desigualdad”, explicó ayer Rosalía Álvarez, una de la autoras del informe.

La investigadora de la OIT subrayó además que estas dinámicas no se reprodujeron en países como Portugal, Grecia y Rumanía, donde ocurrió más bien lo contrario: el poder adquisitivo de la parte más acomodada de la población disminuyó más que el de la parte más pobre, y determinó un “efecto aplanamiento” de las rentas que ha reducido la diferencia entre ellas.

Álvarez destacó también la caída del 1,3% de los salarios españoles en 2013, mientras en 2007 crecían un 1,1%. Su peso en la capacidad de compra, además, se ha reducido en 10 puntos (suponía el 70% en 2006 y el 60% en 2013).

Se trata de una tendencia que ha sido más marcada que en otros países desarrollados, donde también se registra una reducción. En cambio, en las economías emergentes el sueldo medio creció y eso está determinando una convergencia de los niveles salariales globales.
El informe evidencia también un crecimiento de la productividad laboral —el valor de bienes y servicios producidos por cada trabajador— entre 1999 y 2013. La diferencia respecto a los salarios ha sido del 10% entre 1999 y 2013 y del 5% entre 2009 y 2013. “Existe margen para subir salarios, tanto como lo permita la productividad”, declaró el director general de la OIT en España, Joaquín Nieto, a la hora de comentar los resultados del informe. Insistió en que las causas de la situación actual son “tanto estructurales como políticas”, y remarcó: “La pregunta no es si deben subir los salarios, sino cuánto deben subir”.

Noticia publicada en El País el 5 de diciembre de 2014

Gráfica: El País

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EL CONFIDENCIAL DIGITAL

Un sondeo interno pronostica que Sevilla será la ciudad donde sufrirá el mayor castigo. Juanma Moreno es menos conocido que Juan Ignacio Zoido, José Luis Sanz y Esperanza Oña

Tres años después de las municipales de 2011, en las que el PP andaluz obtuvo la alcaldía de las ocho capitales de la provincia, el partido se encuentra ahora en un momento más que delicado. Una encuesta interna pronostica la pérdida de esos ayuntamientos y un desplome muy severo de cara a los comicios de mayo.

Según explican a El Confidencial Digitalfuentes del Partido Popular, el sondeo ha sido encargado por la dirección regional del partido, aunque sus resultados son ya conocidos en Génova. De hecho, en la sede nacional del PP, el clima de preocupación es máximo, por lo mal parada que sale la formación en Andalucía a seis meses de las elecciones locales.

No gobernarán ningún gran ayuntamiento
La primera conclusión que se desprende de esa encuesta es que el PP perderá el gobierno en las ocho capitales de provincia de la región. Un pronóstico que echa por tierra todo el trabajo realizado en 2011.

El sondeo desvela, además, que los populares han dilapidado, en tan solo tres años, su hegemonía histórica en capitales en las que llevaban gobernando varias legislaturas seguidas. Por ejemplo:

–Almería: Con gobierno del PP desde 2003 y siempre con Luis Rogelio Rodríguez-Comendador como alcalde.

–Málaga: Gobernada por el PP desde 1995. La capital de la Costa del Sol pasaría, según esta encuesta, a manos del PSOE. Los últimos alcaldes populares de la ciudad han sido Celia Villalobos y Francisco de la Torre.

–Cádiz: Gobernada por Teófila Martínez desde 1995.

–Granada: Con gobierno del PP desde hace dos legislaturas. El mismo alcalde, desde 2003, ha sido José Torres Hurtado.

–Huelva: Gobernada por el Partido Popular desde 1995, con Pedro Rodríguez González durante todos estos años.

Sevilla, la caída más significativa
El éxito electoral de 2011 tuvo su guinda con la obtención de la alcaldía de Sevilla, auténtico feudo socialista en Andalucía. Juan Ignacio Zoido, casi un desconocido a nivel nacional hace tres años, logró la mayoría absoluta en la ciudad con el 48% de los votos, más de 150.000 papeletas con las siglas del Partido Popular.

Ahora, explican las fuentes del PP consultadas, los datos demoscópicos confirman que la caída más pronunciada del partido se producirá, precisamente, en la capital andaluza: “Es posible que bajemos más de 20 puntos con respecto a las elecciones de 2011”.

Esa caída, no obstante, es considerada “comprensible” dentro del partido: “Hace tres años reconocimos que casi la mitad de los votos que recibimos en Sevilla venían del voto de castigo a Zapatero”. “Sabíamos que eso duraría cuatro años” aunque en el PP reconocen que tampoco preveían una caída como la que indica el sondeo.

Los rivales de Moreno son más conocidos
La encuesta que maneja el PP también ha recogido el grado de conocimiento que tienen los electores andaluces del actual presidente del partido en la región, Juan Manuel Moreno, y de otros rostros relevantes de la formación.

Los resultados, según las fuentes consultadas, no deja en buen lugar al actual líder del partido: Moreno Bonilla es menos conocido por los votantes andaluces que Juan Ignacio Zoido, su predecesor en el cargo tras la marcha de Arenas; que José Luis Sanz, el candidato de Cospedal para la presidencia regional del partido; y que Esperanza Oña, ex alcaldesa de Fuengirola.

La edil, además, se postula como uno de los rivales más fuertes dentro del PP para Juanma Moreno si en mayo se confirman los malos resultados que prevén las encuestas.

Actual diputada en el Parlamento andaluz, Oña renunció a la alcaldía de Fuengirola el pasado mes de octubre, forzada por la ley de incompatibilidades aprobada por la Junta. Desde el PP ven en esta apuesta por mantenerse en la cámara una estrategia para intentar recoger apoyos entre los críticos de Moreno y plantarle cara en un futuro próximo.

Noticia publicada en elconfidencialdigital.com el 11 de noviembre de 2014

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http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Desplome-PP-Andalucia-capitales-provincia_0_2382361742.html

EL PAÍS

La Seguridad Social recurre a la ‘hucha de las pensiones’ para pagar la extra de Navidad
El Gobierno se gasta en dos años todos los intereses de la hucha de las pensiones

Manuel V. Gómez

La Seguridad Social ha sacado 8.000 millones de euros del Fondo de Reserva de las pensiones. Ante el déficit persistente del instituto público, el Ministerio de Empleo lleva recurriendo a la hucha de las pensionesdesde 2012 para pagar las pensiones. En cambio, esta es la ocasión que más dinero saca de una sola tacada.

En los últimos tres años, la Seguridad Social ha recurrido al Fondo de Reserva en repetidas ocasiones, que suelen coincidir con las pagas extraordinarias de julio y de diciembre. Sin embargo, hasta ahora no había tenido que usar 8.000 millones de golpe. Por ejemplo, en julio, recurrió a la hucha en dos ocasiones: una, el primer día del mes, cuando sacó 5.500, y otra, el vigesimoprimero, en que apenas tocó 500 millones.

La cantidad utilizada en esta ocasión viene a coincidir casi milimétricamente con el monto total de la nómina mensual, que el mes pasado ascendió a 8.078 millones.

Con esta última operación, el Fondo de Reserva ha quedado menguado hasta los 42.675,98 millones, cantidad equivalente a un 4,07%, según apunta la Seguridad Social en un comunicado.

En él, explica el instituto público que diciembre suele ser un mes de fuertes necesidades financieras, puesto que tiene que hacer frente al pago de la mensualidad normal y a la paga extra de Navidad.

La destrucción de empleo y, en consecuencia, la caída de ingresos de la Seguridad Social ha llevado al instituto público a tener déficit desde 2011. Los números rojos de ese año se pudieron cubrir con el remanente de la Tesorería, pero ya en 2012, el instuto público tuvo que echar mano de lo ahorrado durante la época de crecimiento. En principio, lo que se utilizó fue el dinero acumulado en el Fondo de Prevención, el dinero sobrante de las cotizaciones de accidentes y bajas laborales. Ya a finales de ese ejercicio, el Ministerio de Empleo recurrió al Fondo de Reserva. Y en 2013 tuvo que volver a hacerlo, en concreto el año pasado usó 11.648 millones de euros.

Lo más probable es que el recurso a la hucha de las pensiones continúe en los próximos años. En el presupuesto del año que viene, el Gobierno vuelve a contemplar mayores gastos que ingresos en el sistema de pensiones. Y no será el último. En un informe emitido la semana pasada sobre el índice de revalorización anual de las pensiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pronosticaba que el desequilibrio entre ingresos y gastos, en favor de estos últimos, se mantendría, al menos, hasta 2020.

Noticia publicada en El País el 1 de diciembre de 2014

Fotografía: EFE

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ELDIARIO.ES

La jueza argentina María Servini de Cubría pretende que los servidores del régimen franquista respondan por sus actuaciones delictivas, en el más amplio proceso a la dictadura jamás acometido
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del «derecho de Estado» sobre los derechos humanos
El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo de Naciones Unidas

José L. Mateos Fernandez

El auto de 30 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires en la causa 4591/2010 seguida por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo procede a la imputación de una serie de delitos a un total de 19 personas vinculadas a la Dictadura (ministros, jueces, militares, policías y hasta un médico-ginecólogo) acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos españoles –crímenes que tienen según la legislación internacional el carácter de imprescriptibles– y estando sus responsables sujetos a persecución en respeto del principio de jurisdicción universal. Los delitos de los acusados hielan la sangre de cualquier persona decente…

La jueza María Servini de Cubría, en cumplimiento de la mencionada legislación internacional, pretende que los servidores del régimen franquista respondan de sus actuaciones delictivas. Constituye, sin duda, el más amplio proceso a la dictadura franquista jamás acometido.

El Gobierno español contrae una inmensa responsabilidad ante la ciudadanía de este país, depositaria de derechos democráticos irrenunciables, pero también ante la comunidad internacional. De él depende que el Estado español continúe siendo una anomalía internacional por su indigna protección de los crímenes contra la humanidad. Puede, no obstante, poner fin a sus dilatadas prácticas obstruccionistas y acceder a la petición de la Justicia argentina, ordenar la detención preventiva de los reclamados e iniciar los trámites necesarios para proceder a la extradición.

De la misma forma, puede dar traslado a la Administración de Justicia -como ya hiciera en los casos de González Pacheco y Muñecas Aguilar– para que la Audiencia Nacional resuelva respecto a la concesión o denegación de dicha solicitud de extradición. En caso de no actuar en este sentido, su decisión estará fundamentada en consideraciones de naturaleza política, por encima de cualquier norma jurídica democrática.

¿Qué hará el Gobierno Rajoy? ¿Podemos esperar alguna iniciativa digna de tomar en consideración la defensa y protección de los derechos humanos? La experiencia y el conocimiento que tenemos del Presidente y sus ministros nos permiten anticipar su posición: reafirmación de la vigencia de la Ley 46/77 de Amnistía, espacio jurídico de una supuesta «reconciliación» asentada en el olvido forzado, temores colectivos y pervivencias franquistas, por no mencionar la recurrente e ilegal prescripción de los delitos.

Nada nuevo, siempre en línea con la ausencia de empatía hacia las víctimas, siempre dispuesto a mantener la impunidad de las élites como seña de identidad de su forma de dominación. ¡Impunidad en todo y para todo! En el expolio social y en los derechos humanos… Es la deriva inevitable de un régimen político en descomposición, construido sobre la reforma del franquismo, de escasas virtudes democráticas. El régimen de la Transición, cínicamente laureado, poco puede ofrecer, como no sea la impunidad de hoy heredada de la monstruosa impunidad de ayer. Para este Gobierno, las víctimas del franquismo deben carecer de reconocimiento y en consecuencia, de derechos.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del «derecho de Estado» sobre los derechos humanos. No solo se observa en el asunto de las recientes imputaciones, sino ante las mismas resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o en el Informe del Relator Especial sobre la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo.

Es posible que el Gobierno vuelva a dar la espalda a la legalidad internacional, así como a los compromisos adquiridos por el Estado español a través de diferentes Convenios y Acuerdos. Los recientes imputados lo son por homicidio, torturas, secuestro y robo de bebés…, al fondo, se adivinan las fosas de 114.000 desaparecidos, el incalculable número de bebés robados durante toda la dictadura, las miles de víctimas del trabajo esclavo o el dolor de la deportación y el exilio… La responsabilidad del Estado, de las empresas beneficiarias del trabajo esclavo, de la Iglesia, siguen constituyendo fortalezas de la impunidad. En definitiva, continúan burlándose de la jurisdicción universal.

Celebramos la decisión de la Justicia argentina, su actitud abre una vía esperanzadora, no solo para las víctimas del franquismo, también para todos los pueblos, pues muestra la vigencia de una Justicia universal, una garantía para el respeto a los derechos de las personas y un obstáculo para los aspirantes a genocidas.

En definitiva, para el conjunto del movimiento democrático que se extiende por nuestro país, el fin de las pervivencias franquistas va asociada a la liquidación de otras manifestaciones de impunidad, tan al uso en estos tiempos. La calidad de la democracia –hoy enferma– y la recuperación de nuestros derechos requiere de una Administración de Justicia no sometida a las exigencias del poder ejecutivo, con más razón cuando las mismas resultan inconfesables. No queremos que la herencia franquista se imponga, de nuevo, sobre la Justicia universal. Entendemos que si los derechos humanos se subordinan a otras consideraciones, se compromete la construcción de cualquier proyecto democrático duradero.

Noticia publicada en eldiario.es el 30 de noviembre de 2014

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