HUFFINGTON POST

El que fuera el guardían de las finanzas españolas ahora es el protagonista de la investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que reclame a la Agencia Tributaria información sobre una transferencia de 6 millones de euros que recibió el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en una cuenta radicada en un paraíso fiscal.

En un escrito remitido al magistrado, el fiscal requiere que pida a la banca de inversión Lazard, que asesoró a Bankia en su debut bursátil en 2011, el mismo año en que efectuó a Rato ese pago, toda la documentación sobre el pago, que ascendía a un total de 6.199.308 euros.

Su intención es, según fuentes jurídicas consultadas, comprobar si, tal y como tuvo que reconocer el también expresidente de Caja Madrid durante su declaración como imputado el pasado 16 de octubre ante la pregunta sorpresa del fiscal, correspondió a «un contrato» por su trabajo en Lazard desde el 2008 hasta su marcha en enero de 2010.

El exbanquero justificó que se trataba de «unos derechos sobre acciones que tenían un vencimiento» en 2011.

Y lo cobró, añaden las mismas fuentes, en una cuenta abierta en Suiza, lo cual no constituye delito alguno a menos que no lo hubiera declarado a Hacienda.

Anticorrupción responde así a la solicitud que hizo UPyD para que se imputara a Castellanos un delito de falso testimonio y se incorporaran los correos corporativos que Rato envió desde su cuenta de Lazard en 2009, y también los que cruzó con el presidente de la entidad, Jaime Cstellanos, desde que tomó las riendas de Caja Madrid en enero de 2010 hasta su salida de Bankia en mayo de 2012.

«Las diligencias solicitadas por UPyD resultan desproporcionadas por excesivas a los fines que se persiguen de averiguar la razón de este pago, por otra parte al parecer declarado tanto por Lazard como por Rodrigo Rato», con lo que considera que es suficiente con pedir a Lazard y a Hacienda que lo documenten.

Noticia publicada en el EL HUFFINGTON POST el 28 de noviembre de 2014

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SER

Los inspectores de trabajo progresistas alertan de que el Gobierno se centra en vigilar a parados con prestación

Rafa Bernardo

Crece el malestar entre el cuerpo de élite del ministerio de Empleo, los inspectores de trabajo, por lo que interpretan como una dirección política de sus tareas hacia la vigilancia de parados, mientras se descuidan otras formas más importantes y crecientes de fraude, como la contratación a tiempo parcial que oculta larguísimas jornadas. Lo dice la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo en un informe que se apoya en los datos oficiales para respaldar sus afirmaciones.

Así, con las cifras del Informe anual de la Inspección correspondiente a 2013, la UPIT señala que los más de 500.000 controles de empleo que se hicieron el año pasado sólo han dado con 11.689 casos de personas que compatibilicen prestación y trabajo (una tasa de éxito del 2%). Unas cifras que contrastan con las actuaciones realizadas en materia de tiempo de trabajo: aunque se hicieron muchísimas menos investigaciones (sólo 14.097), se hallaron casos de fraude en el 40% de ellas.

A la luz de estos datos, la UPIT subraya que, pese al énfasis que se pone en controlar a los desempleados, el fraude en este ámbito es mínimo: los casos detectados –destacan- suponen sólo un 0,4% de la media anual de beneficiarios de prestaciones. Tampoco lo recaudado justifica la cantidad de esfuerzos que le dedica la Inspección: “las prestaciones recuperadas en todos los ámbitos sólo suponen como máximo el 2,79% [del total de lo recuperado por la Inspección], quedando constatado una vez más que el fraude principal […] no está en los perceptores de prestaciones”.

Más grave aún, dice la UPIT: este énfasis en la vigilancia a los parados se está realizando “bajo la óptica de la criminalización de los desempleados”, produciendo una “estigmatización de los perceptores de prestaciones”. Por eso, concluyen: “No podemos seguir contemplando cómo se utiliza [la Inspección de Trabajo] para la estigmatización y criminalización de colectivos tan afectados por la crisis como los desempleados o extranjeros, sin que los datos respalden tal tesis”.

Para la UPIT, las cifras muestran hay un “sesgo ideológico” por el que el Gobierno marca el objetivo de controlar a los parados mientras que “desdeña el resto” de formas de fraude, “obviando que el principal fraude al sistema hoy en día se centra sobre todo en la infracotización derivada de los excesos de jornada y en la utilización fraudulenta del contrato a tiempo parcial”.

El informe destaca que este tipo de fraude está aumentando, entre otras cosas, por la reforma laboral de 2012 y la normativa de empleo posterior, que potenció la contratación a tiempo parcial. “A pesar de que el tiempo de trabajo es uno de los problemas que se ha hecho más relevante tras la reforma laboral, incrementándose los contratos a tiempo parcial que enmascaran jornadas completas (incluso en ocasiones 10 o 11 horas de trabajo diario), sólo el 1,13% de las actuaciones se destinan a perseguir este nuevo fraude”.

Por todo ello, el texto de la UPIT pide un cambio en los objetivos que se asignan a la Inspección: “La actuación de la Inspección de Trabajo, en esta situación de precarización de las condiciones de trabajo y vulneración de la regulación laboral, debería haberse centrado en combatir la explotación laboral en todas sus formas, y efectuar actuaciones específicas en materia de contratación a tiempo parcial, excesos de jornada, excesos de horas extraordinarias y verificación del cobro de los salarios debidos”.

Noticia publicada en la ser.com el 28 de noviembre de 2014

Fotografía: EFE

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http://cadenaser.com/ser/2014/11/27/economia/1417111246_478297.html

EL PAÍS

El PSOE sostiene que la justicia probará la financiación ilegal del partido de Rajoy

Anabel Diez

El Gobierno, el PP y el PSOE han trabajado mucho en común en la elaboración de normas para poner cerco a la corrupción. Ello se traducirá en que juntos votarán muchas enmiendas sobre los proyectos de ley que este jueves defendió en el Congreso el presidente Mariano Rajoy. Juntos pero no revueltos. “Pierdan ustedes toda esperanza de que podamos firmar un pacto global con ustedes”, advirtió el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Las conversaciones mantenidas por delegaciones de las dos partes han avanzado mucho, hasta el punto de que se elaboró un listado de medidas acordadas y otro con los desacuerdos. Algunas de las enmiendas del Grupo Popular han sido redactadas por el PSOE, o al menos de manera compartida. Del lado del PP estaban el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, y el secretario general, José Antonio Bermúdez de Castro. Los socialistas enviaron al portavoz, Antonio Hernando, y el diputado José Enrique Serrano, siempre elegido para negociaciones de relevancia.

Esta realidad de acuerdos en contenidos concretos, aunque muchos quedaron fuera, la va a compatibilizar el PSOE con un alejamiento rotundo del Gobierno, convencido de que “el PP se ha financiado ilegalmente”, dijo Sánchez, y así lo demostrarán los tribunales, sostienen en el PSOE. Cualquier acercamiento al PP en este terreno les perjudica notablemente, según señalan las mismas fuentes. “No basta con pedir perdón, hay que asumir responsabilidades”, lanzó el secretario general del PSOE en su primera intervención en el Congreso, para en la réplica preguntar de manera retórica: “¿Quién asume responsabilidades en el PP?”. No pidió la dimisión de Mariano Rajoy, a pesar de reclamar con insistencia responsabilidades, por lo que marca cierta diferencia con su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El anterior líder del PSOE pidió a Rajoy que dimitiera cuando se conocieron los llamados papeles de Bárcenas, en los que aparecían sobresueldos de todos los dirigentes del PP, incluido Rajoy.

No dejó el líder socialista nada en el tintero, aunque las formas no fueron especialmente duras
No dejó el líder socialista nada en el tintero, aunque las formas no fueron especialmente duras. En sus dos turnos de palabra acusó al presidente de “no tener capacidad para abanderar la lucha contra la corrupción” e insistió en marcar diferencias entre la corrupción que pueda haber en el PP y en el PSOE. “Una cosa es la existencia de corruptos en un partido y otra que la corrupción se dé dentro; y en el PP la corrupción es estructural”, sentenció el político socialista.

A la segunda intervención de Sánchez en esta línea, el presidente entró al ataque en su tercera, pero el socialista ya no tenía oportunidad de responder. ¿Quién asume responsabilidades por los ERE de Andalucía?, le devolvió el presidente. En el diario de sesiones quedarán las palabras de Rajoy sobre la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien “no permitiría” a Sánchez tomar ninguna decisión sobre el PSOE de esa comunidad. “Nosotros no tenemos a nuestro tesorero en la cárcel; nosotros no hemos financiado en b nuestra sede, nosotros no hemos cobrado sobresueldos”. Con esta tripleta de argumentos el líder del PSOE justificó que no pactará con el PP. “No son ustedes de fiar”. El ataque fue directamente contra Rajoy, aunque no pidiera su dimisión.

Noticia publicada en El País el 27 de noviembre de 2014

Fotografía: U.Martín

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http://politica.elpais.com/politica/2014/11/27/actualidad/1417081987_608001.html

PUBLICO.ES

Vicente Clavero

El rescate de la banca se ha comido el efecto de los recortes y de las subidas de impuestos sobre el déficit público

Mariano Rajoy ha justificado buena parte de sus impopulares decisiones económicas en la necesidad de poner bajo control el déficit público. Su eslogan preferido, antes y después de convertirse en presidente del Gobierno, ha sido que no se debe gastar lo que no se tiene. Sin embargo, los números revelan que en este aspecto Rajoy tampoco se ha mostrado demasiado fiel a sí mismo.

En los dos ejercicios ya cerrados de la presente legislatura, el Estado español sumó un desfase en sus cuentas de 180.000 millones de euros en números redondos, equivalentes a un 10,3% del PIB en 2012 y al 6,8% en 2013. Para este año están previstos 55.000 millones más y para 2015, del orden de 45.000, siempre que se cumplan los objetivos pactados con Bruselas.
Todo ello significa que, en el mejor de los casos, Rajoy gastará durante su mandato 280.000 millones de euros más de lo ingresado, en flagrante contradicción con sus proclamas de austeridad. José Luís Rodríguez Zapatero, cuya gestión de las cuentas públicas es recurrentemente denostada por el PP, acumuló un déficit de 360.000 millones durante su segunda legislatura (2008-2011).

Un gran lastre
El peor año de Rajoy fue 2012, cuando el desequilibrio presupuestario ascendió a casi 110.000 millones de euros, pese a la puesta en marcha de los recortes en el gasto social y a la subida de impuestos, especialmente el IRPF y el IVA. Los ahorros y los ingresos adicionales obtenidos entonces fueron absorbidos por el rescate de la banca, que impidió un mejor resultado.
En 2013, aliviadas en parte de ese lastre las cuentas públicas, el déficit cayó a poco más de 70.000 millones, lo que no evitó que fuera el segundo más alto de la zona euro en valores absolutos, sólo por detrás de Francia, que rondó los 90.000. En porcentaje del PIB, el único país con un desfase superior al de España (6,8%) fue Grecia (12,2%).

El Gobierno de Rajoy, además, ha tenido que renegociar varias veces con la Comisión Europea los objetivos de déficit público, ante su dificultad para cumplirlos. Saltárselos a la torera no sólo habría llevado consigo la apertura de un procedimiento sancionador contra España, sino la vulneración del artículo 135 de la Constitución que consagró en 2010 el principio de equilibrio presupuestario y cuya reforma está sujeta hoy a debate político.

Noticias publicada por público.es el 26 de noviembre de 2014

Fotografía: EFE

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http://www.publico.es/dinero/558287/rajoy-si-gasta-lo-que-no-tiene-280-000-millones-en-cuatro-anos

PÚBLICO.ES

La hasta ahora ministra de Sanidad ha presentado su renuncia  al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión en el Palacio de la Moncloa

Agencias

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha presentado esta tarde su dimisión tras conversar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, informaron fuentes gubermentales. Mato trasladó al jefe del Ejecutivo que dimitía para no perjudicar al Gobierno, después del auto de la Audiencia Pablo Ruz que sienta en el banquillo a la hasta ahora ministra de Sanidad por lucrarse con la trama Gürtel.

En un comunicado con el membrete de su Ministerio, Mato señala que ha presentado su renuncia porque no quiere que su permanencia en el cargo (como se había apuntado a media tarde por fuentes próximas a la ahora exministra) «pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su Presidente ni tampoco al Partido Popular». En la nota, la hasta ahora responsable de la cartera deSanidad dice que el auto del juez Ruz » en ningún caso me imputa ningún delito ni me atribuye responsabilidad penal alguna», y que «se limita a comunicarme la resolución a efectos meramente civiles como consecuencia de mi situación familiar en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos»

El auto del juez encargado del caso Gürtel considera a Ana Mato partícipe de la trama a título lucrativo por el beneficio que pudo haber obtenido por los hechos delictivos atribuidos a su ex marido Jesús Sepúlveda. Mato no es imputada, sino responsable civil y no le protege el aforamiento. Por los mismos motivos procesa a Gema Matamoros, mujer de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. La actuación de ambas no tiene trascendencia penal, sino que implica una responsabilidad económica civil. El juez detalla en el auto que el entonces marido de Ana Mato recibió un total de 50.331,82 euros como regalos de la caja de B de la trama y en firma de servicios turísticos. De este dinero, Ana Mato, los hijos del matrimonio y el personal doméstico se beneficiaron con 31.580,99 euros , entre viajes, estancias en hotel, fiestas y otros presentes.

Ana Mato dimite después de una gestión al frente de Sanidad continuamente criticada desde todos los ámbitos del sector, tranto por sus planes de privatización como, últimamente, por su papel en la crisis del ébola . La oposición también ha venido reclamando la dimisión al verse salpicada por el caso Gürtel.

Se trata de la segunda dimisión en el Gobierno de Mariano Rajoy, tras la renuncia a finales del pasado septiembnre del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por la retirada de su contrarreforma de la ley del aborto. Ha habido otra baja en el Ejecutivo, la salida el pasado abril de Miguel Arias Cañete, que dejó el Ministerio de Agricultura para ser candidato del PP a las elecciones europeas.

El relevo, no antes del miércoles
La nueva persona que se vaya a colocar al frente del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales tendrá que esperar hasta el próximo miércoles para jurar su cargo por razones de agenda del Rey y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según fuentes del Palacio de la Moncloa. Una vez que Rajoy desvele el nombre del sustituto de Ana Mato, el nuevo ministro tendrá que esperar hasta el miércoles 3 de diciembre para jurar su cargo. El lunes Felipe VI se desplaza a Alemania y el jefe del Ejecutivo estará en París para asistir a una cumbre franco-española.

Hasta ese momento, será la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que asuma las competencias en materia de Sanidad tras la dimisión de la ministra Ana Mato, han indicado las mismas fuentes.

(Habrá ampliación)

Noticia publicada en público.es el 26 de noviembre de 2014

Fotografía: EFE

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http://www.publico.es/politica/558565/ana-mato-dimite-tras-el-auto-del-juez-ruz-que-la-sienta-en-el-banquillo-por-la-gurtel

EL PAÍS

A pesar del uso continuado del término recuperación, los más afectados por la crisis no acaban de percibir grandes mejoras en la situación económica. La recesión pasada —que, medida como caída del PIB, ha sido gravísima— no solo ha destruido rentas, sino que ha enraizado un malestar persistente en la percepción de los ciudadanos.

La zozobra y la desesperación se pueden medir. Seis de cada 10 jóvenes españoles (entre 18 y 30 años) se proponen emigrar a otros países en busca de empleo; tres de cada cuatro considera que las oportunidades laborales son mejores en el extranjero que en España y 7 de cada 10 asumen que vivirán peor que sus padres. Este es el retrato de la juventud española, la más pesimista de Europa junto con la italiana, tal como queda pintado por la encuesta del Instituto para la Sociedad y las Comunicaciones realizada en seis países de Europa. Contraste: en Alemania solo dos de cada 10 se propone trabajar en el extranjero y cuatro de cada 10 pronostica que vivirá peor que sus padres.

No es difícil rastrear las causas de este pesimismo. Los jóvenes tienen una tasa de paro que supera el 40%, un drama laboral que solo tiene parangón en la desdichada tasa de paro en los mayores de 45 años o sin empleo anterior. La tasa de rotación del empleo, agravada por la dualidad del mercado (contratos fijos con plenos derechos frente a contratos por días, o por horas, sin derechos), impide que se renueven las plantillas en buenas condiciones para los asalariados; y la retribución media de los jóvenes que acceden a un infracontrato impide cualquier expectativa de futuro, para los trabajadores y para las empresas.

Quien pretenda ofrecer una recuperación económica de verdad y no un cliché verbal tendrá que romper esta espiral de fatalidad. El Banco de España asegura que ya es hora de que las empresas rentables empiecen a subir los salarios. También es hora de una reforma laboral que acabe con la precariedad; y de que desaparezca el error pertinaz de que la rentabilidad es inversamente proporcional al nivel salarial. Como estos encadenamientos perversos no se rompan pronto, va a haber muchos devorados por la depresión; pero la depresión moral.

Editorial publicada en El País el 26 de noviembre de 2014

Ilustración: Soledad Calés

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http://elpais.com/elpais/2014/11/25/opinion/1416942843_831401.html

DIARIO PROGRESISTA

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre, Iratxe García, ha lamentado que la Unión Europea no cuente con una legislación común que haga frente al maltrato que sufren millones de mujeres europeas, y que en muchos casos acaba costándole la vida, y ha trasladado la determinación y la voluntad de su Grupo para cambiar esta situación.

“La Unión Europea debe ser un ‘espacio libre de violencia de género”, ha declarado la también presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, que ha mostrado su indignación ante la falta de avances en esta materia. “No vamos a aceptar que pongan la excusa de la falta de competencias de los Estados miembros; la ciudadanía no va a entender que los dirigentes europeos se hayan puesto de acuerdo para salvar a los bancos y no sean capaces de acordar medidas para salvarle la vida a las mujeres”, ha subrayado.

Iratxe García ha recordado algunos datos del estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) hecho público este año: más de 9 millones de mujeres europeas han sido víctimas de una violación, un tercio de entre 18 y 74 años (unos 62 millones) ha sufrido algún tipo de abuso físico y sólo una de cada tres denuncia las agresiones. La percepción de que la violencia de género es un problema muy o bastante extendido es compartida por el 78% de las europeas.

“La UE no puede mirar para otro lado cuando se está vulnerando de esta forma tan desgarradora los derechos fundamentales de un porcentaje tan alto de su población; millones de mujeres que sufren por el único motivo de ser mujer”, ha manifestado Iratxe García Pérez, que se ha comprometido, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad, a exigir a la nueva Comisión Europea que ponga en marcha los mecanismos necesarios para aprobar una directiva europea a favor de la seguridad de las mujeres.

Además, Iratxe García ha puesto el acento en la necesidad de seguir trabajando en la concienciación y, en este sentido, ha anunciado que los socialistas propondrán que 2016 sea declarado Año Europeo contra la Violencia de Género, “porque la toma de conciencia de la ciudadanía es fundamental, pero también la de las instituciones comunitarias, que deben alcanzar un mayor compromiso con la sociedad a la que representan”.

Por último, Iratxe García ha alertado del grave retroceso que está sufriendo España, que hace 10 años se convirtió en “referente europeo” con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y hoy, con el Gobierno del PP, está volviendo a la casilla de salida. “Hace una década, los eurodiputados y eurodiputadas se acercaban a los socialistas españoles para felicitarnos y mostrarnos su envidia sana por un gobierno comprometido con las mujeres, con sus derechos, con su seguridad y su libertad; esos mismos miran hoy a España con tristeza y decepción”, ha lamentado la eurodiputada.

Noticia publicada en diarioprogresista.com el 25 de noviembre de 2014

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http://www.diarioprogresista.es/los-socialistas-daran-la-batalla-para-que-la-ue-apruebe-una-58258.htm

PÚBLICO.ES

El PSOE advierte de que hay menos denuncias, 6,6 millones de euros menos presupuestados, más renuncias a seguir el procedimiento judicial, menos órdenes de protección y menos dispositivos telemáticos

Manuel Sánchez

PÚBLICO.ES

Alejandro López de Miguel

Sólo CiU apoya la proposición no de ley de los conservadores, con la que pretenden presionar a Bruselas para que ultime el polémico acuerdo

El Partido Popular se ha quedado a solas con CiU este martes, a la hora de defender una proposición no de ley para que el Gobierno presione a Bruselas para que acelere las negociaciones del polémico Tratado de Libre Comercio con EEUU.

El resto de grupos parlamentarios ha anunciado que votará en contra de la proposición no de ley presentada por los conservadores, que han alabado frente al Pleno del Congreso las virtudes del TTIP, rechazando las críticas a la opacidad con la que se negocia el acuerdo.

Tardá: «El TTIP va a poner en jaque la protección del medio ambiente y las políticas que protegen a los consumidores»
De hecho, incluso el Partido Socialista ha querido desmarcarse de la línea de acción del PP, y ha anunciado que no apoyará su iniciativa. Esto no significa que retiren su apoyo al acuerdo que durante años han impulsado junto a liberales y conservadores en el Europarlamento, pero el rechazo a la proposición no de ley y al mecanismo de protección de inversiones que incorpora el acuerdo (ISDS), que apoyaban públicamente hasta hace una semana, marca un distanciamiento con la línea de acción del PP en lo que al acuerdo transatlántico se refiere.

El PP volverá a pasar el rodillo de su mayoría absoluta este mismo martes, para aprobar con el apoyo de CiU una medida que ha contado con las críticas del resto de grupos de la cámara. UPyD, que sí muestra su respaldo al tratado, asegura que no debe verse como «un cheque en blanco», y anticipa que tampoco apoyará la proposición no de ley del partido que gobierna.

Los otros grupos, por contra, se han mostrado muy críticos con la propuesta del PP y con el acuerdo, criticando la opacidad de las reuniones, o la cláusula de protección de inversiones ISDS, que permitirá a las empresas inversoras denunciar a los estados si aplican cambios regulatorios que a juicio de las multinacionales puedan perjudicar a sus inversiones.

Mientras Rosana Pérez (Grupo Mixto) criticaba que los eurodiputados tienen «limitado, por no decir vetado, el acceso a la información sobre el acuerdo», su compañero de grupo, Joan Tardá, aseguraba que estas «negociaciones clandestinas» permitirán instaurar un tratado que «va a poner en jaque la protección del medio ambiente y las políticas que protegen a los consumidores». El diputado de ERC ha criticado la decisión del PP de no incluir las enmiendas que propuso su grupo, y que incluían la exigencia de convocar un referéndum sobre el acuerdo, que considera «un tratado al servicio del capitalismo más perverso».

Precisamente, en mayo de este año IU pidió al Congreso la celebración de un referéndum, aunque la mayoría absoluta del PP dio al traste con esta iniciativa. Este martes, José Luis Centella se ha reafirmado en la posición de la Izquierda Plural, denunciando que los más perjudicados por el acuerdo serán los países del sur de Europa, y asegurando que el tratado servirá para «armonizar a la baja, para regular a la baja».

El diputado del PP Pablo Casado ha echado mano de las previsiones más optimistas de los estudios encargados por Bruselas sobre el tratado para asegurar que la UE «no puede permitirse perder este tren», y que el acuerdo permitirá crear «140.000 empleos en España», aunque hasta la fecha no existen estudios de impacto del TTIP en nuestro país.

Este es otro de los puntos de divergencia entre PP y PSOE. En un encuentro celebrado hace dos semanas en la sede de la Comisión Europea en Madrid, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero abogó por efectuar un estudio de impacto sobre el TTIP, y aseguró por vez primera que el PSOE no apoyará la cláusula de protección de inversiones que permitirá a las multinacionales demandar a estados ante tribunales arbitrales, y no ante las justicias nacionales. Esta es una de las aristas del acuerdo más criticadas por parte de ONGs y fuerzas políticas como Podemos o Equo, que ven el tratado como un arma de las multinacionales contra los estados. Mientras la Comisión asegura que impulsará la transparencia, sin especificar medidas concretas, varias organizaciones sociales alertan de los peligros medioambientales o laborales del TTIP.

En su intervención de hoy, Casado ha reforzado uno de sus argumentos, al defender que en EEUU la energía cuesta menos porque se permite el fracking. Este es otro de los mayores temores de los más críticos con el TTIP: que el tratado abra la puerta a prácticas contaminantes y peligrosas que hasta ahora estaban prohibidas en la UE.

Noticia publicada en público.es el 25 de noviembre de 2014

Fotografía: EFE

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http://www.publico.es/politica/558320/el-psoe-planta-al-pp-en-su-propuesta-para-acelerar-el-tratado-de-libre-comercio-con-estados-unidos

EL PAÍS

La oposición rechaza legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes
Interior cambiará la ley para facilitar la devolución en caliente de inmigrantes

Todos los grupos de la oposición que han intervenido este martes en el debate sobre las enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana han trasladado al PP su rechazo a la legalización que plantea de la devolución de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla porque consideran que es contrario a «todo el ordenamiento jurídico», tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado por 23 votos a favor y 17 en contra el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge la reforma de la Ley de Extranjería para introducir la figura del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, según informa Europa Press.

Este ha sido precisamente el punto en que más hincapié ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Sánchez Amor, quien ha denunciado que «modificar nada menos que la Ley de Extranjería mediante una enmienda del grupo parlamentario de la mayoría, lo que hace es saltarse el control de los órganos preceptivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

Su formación pide que se retrase la aprobación del informe de la ponencia que elevará al pleno el redactado definitivo del proyecto de Ley, incluida la disposición adicional incorporada por el PP para legalizar el «rechazo en frontera» de los inmigrantes que salten la valla «en grupo», hasta «poder tener un informe del CGPJ» al respecto. De lo contrario, el PSOE amenaza con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, aseguró a los medios el portavoz para temas de Interior, Antonio Trevín.

Para CiU, la necesidad de cambiar esta previsión «es una cuestión de sentido común». «Entiendo que una persona en el momento que está en un territorio soberano de un Estado democrático es titular de ciertos derechos. Hasta ahí, sin ser jurista, lo entiendo», ha dicho el portavoz del grupo catalán, Feliu Guillaumes, para incidir en que «esto incluye el derecho a pedir asilo y a interponer un recurso»

«Entendemos que es algo de sentido común y de una manera incomprensible, se incorpora esta legalización de la devolución en caliente que viola los derechos de los que ya son titulares estas personas. Por puro sentido común, esto tiene que cambiarse», ha destacado.

Desde UPyD, Toni Cantó ha recordado que «tanto Amnistía Internacional como el ACNUR, dependiente de Naciones Unidas, han señalado que esta enmienda contravendría las obligaciones internacionales de España en relación a la Convención de Ginebra al suponer un grave obstáculo para el asilo», así como puede contravenir «la prohibición expresa de las expulsiones colectivas» del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros. «No vamos a votar el texto en el estado en que se encuentra actualmente», ha sentenciado.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha incidido también en la posible vulneración del protocolo 4 del citado convenio, y Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, ha recordado además que 118 organizaciones han presentado en el Congreso un documento instando a los diputados a rechazar esta enmienda del PP, que a su juicio, «es el colofón de una ley que se ha tramitado de forma chafardera y presurosa» que este grupo va a votar en contra.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se ha extendido más en su argumentario para explicar que aunque a las devoluciones en caliente «se les aplique una denominación eufemística, siguen poseyendo los mismos déficits de legalidad» ya que modifica «el concepto de no devolución sin garantías judiciales» que prevé la misma Ley de Extranjería e incurre en «en un delito penal de deportación ilegal» recogido en el Código Penal.

«En tanto la deportación ilegal es un delito previsto en los artículos 108 y siguentes del Código Penal, vamos a refutar y criticar con intensidad la incorporación de esta posibilidad que vulnera la Ley de Extranjería y también aspectos del derecho comunitario, como el Código de Fronteras Schengen, la directiva de asilo, la de retorno y otras que podríamos exponer, amén de otros tratados internacionales suscritos por el Estado», ha señalado.

Por último, Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha denunciado que «meter esta reforma como se ha metido, colándolo por detrás, dice mucho de las intenciones» del Gobierno. «Todos lo definimos como una entrega en caliente que pretende legalizar algo que es completamente ilegal y que vulnera todos los elementos del ordenamiento jurídico, tanto propio como internacional», ha añadido.

En declaraciones a los medios al término de la comisión, el portavoz del Grupo Popular, Conrado Escobar, ha explicado que la enmienda está «concienzuda y milimétricamente redactada y responde a todas las exigencias legales tanto desde la perspectiva del derecho europeo como de derechoshumanos».

En este sentido, ha argumentado que establece dos condiciones para su aplicación, que el intento de entrada se produzca ilegalmente» y que «concurra el intento de entrada en grupo, lo que supone que existe una organización previa para intentar rebasar las fronteras».

«Se garantiza y refuerza el cumplimiento de los compromisos con la UE y con el espacio Schengen, se atiende a razones humanas y se acota la labor de la Guardia Civil, ofreciendo mejor cobertura a su función», ha asegurado.

Noticia publicada en El País el 25 de noviembre de 2014

Fotografía: Luca Piergiovanni (EFE)

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http://politica.elpais.com/politica/2014/11/25/actualidad/1416919867_882252.html