EL PAÍS

Abel Díez

Compresión con lo que tuvo que hacer el presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero hace tres años; satisfacción por revisar esa decisión, y rechazo a aceptar que en agosto de 2011 el PSOE “traicionó a la clase trabajadora” por reformar el artículo 135 de la Constitución. Estas fueron algunas de las posiciones que este martes se plantearon en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, celebrada a puerta cerrada, en la que hubo un intenso debate sobre el devenir de esa reforma constitucional.

Una parte importante de diputados socialistas mostró incomodidad por tener que actuar “al rebufo” de una iniciativa de Izquierda Plural, con algunos de cuyos postulados no están de acuerdo. Los socialistas presentarán la suya propia en enero para que sea debatida al comienzo del siguiente periodo de sesiones.

Nada determinante se votó este martes, ya que solo se tomó en consideración la proposición de ley de Izquierda Plural y del Grupo Mixto que ahora será sometida a enmiendas. La decisión política, no obstante, fue la de apoyarla como hizo el resto de los grupos de oposición, aunque no coincidan con el fondo.

Las posiciones de no fueron unánimes respecto a “cómo escribir la historia” de lo que ocurrió en 2011 y de la actual decisión del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de hacer el gesto político de votar la revisión del cambio constitucional que impulsó el Gobierno socialista. “Fue un error”, visto “con perspectiva”, reconoció Pedro Sánchez. El diputado Manuel de la Rocha, que hace tres años votó en contra junto a Juan Antonio Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias, los tres de Izquierda Socialista, calificó esta actitud de “valiente”. De la Rocha sostuvo que nunca debía haberse hecho, igual que el diputado guipuzcoano Odón Elorza, que mantiene desde hace tiempo la defensa de la rectificación.

La línea oficial de Pedro Sánchez la defendió Antonio Pradas, titular de Política Federal del PSOE
Los matices en la reunión vinieron de la mano del exministro de Trabajo Valeriano Gómez, del expresidente del PSOE Manuel Chaves y de los portavoces actuales de Hacienda y Empleo, Pedro Saura y Rafael Simancas. La línea oficial de Pedro Sánchez la defendió Antonio Pradas, titular de Política Federal del PSOE, que por la tarde marcó la posición de los socialistas en el pleno.

Entre las consideraciones de Odón Elorza y de De la Rocha, más matizadas las de este último, y las de los anteriores hay grandes diferencias. “No podemos admitir el relato de los adversarios, sobre todo IU y Podemos, según el cual con ese cambio traicionamos a la clase trabajadora y a la historia del PSOE en la defensa de los más desfavorecidos”, defendió Rafael Simancas, según asistentes a esa reunión. “Teníamos pocas opciones en ese 2011 con la espada de Damocles del rescate”, añadió este diputado, que votó ese cambio, lo mismo que Manuel Chaves y Valeriano Gómez. Estos consideraron más adecuado una abstención a un sí en la iniciativa de IU llevada al Congreso, pero no tuvieron éxito.

La intervención de Pedro Saura fue para remachar que el PSOE “es un partido de Gobierno” que siempre respetará el pacto de estabilidad y nunca caerá en la tentación de seguir a otros grupos, “como IU o Podemos”, que cuestionan el pago de la deuda. Rectificar sí, pero en la línea que ha dicho Pedro Sánchez, para “complementar” el artículo 135 con la inclusión de un suelo social que garantice los servicios sociales al recogerlos como derechos constitucionales.

Noticias publicada en El País el 25 de noviembre de 2014

Fotografía: Kiko Huesca (EFE)

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ELDIARIO.ES

El 60% son garantías otorgadas por el Estado que no se han ejecutado y no han supuesto quebranto alguno
Las recapitalizaciones y los rescates de activos deteriorados son las partidas más difíciles de recuperar y superan los 88.000 millones
El sector ha recibido el 92% de las ayudas estatales otorgadas por España entre 2007 y 2012

Antonio M. Vélez

España ha comprometido un total de 371.358 millones en ayudas de Estado (recapitalizaciones, rescate de activos deteriorados, garantías y otras medidas de liquidez) para el sector financiero entre los años 2008 y 2012, según el último Informe Anual de ayudas públicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La cifra, que equivale al 36,3% del PIB español a precios corrientes del año 2013, añade confusión a la ensalada de estimaciones sobre cuánto ha destinado España al rescate de la banca.

La clave está en que los datos de la CNMC, basados en la metodología de la Comisión Europea, incluyen las garantías otorgadas a las entidades en forma de avales que no se han ejecutado y que, en buena medida, ya han vencido, por lo que no han supuesto quebranto alguno para el contribuyente, tal y como destaca un portavoz del Ministerio de Economía. Esta partida es la más importante, al representar más del 60% de esos 371.000 millones de ayudas públicas (225.650 millones).

El resto se reparte en otros tres conceptos: los dos primeros, recapitalizaciones (59.743 millones) y rescates de activos deteriorados (28.395 millones, que incluyen los denominados esquemas de protección de activos), suman más de 88.000 millones y son las partidas más difíciles de recuperar; el saldo entre lo que ha puesto el Estado y lo que finalmente pierda el contribuyente no se conocerá hasta la privatización de las entidades nacionalizadas y, muy especialmente, de Bankia. El resto, otros 57.570 millones, corresponde a otras medidas de liquidez.

De 2.331 millones a más de 141.000

Esa suma agregada de más de 371.000 millones significa que, de acuerdo con la metodología de Bruselas, el 92,4% de las ayudas de Estado que ha otorgado España desde el año 2007 se las ha comido la banca. El resto corresponde a ayudas regulares (29.524 millones de euros), en las que están excluidas las del transporte ferroviario, y a las concedidas al amparo de un marco temporal aprobado por la Comisión Europea para el periodo 2009-2012 (728 millones).

El importe de ayudas concedidas al sector financiero ha ido creciendo de manera dramática desde el año 2008: de los 2.331 millones de liquidez de ese año se pasó a 56.744 millones de ayudas totales en 2009, 87.145 millones en 2010, 83.743 millones en 2011 y 141.395 millones en 2012, un 68,8% más que en 2011.

La cifra de 2012, además de 71.969 millones en activos garantizados que no han conllevado pérdidas al Estado, incluye 40.418 millones en recapitalizaciones (más que ningún otro año, por el rescate de Bankia), 25.533 millones en el rescate de activos deteriorados y otros 3.475 millones en medidas de liquidez.

En su informe, Competencia remarca que «estos datos de la ayuda financiera calculada de acuerdo con esta metodología no representan ni ofrecen información sobre el coste definitivo para las finanzas públicas de la asistencia al sector financiero».

La estimación de la CNMC es muy superior a lo que el Banco de España considera como dinero público inyectado a la banca. En junio pasado, el organismo supervisor evaluó que «los fondos públicos aportados como ayudas financieras en diversas formas de capital en los procesos de restructuración del sistema bancario español han alcanzado desde 2009 un importe de 61.495 millones, de los que se han recuperado, hasta la fecha, 1.760 millones».

Respecto a los avales otorgados por el Estado a las entidades, por un importe total de 103.436 millones de euros, «ha continuado su proceso de cancelación y a 30 de abril de 2014 se habían devuelto avales por 71.350 millones, el 69% de los concedidos, tras los vencimientos de las correspondientes emisiones», destacó el supervisor.

El organismo subrayó que «no es previsible que se produzca ninguna pérdida derivada de estos avales para el Estado», que, recordó, «percibe por los mismos ingresos vía comisiones».

Noticia publicada en diario.es el 24 de noviembre de 2014

Fotografía: EFE

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EL PAÍS

Fomento sanciona al Banco Popular y al Sabadell por no facilitar información

Luis Barbero / Ginés Donaire

La Junta de Andalucía ha impuesto una sanción de 5,8 millones de euros al Banco Popular y otra de 120.000 euros al Banco Sabadell por incumplir la obligación legal de facilitar a los registros municipales el listado de viviendas protegidas que tienen en la comunidad. Esta es la segunda ocasión que la Consejería de Fomento multa a entidades financieras por vulneración de la ley de Función Social de la Vivienda, más conocida como ley antidesahucios.

La primera multa la puso el mes pasado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el banco malo, a la que sancionó con 120.000 euros.

Además, el departamento que dirige Elena Cortés (Izquierda Unida) mantiene abiertos otros seis expedientes sancionadores a entidades financieras por negarse también a facilitar a los registros municipales las viviendas protegidas que poseen en Andalucía. Entre otras instituciones bancarias, se encuentran el BBVA, el Banco Santander o Servihabitat (de La Caixa). También tiene abierto otro expediente a la Sareb que suma 11,7 millones por el mismo motivo.

Díaz pide a Rajoy que retire el recurso contra la ley antidesahucios
La ley andaluza contempla una sanción de hasta 60.000 euros por cada vivienda protegida que los bancos posean en la comunidad y que no se ponga a disposición de los ayuntamientos para facilitar su venta o alquiler. La normativa considera una infracción muy grave el hecho de que no se comunique esta circunstancia. “Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria a una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las viviendas protegidas no pueden servir a fines especulativos”, ha afirmado este lunes Cortés en un comunicado de Fomento.

La ley antidesahucios es uno de los símbolos del Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida en la actual legislatura. La norma, que fue analizada por la Unión Europea para conocer su impacto en el mercado inmobiliario, se encuentra paralizada parcialmente por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno de Mariano Rajoy presentase un recurso contra algunos preceptos.

En concreto, el alto tribunal mantiene la suspensión sobre dos aspectos que contemplaba la normativa autonómica: la expropiación del uso temporal de la vivienda a las entidades financieras (un máximo de tres años) cuando el desalojo afectase a familias en situación de exclusión social y la posibilidad de imponer multas a los bancos que no pusiesen en alquiler los inmuebles de los que son propietarios en Andalucía.

Precisamente, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este lunes al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire “cuanto antes” este recurso ante un “drama de magnitud”, como el de los desahucios, que afecta a miles de familias.

En una comparecencia en Castellar (Jaén), donde inauguró un colegio público, Díaz ha señalado que las entidades multadas “han incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes”. “La ley está para cumplirla y los bancos tienen la obligación de cumplirla poniendo a disposición la información que solicita el Gobierno andaluz, y aquellos que no lo hagan, lógicamente aplicaremos la ley”, ha subrayado la presidenta andaluza.

Respaldo de Díaz

GINÉS DONAIRE
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire “cuanto antes” el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional a la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, y ello, ha añadido, ante “un drama de magnitud” por los desahucios que afectan a miles de familias. En una comparecencia en Castellar (Jaén), donde ha inaugurado un colegio público, Díaz ha respaldado la sanción de 5,82 millones interpuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda al Banco Popular y de 120.000 euros al Banco Sabadell por incumplimiento de la función social de sus viviendas en la comunidad. Ambas entidades, ha dicho Díaz, “han incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes”.
Para la presidenta de la Junta, “la ley está para cumplirla y los bancos tienen la obligación de cumplirla poniendo a disposición la información que solicita el Gobierno andaluz, y aquellos que no lo hagan, lógicamente aplicaremos la ley”. En su opinión, existe un “drama humano que está afectando a miles de familias y espero que Mariano Rajoy retire cuanto antes ese recurso y permita a mi Gobierno, disponer en estos momentos de todos los recursos que tenemos para hacer frente”.

Noticia publicada en El País el 24 de noviembre de 2014

Fotografía: Jose Manuel Pedrosa

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EL PAÍS

La sala de lo penal ha confirmado la fianza de tres millones que el juez Fernando Andreu impuso al expresidente de Bankia
La exjefa de la Fundación Caja Madrid logró un crédito opaco de 4,5 millones

EFE

La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de 3 millones de euros que impuso el juez Fernando Andreu al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por considerarle responsable de la emisión de las tarjetas opacas de Caja Madrid, situadas al margen de «cualquier atisbo de legalidad». En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal desestima así el recurso que el exbanquero interpuso contra su fianza, que Andreu le fijó el pasado 16 de octubre por «consentir, propiciar y aceptar» el sistema de tarjetas opacas con las que 83 exconsejeros y exdirectivos cargaron más de 15 millones entre 1999 y 2012.

Rato se opuso alegando su derecho a ser tratado como inocente al adelantar un juicio inculpatorio y mantenía que no eran ciertas las conclusiones a las que llegó Andreu por no haberse «investigado absolutamente nada» sobre el origen de la emisión y entrega de las visas.

Sin embargo, para la Audiencia, las diligencias que ha practicado hasta ahora ponen de relieve que se trataba de tarjetas de crédito «emitidas al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, acuerdo o decisión adoptada por algún órgano que soporte la existencia y la operativa de las mismas».

Y la emisión de las mismas «era responsabilidad» de Rato, que además de presidente de Caja Madrid, primero, y de Bankia, después, fue beneficiario de una de ellas cuando disponía de otra para gastos de representación que sí fueron aprobadas por el Consejo de Administración.

Ello sitúa el uso de las tarjetas opacas «al margen de cualquier atisbo de legalidad y, lo que es más importante, de espaldas a cualquier tipo de fiscalización que pudiera acreditar su adecuada utilización».

Si los plásticos hubieran formado parte de su retribución, tal y como defendió Rato en su declaración ante el juez, «deberían haber sido contabilizadas como tales» sobre la base de un acuerdo previo de los órganos directivos, «lo que no ha sido así», subraya la sala.

En este sentido, señala la importancia de que los gastos se cargaran en dos cuentas «claramente inapropiadas», que incluían «regularizaciones por fraudes, negligencias, errores internos, deficiencias de los sistemas y reclamaciones de la oficina del cliente», unos conceptos que «poco o nada tienen que ver con un complemento retributivo». Asimismo, le recrimina que dijera al instructor que no se le hubiera advertido de que esta práctica podía vulnerar la Ley de Cajas. «Tal ignorancia en una persona que ostentaba el cargo de presidente del Consejo de Administración resulta inexcusable», señalan los magistrados antes de insistir en que precisamente por su condición no podía desconocer el reflejo que tenían en la contabilidad de la caja ni que se omitieran en su nómina.

Por ello, le recuerdan que «el principio de confianza no excluye el necesario deber de vigilancia de los miembros del Consejo», que deben evitar que se «distraigan fondos de la sociedad», y «si el asunto atañe a las propias retribuciones», la «inaceptable excusa» del desconocimiento «decae todavía con más fundamento». Así, la Audiencia cree que «la voluntad real» era la «ocultación de esos gastos a los organismos auditores y reguladores». Dado que no se prevé un cierre próximo de la investigación, unido a los «sólidos indicios de la comisión de un delito de administración desleal», la elevada responsabilidad civil que se le pueda llegar a imponer y el gran número de perjudicados existentes (accionistas, acreedores o meros clientes), hacen que la decisión de Andreu sea «plenamente ajustada a derecho», concluye.

Noticia publicada en El País el 24 de noviembre de 2014

Fotografía: Reuter

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ELDIARIO.ES

Asociaciones como el Foro de Madrid llaman a manifestarse bajo el lema Ninguna mujer sin protección, ningún maltratador sin castigo
El grupo universitario Feminismos Complutense subraya la necesidad de «visibilizar que los asesinatos machistas no son la única forma de violencia, sólo el resultado final»
Además, el Movimiento Feminista de Madrid entrega 4.000 firmas en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad parapedir la dimisión de Ana Mato.
Mercedes Domenech

«Cuando el esposo vuelve a su casa, por fin es el amo». La frase pertenece a El libro de la joven, publicado en 1966, aunque resume a la perfección el ‘romanticismo patriarcal’ y el afán de poder y de dominación en el que se desenvuelven los maltratadores. La mayoría no son enfermos ni irresponsables de sus actos. «No están mal psicológicamente, es que son asesinos», mantiene Lourdes Hernández Ossorno, presidenta del Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres.

En su lucha por seguir rompiendo el muro del silencio, el Foro convoca una manifestación el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. La cabecera saldrá a las 19.30 horas desde la plaza de Ópera y llegará en torno a las 20.30 horas a su destino, la Puerta del Sol. La lectura del manifiesto corre a cargo de la actriz Natalia Dicenta y de las filósofas Luisa Posada y Alicia Mirayes. Mujeres cubiertas por las máscaras representarán a las asesinadas por la violencia machista, 45 en este 2014.

Ninguna mujer sin protección, ningún maltratador sin castigo es el lema de este año, aunque la reivindicación sigue siendo la misma desde 1997, cuando Ana Orantes fue calcinada en el patio de su casa, en Granada, por su exmarido. Dos semanas antes de ser asesinada, Ana denunció el Canal Sur TV sus 40 años de maltrato: «La cuestión era pegarme. A veces me sentaba en una silla y me daba con un palo, hasta que yo tenía que darle la razón porque no podía más».

Ella puso rostro y voz a las víctimas de la violencia de género. Su asesinato heló al país y supuso una sacudida a las consciencias de todos aquellos agentes sociales, instituciones y gobiernos que debieron haber garantizado su protección. Ese trágico momento fue un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra social. Fue entonces cuando se comenzaron a poner los mimbres de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 28 diciembre, primera medida aprobada por el Gobierno de Zapatero, que este mes cumple diez años.

«La ley no es mala. La ley no se quita, se dota», sostiene Hernández Ossorno, quien denuncia que la profunda crisis y los constantes recortes han provocado que muchas mujeres no denuncien «porque no tienen ni para comer». Desde la Comisión 25N insisten: «Este repunte de violencia es el resultado de la violencia estructural: de sus políticas reaccionarias, de sus recortes presupuestarios en prevención y sanidad». En esta línea, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE alerta del fuerte descenso en el número de denuncias, ya de por sí escaso. «Para que las víctimas denuncien hay que insistir en la educación en igualdad y en que las mujeres conozcan las medidas sociales que las protejerán una vez que lo hagan», así opinaba Blanca Tapia, portavoz de la FRA, en eldiario.es.

Desde el ámbito universitario, el grupo de la UCM Feminismos Complutense también se muestra especialmente crítico con las instituciones, que «no sólo no ofrecen soluciones a las víctimas sino que habitualmente contribuyen a su estigmatización». Además, subraya la necesidad de «visibilizar que los asesinatos machistas no son la única forma de violencia, sólo el resultado final». Mañana realizará un pasacampus y una clase de defensa personal callejera para contribuir a poner el foco en este asunto.

Por su parte, los 24 colectivos firmantes del Manifiesto Comisión 25N apoyan la campaña de la comisión de Violencia del Movimiento Feminista de Madrid que se desarrolla en las redes sociales bajo el hashtag #AlMAchistaLeDigo con el fin de lanzar mensajes que «rompan el velo de complicidad y tolerancia social a los machistas», según indica Ulrike, integrante de la Comisión.

4.000 firmas entregará mañana el Movimiento Feminista de Madrid en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: piden la dimisión de Ana Mato. Además, a las 18.30h, en la plaza de Ópera, Feminismos Sol realizará una encuesta teatralizada sobre violencia para denunciar las agresiones sexuales.

A ello se suman todas las acciones de las Marchas por la Dignidad -esta «semana de lucha» pretenden movilizar a cinco millones de personas en todo el país-, que giran mañana en torno al derecho de las mujeres a tener una vida digna. El 29N, cuando llegan a Madrid, se sumará a su protesta un cortejo feminista.

Cualquiera puede ser víctima de una maltratador. Cualquiera. Por ello, como sostiene Marcela Lagarde, «Pensemos juntas, juntos, qué país requerimos para erradicar la violencia de género en la casa y en la calle, para erradicar la violencia feminicida y el feminicidio que nos abofetean día con día desde hace años».

Noticia publicada en eldiario.es

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EL PAÍS

Anabel Sánchez

Una votación se anula con otra. Esto es lo que va a intentar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el artículo 135 de la Constitución, que modificó —con el apoyo del PP— el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y que Sánchez cambiará cuando los votos se lo permitan. “Estoy dispuesto a reconocer y corregir algún error que cometimos en el pasado más reciente. Me refiero a la reforma del artículo 135 de la Constitución”, dijo anoche en un acto organizado por la Fundación Julián Besteiro. Su objetivo es “blindar las políticas de bienestar dentro de la Constitución” y para ello, aunque se compromete con la estabilidad presupuestaria a la que obliga la UE, quiere compensarla con el blindaje del Estado de bienestar, dentro de la propia Constitución.

Pedro Sánchez votó y defendió la reforma de 2011, de manera que asume que él participó en “el error”. La oportunidad de rectificar en el Congreso y someter a votación la supresión o modificación de ese artículo la han brindado Izquierda Plural y el Grupo Mixto, que este martes defenderán una proposición de ley contra esa reforma inesperada de la Constitución que se produjo en agosto de 2011 tras una negociación rápida entre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición del PP, Mariano Rajoy. En aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba era el candidato de los socialistas a la presidencia del Gobierno y acogió la decisión como un golpe mortal para su candidatura y el porvenir electoral de los socialistas. Desde ese momento, Izquierda Plural, los nacionalistas y UPyD pusieron el grito en el cielo al estimar que no hacía falta que en la Constitución figurara que las administraciones no podrán incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea.

“De la aprobación de esa reforma debemos extraer varios errores; y uno de ellos es que no puede haber reforma de la Constitución sin el voto de los españoles”, dijo este lunes Pedro Sánchez. Desde su perspectiva, la reforma que impulsó Zapatero al final de su legislatura ha servido para que “el PP tenga cobertura legal para recortes en sanidad, educación y pensiones”, a pesar de que la estabilidad presupuestaria total no debe producirse hasta 2020.

“Quiero anunciarles que el PSOE está elaborando una propuesta de redacción alternativa del artículo 135 de la Constitución; una reforma que en lo esencial señala que no renunciamos al principio de estabilidad presupuestaria, pero la prioridad es defender el Estado de Bienestar”, avanzó Sánchez.

Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados Miembros. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Su reforma implicará incluir en la Constitución “la suficiente financiación para garantizar las políticas sociales, la educación y la sanidad”. Pero antes votarán este martes a favor de la toma en consideración de la iniciativa de IU.

Con esta decisión se rompe con la gestión de la crisis económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, agobiado por la presión de los mercados que le empujaron a tomar medidas de recorte muy duras en el mes de mayo de 2011 y que remató en agosto con esta reforma de la Constitución para dar muestras de que su compromiso con los recortes era absoluto con tal de que España no fuera intervenida. Fue un drama dentro de las filas socialistas. En aquella votación los diputados de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias —que se ha enfrentado este año con Sánchez por la secretaría general del PSOE—, Juan Antonio Barrio de Penagos y Manuel de la Rocha, se ausentaron del salón de plenos. Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC OO, votó en contra, y otro diputado socialista pulsó el no por error. Los demás votaron a favor, incluido Pedro Sánchez, por mantener la disciplina.

Este martes podría haber habido algún problema de esa índole si la dirección del PSOE hubiera impuesto el no a la iniciativa de IU. El diputado socialista Odón Elorza lucha desde hace meses contra ese artículo y en la reunión del Grupo Parlamentario de este mediodía tanto él como Manuel de la Rocha, de Izquierda Socialista, iban a defender el sí. Ya lo tienen.

Con gran alegría los socialistas votarán esta rectificación, que también habría apoyado Alfredo Pérez Rubalcaba. En el verano de 2013, Rubalcaba incluyó en la Declaración de Granada —el documento en el que el PSOE plasmó su propuesta de reforma constitucional— una enmienda al artículo 135 sobre la que se puede inspirar Pedro Sánchez. En esa declaración se proponía añadir un artículo 135 bis para, manteniendo el corsé al gasto público, completarlo con la creación de un “fondo de garantía del Estado de bienestar”. Los argumentos que dio Rubalcaba son los que apunta ahora Pedro Sánchez, aunque entonces no tuvieron traducción parlamentaria y ahora sí la tendrán.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, había denostado también lo que hizo su partido. “Tenemos que pedir perdón por haber puesto la Constitución al servicio de los intereses económicos”, dijo Díaz en una entrevista a EL PAÍS. En Andalucía los responsables de IU utilizan continuamente el reproche al PSOE por esa reforma. Y, desde que emergió a la vida política, Podemos se refiere a esa reforma para atacar al PP y PSOE, socios en aquella decisión.

Zapatero: «Tengo tanto respeto al PSOE que pondré una sonrisa»

CRISTINA VÁZQUEZ
Preguntado sobre la intención de Pedro Sánchez de apoyar e incluso impulsar iniciativas contra la reforma exprés de la Constitución aprobada junto al PP bajo su mandato, José Luis Rodríguez Zapatero dijo en Valencia: “Cada proyecto político tiene sus prioridades. Yo hice esa reforma convencido de que era muy conveniente para la estabilidad de España. Siempre pensé que era una reforma que podría suponer algún coste político, alguna incomprensión política en algunos sectores. Pero lo hice convencido de que en política hay que saber afrontar las situaciones que son más amables y las que no”.
“Ahora quiero ver cómo es la reforma”, añadió Zapatero, que participó en Valencia en un acto con motivo del décimo aniversario de la Ley Integral Contra la Violencia de Género. “Pero saben que tengo tanto cariño, entrega y devoción a mi partido, y tanto respeto a quien lo dirige, que pondré una sonrisa”, concluyó.

Noticia publicada en El País, el 24 de noviembre de 2014

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PÚBLICO.ES

Asegura que hará un programa electoral “valiente, ambicioso y audaz”, pero realizable, al que acompañará por primera vez una memoria económica y una memoria legislativa

Manuel Sanchez

La secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Mertixell Batet, desgranó este lunes las líneas generales del programa electoral de los socialistas, haciendo hincapié en que sin dejar de ser «valiente, ambicioso y audaz», se quiere presentar a la sociedad «un proyecto de país y un cambio seguro» donde prime «el reto de la credibilidad», buscando así una clara contraposición a las propuestas de Podemos.

Para ello, explicó Batet, el PSOE acompañará su proyecto programático, por primera vez, con una memoria económica y una memoria legislativa, «para que los ciudadanos sepan cómo los vamos a pagar, y cómo y cuándo lo vamos a hacer», afirmó.

La dirigente socialista explicó que son cuatro los ejes fundamentales en los que se va a vertebrar el programa electoral del PSOE para los comicios municipales, autonómicos y generales de 2015.

El primero será presentar una alternativa económica que pasa por la derogación de la reforma laboral, una nueva propuesta educativa y de formación, la reindustrialización del país y una ambiciosa reforma fiscal.

El segundo eje lo denominó «transición política» y apostará por una regeneración democrática, la limpieza en las instituciones, mayor transparencia y la anunciada reforma constitucional.

El tercer campo de trabajo, Batet lo llamó «compromiso social» y, en líneas generales, consiste en recuperar y blindar la universalización de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

Finalmente, se trabajará en la imagen de España en el mundo, es decir, fijar las prioridades en política exterior, «y, sobre todo», dijo la dirigente socialista, «saber cómo queremos que se vea a España desde el exterior».

Los cuatro temas tendrán dos ejes trasversales: las políticas de igualdad y la Unión Europea, al considerar ambos pilares básicos en las propuestas socialdemócratas.

Batet explicó que el método para la elaboración del programa será de la máxima apertura a la sociedad. Primero, todos los ciudadanos podrán debatir y hacer sus propuestas a través de una nueva plataforma que se ha denominado «mipsoe».

Pero, además, los socialistas quieren contar con expertos -recuperarán a todos aquellos que ya participaron en la Conferencia Política-, con todo tipo de colectivos sociales, así como con sus actuales concejales y diputados.

Noticia publicada en público.es el 24 de noviembre de 2014

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EL PAÍS

Para acabar con la violencia de género hay que combatir la idea de superioridad del hombre

Juan Torres

Mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un momento apropiado para reflexionar sobre las causas que provocan esta “pandemia global”, como la define Naciones Unidas, que de una u otra manera sufre el 70% de las mujeres a lo largo de su vida.

Se trata de un problema complejo ante el que no valen las simplificaciones pero sí creo que para entenderlo se puede establecer una consideración previa que ese organismo internacional subraya con toda la razón: la violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre y de la persistencia de desigualdad de género.

La pervivencia de esa discriminación injustificada, porque para nada tiene que ver con las diferencias “naturales” que pudiera haber entre los dos sexos, me parece evidente en todos los ámbitos de la vida social pero, como prueba de su existencia, creo que nada mejor que descubrirla en la actividad científica, en la que se supone que las decisiones se toman siempre en función de criterios objetivos o neutrales.

Multitud de estudios y evidencias empíricas han puesto de relieve que aunque las mujeres generen un conocimiento científico de igual calidad que el de los hombres se encuentran, sin embargo, en peores condiciones que ellos a la hora de progresar en su carrera, de recibir becas, ayudas o reconocimientos. En Estados Unidos se ha demostrado que tienen ocho veces menos probabilidad de recibir un premio que los hombres y un estudio publicado el año pasado en la revista Science Communication mostraba que un mismo trabajo científico presentado a evaluadores anónimos resulta mejor evaluado si va firmado por hombres que por mujeres y que siempre se considera que unos determinados temas son más “masculinos” o “femeninos” que otros. Quizá por esto último, otros estudios también señalan que las mujeres están menos representadas justo en las actividades o áreas científicas en las que obtienen mejores resultados y condiciones profesionales.

Lo que ocurre en la ciencia económica, en la que la discriminación es aún mayor, también ayuda a descubrir lo que hay detrás de esta: se ha comprobado que las mujeres mantienen opiniones distintas de las de los hombres en cuestiones tan significativas como el salario mínimo, la regulación de la economía o los servicios de salud.

La violencia contra las mujeres no es solamente la de consecuencias fatales que nos conmocionan en mayor medida sino también la que se origina poco a poco y bajo formas sutiles de superioridad derivadas de los estereotipos y prejuicios que durante tanto tiempo han hecho que en la sociedad predomine la idea de que los hombres somos superiores y dueños de las mujeres y de su vida. Esto es lo que principalmente hay que combatir para acabar con la violencia de género.

@juantorreslopez

Artículo publicado en El País el 23 de noviembre de 2014

Enlace a la noticia:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/23/andalucia/1416761386_023221.html

EL PAÍS

Seis de cada 10 jóvenes españoles planea emigrar en busca de empleo

Joaquín Estefanía

Acaso haya aspectos discutibles en la acción política del Gobierno del PP en estos tres años de legislatura, pero no en materia de desempleo. El balance en este territorio es tan malo que no se justifican para nada los propagandísticos párrafos del presidente Rajoy en su artículo publicado en El Mundo (“la reforma laboral está detrás de la mejora en el empleo que está creciendo a un ritmo muy superior al que tradicionalmente se producía en España con esta tasa de actividad”), ni sus críticas palabras contra “una nueva leyenda negra que cuenta sin descanso que las cosas van siempre mal en España” y “contra el fatalismo infecundo, el pesimismo interesado o el enfado permanente que tiran por la borda unos logros que son excepcionales”.

No se trata tan sólo de que en estos momentos la tasa de desempleo sea tan desdichada, o incluso peor, que la que había con los socialistas en el último trimestre de 2011 (23,67% frente a un 22,85%) —lo que da derecho a hablar de tres años perdidos— sino del resto de los aspectos que acompañan a una reforma laboral que se justificó en la enorme dualidad entre asalariados fijos y temporales en el mercado laboral español, la mayor de los principales países europeos.

Los precarios estructurales pierden el contrato social
Tal dualidad no se ha corregido para nada tras esa reforma que, además, ha facilitado a traición (porque de ello no se decía nada en su justificación normativa) una devaluación salarial que ha reducido la capacidad adquisitiva de la mayor parte de las familias españolas. Los últimos datos del INE y de la Agencia Tributaria ponen de manifiesto las bajas retribuciones de una gran parte de los trabajadores españoles. Y todavía hay agencias como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que insisten en que se profundice el ajuste salarial… para salir de la crisis. ¡Qué tiempos en los que el mal era el mileurismo!

Otro informe, este de la sociedad de gestión de crédito y ahorro Intrum Justitia, dice que casi la mitad de los jóvenes españoles entre 15 y 24 años, piensa en emigrar fuera de España en busca de prosperidad. Tan sólo Grecia, dentro de Europa, nos supera (el 53% de los jóvenes). Y en el estudio sobre el trabajo, correspondiente a 2013, PricewaterhouseCoopers (PwC) se señala que sólo en el año 2033, un cuarto de siglo después del inicio de la Gran Recesión, España recuperará el porcentaje de desempleo anterior a la crisis económica.

Así pues, pocos indicios objetivos de optimismo en este terreno, que es el que diferencia en primera instancia a nuestro país de cualquier otro europeo, exceptuando a Grecia. La magnitud del paro y la degradación del empleo son las que ha hecho aparecer entre nosotros un nuevo concepto: el del precariado.

Debido al profesor de la Universidad de Londres Guy Standing, creador del Índice de Trabajo Decente (léase El precariado. Una nueva clase social, en la editorial Pasado/Presente, o Precariado. Una carta de derechos, en Capitán Swing editorial), el precariado es un conglomerado heterogéneo de varios grupos sociales, fundamentalmente jóvenes con formación (aunque no sólo), cuya situación laboral es incierta y que se encuentran a medio camino entre la exclusión y la integración social.

España tardará 25 años en recuperar el empleo de antes de la crisis
El precariado, o está en paro, o tiene un contrato a tiempo parcial involuntario, o un contrato temporal. Sin un anclaje estable en el trabajo, sin la identidad que da un puesto más o menos seguro, centenares de miles de personas se van incorporando a este grupo que ni pertenece a la clase obrera, ni a la clase media, ni a la economía sumergida. No tienen contrato social con la sociedad y en muchos casos, avisa Standing, pueden dejar atrás las razones morales para respetar las leyes, cuya transgresión llega a ser su única forma de sobrevivir.

Más de la mitad de los jóvenes españoles carece de empleo, hacinándose en la búsqueda de un puesto de trabajo eventual. Cientos de miles de ellos viven de salarios y subsidios que no les permiten alcanzar unos estándares de vida mínimamente decentes. En la pared de una calle de Madrid hay un grafiti que dice: “Lo peor sería regresar a la vieja normalidad”. Esa sería la peor herencia de este Gobierno.

Artículo publicado en El País el 23 de noviembre de 2014

Enlace al artículo:

http://economia.elpais.com/economia/2014/11/23/actualidad/1416766686_705737.html

PÚBLICO.ES

Daniel Martín

La Plataforma de Afectados por la hepatitis C está ultimando los trámites para presentar una querella criminal contra Ana Mato, Ministra de Sanidad, y Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno. La asociación apunta directamente a estos dos miembros del Gobierno como los máximos responsables de que se les niegue el tratamiento contra una patología que causa 11 muertos cada día en España. Fuentes de la plataforma de afectados apuntan que la querella no será presentada hasta que la asociación no esté formalmente instituida. Por tanto, no harán público el contenido de la misma hasta enconces para no «destapar» su estrategia legal.

La agrupación ciudadana fundada por los enfermos de hepatitis C se ha concentrado hoy en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid para exigir que todos los afectados tengan su tratamiento. Sanidad pretende atender solo al 1% de los 300.000 diagnosticados.

Este centro sanitario es de momento el único de la Comunidad de Madrid en dar el sofosbuvir, comercializado bajo el nombre de Sovaldi, que tiene una tasa de curación cercana al 90%. Saturnino Cobo recibió el tratamiento después de que su mujer hiciera una huelga de hambre frente al hospital durante cuatro días. «Han dado uno, faltan 300.000» exclamaron los cerca de cincuenta de manifestantes de la asociación ciudadana. Varios empleados del centro médico se sumaron a la protesta.

A ojos de Mario Cortés, portavoz de la plataforma, el caso de Saturnino demuestra lo frágiles que son los gobernantes. «La lucha de una familia ha doblegado al Consejero de Sanidad y al Presidente de la Comunidad de Madrid, ahora nos toca a los demás», declaró en rueda de prensa.

Los manifestantes gritaron proclamas como «no son muertes, son asesinatos», «Mato, asesina», «menos armamento y más medicamento» o «no al genocidio de la hepatitis C». También pidieron la dimisión de la Ministra de Sanidad y del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez. Varias personalidades del mundo del cine y la política se personaron en el acto para adherirse a la protesta.

Shangay Lily, escritor, actor y artivista, destacó que el problema de fondo del caso de los pacientes de hepatitis C, el desmantelamiento de la sanidad, afecta a toda la sociedad en su conjunto. «Se quedan el dinero de nuestros impuestos, privatizan la Sanidad, dan 1.350 millones de euros a Florentino Pérez y luego dicen que no hay para medicamento».

«Es la demostración de que los recortes matan»

El actor Carlos Bardem también asistió al acto para mostrar su apoyo a los enfermos de hepatitis C. Asegura que su caso «es la demostración de que los recortes matan» y califica de «asesinato y canallada» la acción del Gobierno, por eso, continuó, «hay que echar a esta gente en las próximas elecciones y recuperar el país para la gente trabajadora».

Rubén Bejarano, diputado en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida aprovechó la ocasión para denunciar que «no hay sanidad universal en España» y que el sistema sanitario está más para ayudar a la privatización que para ayudar a los ciudadanos. Rafa Mayoral, exabogado de la PAH que actualmente milita en Podemos, se manifestó en favor de plataforma y denunció la «flagrante violación de derechos humanos» que se está cometiendo con los enfermos de hepatitis C.
El Partido Popular rechaza asegurar el acceso a los fármacos en el congreso

La Comisión de Sanidad del Congreso ha rechazado con los votos del PP una iniciativa del grupo mixto para instar al Gobierno a asegurar el acceso a la nueva generación de fármacos a todas las personas afectadas por hepatitis C que tengan indicados estos tratamientos. En defensa de la proposición no de ley, que se ha sometido a votación con un texto consensuado por el grupo mixto, la Izquierda Plural y el PSOE, la diputada del BNG Rosana Pérez ha recordado que la hepatitis C afecta a entre el 2 y el 3% de la población española.

Actualmente, alrededor de 900.000 personas pueden ser portadoras de hepatitis C y en torno a 600.000 ni siquiera son conocedoras de que tienen el virus, lo que las convierte en transmisoras potenciales de la enfermedad y las pone en riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado.

La parlamentaria del grupo mixto ha resaltado que las infecciones por el virus de la hepatitis C se pueden prevenir y curar, ya que hoy existen tratamientos eficaces que podrían reducir el número de potenciales afectados.

Sin embargo, ha subrayado que el problema es la gran restricción del acceso a los tratamientos, al tiempo que ha admitido el coste importante de estos medicamentos, en los que, a su juicio, no se puede escatimar por tratarse de casos graves y de vidas humanas que están en juego.

Noticia publicada en público.es el 20 de Noviembre de 2014

Enlace a la noticia:

http://www.publico.es/actualidad/557407/la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c-presentara-una-querella-contra-mato-y-rajoy