EL PAÍS

Jose Ignacio Torreblanca

Parodiando al inefable Claude Rains cuando en la película Casablanca exclama indignado “¡aquí se juega!” y acto seguido el crupier se le acerca por detrás y le dice: “Tenga, capitán, sus ganancias”, el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, intenta estos días convencer a 500 millones de europeos de que no sólo está escandalizado por las revelaciones conocidas esta semana que apuntan a que 340 multinacionales utilizaron Luxemburgo para no pagar los impuestos que les correspondían sino de que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

Que Juncker, que ha presidido el Gran Ducado luxemburgués durante nada menos que 18 años compaginando ese puesto con el de ministro de Finanzas, pretenda hacernos creer que no sabía nada nos deja ante una difícil disyuntiva: o bien está mintiendo, lo que debería llevar al Parlamento Europeo a abrirle un proceso de censura, o bien está diciendo la verdad, lo que supone reconocer unos niveles de incompetencia y dejadez en el ejercicio de sus funciones que le restarían cualquier credibilidad para presidir la Comisión Europea.

Porque la cuestión aquí no es que las susodichas empresas aprovecharan un oscuro vacío legal para zafarse de sus obligaciones tributarias y defraudar al fisco luxemburgués sin que este se enterara, sino que la Hacienda de ese país firmó con todas y cada una de ellas acuerdos que convalidaban los esquemas fiscales que les permitirían tributar nada más que un ridículo 2%. Es decir, que en lugar de defraudar a espaldas de la Hacienda luxemburguesa y con algo de incertidumbre, estas empresas defraudaban al resto de los socios europeos con su plena cooperación, por escrito y con su firma al final de la última página.

La gravedad del asunto y sus consecuencias políticas no pueden ser minusvaloradas. Primero, porque evidencia que el éxito político de Juncker, que ha permitido a los luxemburgueses disfrutar tanto de un increíble nivel de vida como de unas prestaciones sociales sin parangón, está construido sobre un esquema fiscal que puede ser legal desde el punto de vista formal pero que era claramente fraudulento en su intención. Algo de mala conciencia tendrían las autoridades luxemburguesas cuando tantos reparos ponían a las solicitudes de información sobre estas prácticas que les dirigía el entonces comisario Joaquín Almunia, y algo de mala conciencia tienen ahora cuando, una vez descubierto todo, se aprestan a decir que no lo van a hacer más.

Pero el daño a la legitimidad de Juncker para presidir la Comisión va más allá del ámbito luxemburgués. Hay que recordar que como presidente del Eurogrupo durante lo más álgido de la crisis del euro, Juncker ha estado al frente de unas políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria que han desembocado en sangrantes recortes sociales y de derechos para millones de europeos. Ahora resulta que mientras eso ocurría el hoy presidente de la Comisión Europea lideraba un país que vaciaba de impuestos las arcas de sus socios justo cuanto más necesitaban esos impuestos. ¿A cuánto asciende lo dejado de ingresar? ¿Cuántos profesores y médicos se podían haber financiado con lo evadido? Ejemplar desde luego no es ni lo va a parecer. Por mucho que se empeñe en convencernos de que va a liderar un proceso de armonización fiscal que impida estas prácticas, Juncker ha quedado expuesto como cómplice de una inmensa estafa a los ciudadanos europeos.

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Artículo publicado en El País el 13 de Noviembre de 2014

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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/13/actualidad/1415901878_029629.html

EL PAÍS

Xavier Vidal-Folch

Qué divertidos son estos grandes banqueros internacionales. No paran de estafar a sus clientes. Y solo al cabo de mucho tiempo encajan multas faraónicas para cualquiera, pero que a ellos apenas les suponen un rasguño. Enseguida todo se olvida, y hasta los periodistas, gente también sana y envidiable, pugnamos por captar su visión como expertos, sus pronósticos, sus dictámenes sobre empresas y economías nacionales.

Este caso de las trampas en los tipos de cambio de las divisas incluye información privilegiada en beneficio propio de seis entidades y en maleficio del cliente, que paga su compra de moneda más cara de lo que tocaría. Multa de EE UU y el Reino Unido por cuantía de 3.450 millones de euros.

El gran caso anterior fue el escándalo de la manipulación del euríbor y el líbor, en diciembre de 2013. También fueron seis, dos de ellos comunes a ambos asuntos, los de la mítica casa Morgan y los escoceses del RBS.

Amañaban los tipos de interés vinculados a las referencias líbor y euríbor. Ambas se calculan aún privadamente y en base a expectativas (no sobre operaciones cerradas), aunque ahora eso cambiará con el inminente «euríbor plus». Obtenían así beneficios siderales contra millones de clientes. Con ventajismo sobre sus competidores no conjurados. «¿Puedes decirle a tus chicos que rebajen el euríbor a 12 meses? OK, hecho», pasteleaban con desfachatez, en vez de cuadrar cálculos técnicos.

Multar no basta. Hay que inhabilitarlos y tacharlos de los registros de la banca
Piensen que sólo el euríbor se emplea para fijar el precio de 250 billones de euros en activos variados, no solo hipotecas. La sanción de la Comisión Europea, a instancias de Joaquín Almunia, ascendió a 1.712 millones de euros.

Más recientemente, otra manipulación similar del líbor —el tipo de interés de Londres— perpetrada por cuatro grandes bancos, casi todos repes, acabó en otra sanción de Bruselas. Multa de 94 millones de euros.

La fragua de estas multas merecería un relato de terror: bancos que denuncian a otros para evitar ser multados; altos empleados que obedecen órdenes; otros que las desbordan; jefes que fingen escandalizarse de sus operadores, como el comisario francés de Casablanca (¡qué escándalo, aquí se juega!); despidos catárquicos y negociaciones con el regulador para recibir una sanción más suave a cambio de no impugnarla en los tribunales…

Los casos graves se producen a ritmo de pizzicato a dos manos. Será que estamos ante una corrupción de la banca sistémica y plurifuncional: contratos de derivados ful; de hipotecas basura; de créditos abusivos; de apoyo a la evasión fiscal, como la de los monstruos suizos pescados in fraganti por EE UU por ayudar a miles de clientes a delinquir…

De este compendio de miserias y maldades se infiere que la regulación sancionadora por la vía de la defensa de la competencia en la UE, con ser ya mucho más usada contra la banca, resulta insuficiente.

Habrá que ir más allá. Cuando las multas sean confiscatorias; cuando se establezcan sanciones como la prohibición de reparto de dividendo por causa no solo de insolvencia sino también de manipulación y/o especulación; cuando se inhabilite sine die a directivos responsables y se retire a consejeros y presidentes culpables de los Registros de bancos y banqueros, igual los accionistas toman cartas en el asunto y despiden a quienes debe despedirse. Sin indemnización.

Artículo publicado en El País el 12 de Noviembre de 2014

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http://economia.elpais.com/economia/2014/11/12/actualidad/1415824186_157801.html

LA SEXTA

Un equipo de científicos españoles del CSIC ha dieñado unos nuevos nanosensores biológicos ultrasensibles que pueden contribuir a la detección precoz del cáncer.

Este sistema es diez millones de veces más sensible que los actuales sistemas que se usan para la detección precoz de los tumores cancerígenos, algo que es fundamental para poder aplicar un tratamiento personalizado, cuanto antes, y así poder aumentar las posibilidades de salvar la vida de los pacientes afectados.

Estos nuevos sensores sólo tienen una tasa de error de 2 de cada 10.000 ensayos. La sangre contiene proteínas segregadas por tumores y, por lo tanto, su detección (lo antes posible) en los análisis sanguíneos es crucial para el diagnóstico precoz del cáncer y para su tratamiento personalizado.

El hallazgo, que es fruto del trabajo del equipo que dirigen Javier Tamayo y Montserrat Calleja en el Instituto de Microelectrónica de Madrid (CSIC) y cuenta con el investigador Johann Mertens como primer autor, «supone un avance en una de las técnicas más utilizadas en la actualidad en la disciplina de la biología molecular y que ha permitido acelerar la obtención de resultados en múltiples tipos de investigaciones: los ‘chip’ de ADN».

«En este trabajo, fusionamos dos conceptos: nanomecánica y nanoóptica. El marcador tumoral es atrapado en la superficie de microtrampolines de silicio y posteriormente por nanoparticulas de oro. Tanto el microtrampolín como la nanoparticula tienen en su superficie anticuerpos que muy selectivamente se adhieren al marcador, y por lo tanto actúan como nuestro perro rastreador», ha explicado el científico del CSIC Javier Tamayo.

«El paso final es sencillo, ha afirmado Tamayo, si el marcador tumoral está en la sangre, quedará «registrado» mediante la presencia de nanonpartículas de oro en el trampolín miniaturizado. La frecuencia a la que oscila el trampolín cambia debido a la masa de las nanopartículas. Además las nanoparticulas cambian el color del microtrampolín, y ese cambio de color es muy sencillo de medir».

El concepto se demuestra con dos biomarcadores de cáncer: el antígeno carcinoembrionario (CEA) y el antígeno prostático específico (PSA), según detallan los investigadores. Estos dos antígenos se emplean actualmente en uso clínico para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de cáncer de colon y cáncer de próstata, respectivamente.

Recientemente, el director del proyecto, Javier Tamayo, ha declarado en una entrevista de radio que la mitad de los miembros de este equipo de científicos se irá previsiblemente al paro porque sus contratos finalizan el próximo verano. «Estamos tratando de conseguir fondos en Europa para poder seguir con nuestra investigación, porque la mitad del grupo se queda sin contrato en unos meses», ha afirmado Tamayo.

Noticia publicada en lasexta.com el 11 de Noviembre de 2014

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http://www.lasexta.com/constantes-vitales/noticias/cientificos-espanoles-disenan-nanosensores-deteccion-precoz-cancer_2014111100128.html

EL PAÍS

REYES RINCÓN

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que existen “indicios suficientes” de que el PP “se benefició” de parte del dinero conseguido mediante la trama corrupta Gürtel y que el partido fue consciente de los “dispendios” de la red. En un auto notificado este martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso que el PP presentó contra un auto dictado en julio en el que Ruz consideraba a este partido como “partícipe a título lucrativo” de las mordidas obtenidas de la trama Gürtel.

En su auto, Ruz consideró que el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedentes de comisiones de la trama y que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. Según la Audiencia Nacional, el PP se benefició de este dinero porque se lo “ahorró” como gasto de las campañas electorales de esos dos municipios.

La Audiencia asume la teoría de Ruz, que implicó al PP en la causa como «partícipe a título lucrativo» del artículo 122 del Código Penal, y advierte de que en el juicio se determinarán “con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía”. Ruz atribuyó al partido esta condición cuando abrió una pieza separada para facilitar el futuro enjuiciamiento de 45 imputados en esta causa, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, por hechos de la primera época de la red (1999-2005). En la resolución de la Audiencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, los magistrados de la Sección Cuarta citan cinco informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que constan en el procedimiento, entre ellos uno que apuntaba que la relación de la trama con el PP era «simbiótica» en lugar de «parasitaria».

Tras señalar que la personación del PP en la causa «no es novedosa», ya que entre mayo de 2009 y abril de 2013 ejerció la condición de «acusador popular», el auto sostiene que «existen indicios» de que el partido «se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propia de dicha formación política».

La Audiencia no da validez a la explicación del PP, que alegó que todos sus gastos fueron contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Según la Sala de lo Penal, este órgano solo tiene competencia en el plano contable, «sin perjuicio de las otras jurisdicciones en la que se establece prevalencia», en referencia en este caso a la vía penal, que, además, sería «preferente e ilimitada». “Pretender que el Tribunal de Cuentas sea quien decida, a los efectos penales, la cantidad malversada y su valoración desde un punto de vista culpabilístico, es tanto como sustraer del Poder Judicial, en este caso representado por la jurisdicción penal, una función que constitucionalmente le viene atribuida», dicen los tres magistrados que firman el auto, Angela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel.

Noticia publicada en El País el 11 de noviembre de 2014

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http://politica.elpais.com/politica/2014/11/11/actualidad/1415720039_975727.html

EL PAÍS

Frenar la concentración de las rentas es imprescindible para la supervivencia del sistema
El negocio está en los extremos

En las dos décadas previas a la emergencia de la crisis financiera y económica global, la desigualdad en la distribución de la renta se había ampliado de forma considerable. Los datos correspondientes a 2008 difundidos por la OCDE avalaban las conclusiones de trabajos anteriores de otras instituciones y académicos, como los muy respetados de Emmanuel Saez y Thomas Picketty. Desde EE UU hasta España, en la mayoría de las economías avanzadas la etapa de expansión no sirvió para distribuir mejor. Las diferencias de renta entre países ricos y pobres se estrecharon, en gran medida como consecuencia de las ventajas asociadas a la globalización del comercio y a la movilidad internacional de la inversión. Pero las existentes dentro de la mayoría de las economías avanzadas se ampliaron.

La causa fundamental de esa adversa distribución de la renta no solo fue el mayor crecimiento en la remuneración del capital frente a la del trabajo, sino también la ampliación de la brecha en el seno de estas últimas. Las diferencias en cualificación acentuaron esa segmentación. La disposición de habilidades tecnológicas, consecuentes con la extensión de las tecnologías de la información y comunicación, y la descentralización y externalización de fases y procesos productivos aceleraron la obsolescencia de capacidades de muchos trabajadores en economías avanzadas. Junto a ello, la expansión financiera también contribuyó a que las rentas del trabajo en ese sector se diferenciaran de las del resto, impulsadas por las multimillonarias retribuciones de directivos de las empresas financieras.

Lejos de compensar esas tendencias, las políticas fiscales, las reducciones de impuestos directos y la elevación de los indirectos contribuyeron a ampliarlas. Desde 2008 la crisis ha ampliado esas diferencias. Lo ha hecho a través de la generación de desempleo y reducción de rentas del trabajo entre los individuos con menor capacidad defensiva. También a través de la penalización directa de las personas más dependientes de los servicios públicos. Las políticas de austeridad fiscal, además de acentuar el estancamiento de las economías, han aumentado la vulnerabilidad de las rentas más bajas. Y lo siguen haciendo.

El resultado más inquietante no es únicamente esa desafección creciente de capas importantes de la población, sino la perturbación de la propia dinámica económica. La evidencia es pródiga acerca del impacto adverso de esa desigualdad sobre la confianza de los agentes, sobre el consumo y la inversión y sobre la solvencia y calidad de los activos bancarios. La estabilidad del crecimiento económico, en última instancia, queda hipotecada.

Frenar esa tendencia exige que las economías vuelvan a crecer a ritmos suficientes para reducir el desempleo y bajar el elevado endeudamiento de las familias. Ello requiere en la eurozona de políticas que reduzcan la insuficiencia de la demanda agregada. Monetarias, como las esbozadas por el BCE, pero también las basadas en el aumento de la inversión pública del conjunto de la eurozona. Siendo esa expansión necesaria, la condición suficiente es poner las políticas fiscales a trabajar por una mejor distribución. De lo contrario, la amenazada no será solo la emblemática igualdad de oportunidades, sino la estabilidad del propio sistema que tradicionalmente la ha pretendido garantizar como fundamento de la propia eficiencia económica.

Artículo publicado en El País el 9 de Noviembre de 2014

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http://economia.elpais.com/economia/2014/11/07/actualidad/1415383067_398962.html

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto esta mañana, ante los más de 300 empresarios asistentes al XVII Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Alicante, una reforma fiscal distinta que “ensanche las bases imponibles, grave más la riqueza y persiga el fraude fiscal” como uno de los ejes claves que lleva en la agenda para el cambio con la que trata de alcanzar el poder. El líder socialista, en su primera intervención en un foro estrictamente empresarial y precisamente el día en que cumple 100 días en el cargo, subrayó que si llega a presidir el Gobierno hará una reforma fiscal que dé “suficiencia financiera, sea estable y más justa”. “Una reforma que sustituya a la actual, que penaliza a las pymes en beneficio de las grandes”, reforzó en un intento de hacer un guiño a la mayoría de los empresarios presentes y no tanto a algunos de los grandes.

Además, plantea un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se adapte a los nuevos tiempos (“en 1980 había 3,8 millones de mujeres trabajando, hoy hay 10; 1,5 de trabajadores tenían estudios superiores, hoy son 10 millones”, puso como ejemplos) y solucione nuevos retos, como el tiempo del trabajo, el exceso de temporalidad y el trabajo a tiempo parcial, y revitalice la Negociación Colectiva.

También propuso un salto modernizador “como en los ochenta”. “Es urgente emprender un camino hacia la transición económica que resuelva el alto endeudamiento, la baja competitividad, el paro y la desigualdad”, manifestó Sánchez antes de invitar a los empresarios a participar en el ese salto y a dar un cambio de mentalidad: “Una transición que cambie el modelo productivo, que recupere la industria, que apueste por el capital humano y que modifique la política energética”. En este punto, reseñó que no ha habido una reflexión estratégica ante los altos costes (“de los más altos de Europa”) y la alta dependencia y, ante ello, reclama una política que se aborde a largo plazo y solucione esos problemas.

Sánchez destacó también la necesidad de “velar por la neutralidad” como argumento para garantizar la democracia en la economía. “Tenemos que cambiar el mecanismo de elección de presidentes de los organismos reguladores (CNMV, CNMC, entre otras) y eliminar la partitocracia, nombrando a personas de acuerdo con el currículum”, enfatizó. “La capacidad, el esfuerzo, el mérito y el trabajo son las raíces de la competitividad, frente al capitalismo de amiguetes, frente a la corrupción, hay que hacer una economía sin barreras, basada en la competencia, lo que es una fábrica de emprendedores”, ha añadido.

Noticia publicada en El País el 3 de Noviembre de 2014

Fotografía: Atlas

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http://politica.elpais.com/politica/2014/11/03/actualidad/1415019848_644763.html

EL PAÍS

La Gran Recesión ha convertido lo que era déficit democrático en crisis de la democracia

Joaquín Estefanía

El domingo se cumple el primer cuarto de siglo del día (9 de noviembre de 1989) en que acabó el siglo XX con la caída del muro de Berlín. Hasta entonces la mayor parte de los politólogos había analizado las transiciones del capitalismo hacia el socialismo; ninguno, la transición del socialismo al capitalismo. Y sin embargo, ello es lo que ocurrió. El historiador británico Eric Hobsbawm puso en circulación el concepto de «siglo corto» para referirse al XX: comenzó con la Gran Guerra de 1914 y habría terminado con el final del socialismo real. Poco antes de morir (2012), Hobsbawm ya había insinuado una especie de rectificación, cuando declaró que la Gran Recesión significaba un colapso, «una suerte de equivalente de derechas de la caída del muro de Berlín».

Ello significaba, en su versión, que el Muro había caído hacia los dos lados; primero en 1989 y luego en 2008, con las dramáticas consecuencias de la quiebra de Lehman Brothers. Este último año iniciaba una de las crisis mayores del capitalismo, junto a las dos guerras mundiales y a la Gran Depresión. Para sobrevivir, la economía de mercado tuvo que poner en marcha la más masiva circulación de dinero público de su historia, lo que sacudió los cimientos de su orden interno y puso patas arriba las creencias neoliberales de las élites planetarias. Sólo así se salvó de la quiebra: echando por tierra la ortodoxia del libre mercado que había sido hegemónica desde los años ochenta y que había definido la ortodoxia de una generación.

La crisis económica, que arrancó en el corazón del sistema (Wall Street) apenas dos décadas después de la caída del Muro, corrigió una vez más la matraca del fin de la historia. Cuenta el periodista Seumas Milne (La venganza de la historia, Capital Swing editorial) que desde el punto de vista de la autoestima occidental, 1989 fue el año perfecto: una fábula en la que triunfa la libertad individual y el rival ideológico era derrotado, retransmitida esa derrota en directo por televisión en medio de la destrucción ritual del símbolo del odiado enemigo en el corazón de Europa: el muro de Berlín. 200 años después de la toma de la Bastilla y de la Revolución Francesa, 1989, al acabar con su principal rival ideológico, abrió la puerta a un modelo de capitalismo sin frenos (su aplicación al antiguo glacis del socialismo real, Rusia y Europa del Este tuvo unos efectos comparables a la Gran Depresión de los treinta en EE UU), que ha conducido a la gigantesca crisis económica con sus efectos permanentes en materia de empobrecimiento, desigualdad y, sobre todo, desafección ciudadana ante la escasa calidad de la democracia realmente existente. La crisis económica, con la imposición de una austeridad destructiva y, sobre todo, mal repartida, ha convertido lo que era déficit democrático en una crisis de la democracia.

Desde que cayó el Muro se ha instalado una serie de cambios estructurales en el mundo, sobre los que comienza a existir la distancia suficiente para su análisis definitivo. No sólo en Alemania, convertida en el país más poderoso del continente europeo (compárense las transformaciones germanas en los estupendos libros del entonces corresponsal de EL PAÍS, José María Martí Font, El día que acabó el siglo XX, Anagrama, 1999, y Después del Muro, Galaxia Gutemberg, 2014), sino en el planeta entero: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con la dialéctica permanente entre seguridad y libertad; la Gran Recesión, que ha triturado el liberalismo económico y consagrado la intervención pública para el salvamento del sistema; el papel de China, que ha mostrado el importante papel que pueden jugar las empresas y los bancos de propiedad pública a la hora de dirigir el crecimiento y sacar a centenares de millones de personas de la pobreza; o la ola de cambios progresistas en muchos países de América Latina.

Veinticinco años son una nimiedad histórica, pero han desmentido a los liquidadores de la historia y han sido testigos de una gigantesca transferencia de la riqueza y del poder del trabajo al capital, que ya estaba teniendo lugar en los años anteriores a la crisis pero que se ha acentuado con ésta. Continúa…

Artículo publicado en El País el 2 de noviembre de 2014

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http://economia.elpais.com/economia/2014/11/02/actualidad/1414947638_390351.html

EL DIARIO.ES

Olga Rodríguez

La jueza argentina María Servini de Cubría ha emitido la orden de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.
La magistrada acusa al exministro Utrera Molina, suegro de Gallardón, de convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich y a Martín Villa por la matanza de Vitoria de 1976
“Es un gran avance hacia el fin de la impunidad del franquismo”, señala a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina

En una exhaustiva resolución de 286 páginas a la que ha tenido acceso eldiario.es la jueza argentina María Servini ordena la detención y extradición de veinte personas vinculadas con la represión y crímenes del franquismo. Entre ellos hay ocho exministros franquistas, así como exjueces o expolicías a los que la magistrada quiere tomar declaración indagatoria en el marco de la única causa penal en el mundo que investiga los crímenes del franquismo.

En el auto la jueza Servini de Cubría señala que “lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, como la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976, asesinatos, torturas y represión.

La magistrada recuerda en el auto que los delitos de los que se les acusa constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Es decir, “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.

La noticia ha sido acogida con esperanza por los familiares de víctimas presentes en la querella. «Esto es una prueba más de que existe un clamor internacional contra la impunidad del franquismo», ha señalado a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la querella. «Ahora le toca al Estado español decidir si admite o rechaza la orden», ha añadido.

Ocho exministros

A Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores durante una acción de represión policial en la que también hubo 150 heridos de bala.

A Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento en 1974-75 se le acusa por su responsabilidad en la pena de muerte de Salvador Puig Antich, último ejecutado a garrote vil en España.

También está incluido Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975: La justicia argentina pide su detención por su responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista en 1975.

Al exministro de la Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista en septiembre de 1975 en Madrid, Burgos y Barcelona.

También se solicita el arresto de otros cuatro exministros:

Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además se pide el arresto del excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar, acusado de asaltar la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores en la carga policial.

También figuran siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter, por torturas en diversos lugares.

A ellos se suma Carlos Rey González, miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich -y actualmente abogado que ha ejercido como defensor de la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho-, los entonces jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer. Este último está denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967, donde García trabajaba como ginecólogo.

«Que haya jueces españoles dispuestos a investigar»

En declaraciones a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina, ha destacado la importancia de esta resolución.

“Es un paso más que se suma a otros llevados a cabo por comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas. Esperamos que haya una resolución por parte del Gobierno y de la Justicia española, que sean sensibles a este clamor de cada vez más sectores. Cada vez hay más denunciantes, la querella avanza y confiamos en que haya jueces españoles que asuman la tarea de investigar estos crímenes contra la humanidad», ha señalado.

Slepoy ha querido destacar que esta orden de arresto es «producto del esfuerzo de mucha gente que ha viajado a Argentina para declarar ante la jueza o ha logrado que se lleven a cabo declaraciones por videoconferencia».

Los procesos de extradición pasarán por el Ministerio de Justicia o el Consejo de ministros, que tendrán que decidir si el caso llega a la Audiencia Nacional. «Es probable que se dicte una decisión similar a la adoptada ante la solicitud de extradición de Billy el Niño y el capitán Muñecas», indica Slepoy, en referencia a la decisión de la Audiencia Nacional de no entregar a aquellos acusados a la jueza por considerar que sus delitos habían prescrito. «Pero eso abunda en la impunidad del franquismo en un momento en el que se suman pasos, pruebas y denunciantes para acabar con esa impunidad e investigar de una vez tales crímenes de lesa humanidad, que debido a su naturaleza no prescriben», añade el letrado.

La querella argentina

La causa contra los crímenes del franquismo arrancó en Argentina el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella presentada por familiares de víctimas del franquismo: Darío Rivas, de 94 años, e Inés García Holgado. A ellos se han ido sumando más querellas de familias de represaliados. En la actualidad ya hay más de 150 querellantes.

La jueza Servini de Cubría ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común en el cementerio de Guadalajara, para comprobar por análisis de ADN si allí están los restos del padre de una de las querellantes, Ascensión Mendieta Ibarra, quien con 88 años ha viajado a Argentina para rogarle a la magistrada que le ayude a encontrar los restos de su padre antes de morir.

En España aún hay más de 100.000 desaparecidos víctimas de la dictadura franquista.

Noticia publicada en eldiario.es el 31 de octubre de 2014

Fotografía: Juan Carlos Cárdenas (EFE)

Enlace a la noticia:

http://www.eldiario.es/sociedad/exministro-Martin-Villa-imputados-franquismo_0_319519072.html

El País

Son ya seis los años de crisis económica y sus resultados son desoladores. No sólo se ha destruido buena parte de nuestro tejido productivo y millones de puestos de trabajo sino que la crisis también ha contaminado muchas de las bases —políticas, sociales, culturales— sobre las que los ciudadanos habíamos construido nuestras vidas.
Lo que durante años fueron certezas, hoy son incertidumbres. Si el trabajo era garantía de un proyecto de vida, hoy no lo hay para millones de españoles y muchos más viven con trabajos precarios o salarios de estricta subsistencia que impiden asumir riesgos, desear hijos, disfrutar de las oportunidades que, hasta ayer mismo, ofrecía la vida. Mujeres de nuevo marginadas, jóvenes sin perspectivas, ancianos empobrecidos, pobreza visible. Pero también, ladrones bien vestidos, cargos públicos indiferentes, instituciones lejanas, derechos vaciados de contenido y, en demasiadas ocasiones, partidos encerrados en sí mismos…
¿Quién puede extrañarse de que todo, todo, se haya deteriorado? ¿Quién, en este ambiente, predica valores? ¿Quién se atreve a reclamar confianza? ¿Quién, ante el fracaso en la gestión frente a la crisis y sus efectos, confía en los poderes públicos?
Y, sin embargo, el país que hemos hecho no permite abandonos sino que reclama entrega, esfuerzo, coraje, porque, como dijo Felipe González hace años, nuestra obligación es “combatir el miedo”.
Queda un año para las próximas elecciones generales. No es el momento, por ello, de hacer una propuesta de corte electoral. Prefiero centrarme yo, y hacer que los socialistas se centren, en ofrecer al resto de los ciudadanos la convicción de que hoy y mañana existe un “proyecto de país” que queremos ayudar a construir; una propuesta a largo plazo sobre cómo vemos España al cabo de 15 o 20 años.
¿Quién puede extrañarse de que todo, todo, se haya deteriorado?
Trabajaré por un país moderno y competitivo en lo económico. Debemos crear las condiciones para un crecimiento del empleo estable y sostenido en un plazo de menos de cinco años. Esto exige fortalecer nuestro tejido empresarial y un plan de fomento dirigido a lograr empresarios que vuelvan a dirigir su esfuerzo y su creatividad a “hacer país”, a la economía real, y no a la especulación pura y dura.
Debemos ser capaces de mantener un programa sostenido de inversión en I+D+i equivalente al 3% del PIB anual durante 15 años; fomentar la reindustrialización hasta que la industria suponga el 20% de nuestra actividad, en rendimiento y en trabajo; garantizar energía asequible para empresas y familias, estable en su ordenación y ambientalmente sostenible.
Trabajaré por un país socialmente más justo y solidario en la atención al bienestar de los ciudadanos.
Un país en el que la garantía de la protección de la salud, la educación universal, el acceso a la cultura, la atención al dependiente, la dignidad de los ancianos, no sean manifestación de vivir por encima de nuestras posibilidades sino sean derechos reales, efectivos, llenos de contenido para todos.
Trabajaré por un país tolerante y decente. En el que los diferentes se sientan iguales. Que garantice la igualdad básica de cada ciudadano en sus derechos y libertades. Que ampare al débil y al desposeído. Que elimine la pobreza. Que integre a quienes presentan discapacidades.
Un país en el que las reglas de la democracia se respeten y se acaten. Un país en el que las obligaciones de los ciudadanos se cumplan y se exijan por igual.
Un país en el que la corrupción y el fraude reciban castigo, desprecio, exclusión.
Un país en el que los que más tienen contribuyan más al bienestar colectivo.
Un país que contemple específicamente a las mujeres, sus aspiraciones y derechos.
Trabajaré por un país de cultura federal. En el que la convivencia sea posible y deseada. En el que la igualdad de derechos no sofoque las singularidades. En el que el poder y la responsabilidad se reparta. En el que la lealtad sea regla intocable y el interés general el objetivo compartido.
Un país en el que la política gane cada día legitimidad ante los ciudadanos, a los que les sea útil, que les sirva para vivir mejor. En el que la utilización de recursos públicos sea austera, sometida a control, responsable. En el que la Administración se transforme y el sistema de justicia se vea absolutamente renovado. Un país que tome conciencia de que necesitamos protagonismo directivo en una Europa en expansión.
Por eso, recientemente, he llamado a una nueva transición. Transición política y transición económica.
Una transición política para refundar, con urgencia, nuestra democracia. Para hacerlo sin miedo y con confianza en nuestras capacidades para el diálogo, el acuerdo, el pacto. Para superar la desconfianza entre la política y los ciudadanos.
Una transición económica que responda ya a la pregunta de cómo se va a ganar la vida España mañana. Necesitamos un cambio profundo de nuestro patrón de crecimiento. Un salto modernizador similar al que dimos en los años ochenta y que llevó a nuestro país a situarse entre las economías más avanzadas del planeta.
Este es el proyecto en el que estamos trabajando. Por nuestra parte, lo haremos con la ayuda de cuantos creen que el esfuerzo por la vida colectiva merece la pena, cuantos quieren aportar sin reclamar compensación ninguna para ellos. Nos jugamos el hoy y el mañana de nuestro país. Nos jugamos nuestro hoy y nuestro mañana.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

Publicado en El País el 22 de octubre de 2014

Fotografía: eldiario.es

Enlace al articulo:

http://elpais.com/elpais/2014/10/21/opinion/1413882925_870828.html

El País

María Fabra

La decisión de otorgar o no el indulto al expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder provincial, Carlos Fabra, ya está en manos del Gobierno, que habrá de pronunciarse, a propuesta del Ministerio de Justicia, sobre la medida de gracia.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Agencia Tributaria y el tribunal sentenciador, la Audiencia provincial de Castellón, han informado de forma negativa al indulto reclamado por Fabra, al que se le impuso una condena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales.
«Lo que parece es que Carlos Fabra viene utilizando todos los instrumentos previstos en la ley, incluyendo el recurso de amparo, con un único objetivo: retrasar “sine die” su entrada en prisión», alega Anticorrupción en su informe, que ha sido añadido al expediente que tratará el Consejo de ministros en la fecha que el propio ejecutivo marque.
En la petición de indulto, Carlos fabra adujo el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos, su edad y su recuperación y tratamiento por el trasplante de hígado al que fue sometido en 2010.
«Ninguno de estos factores es suficiente para aconsejar una medida tan  marcadamente excepcional y singular como es el indulto», asegura la Fiscalía.
Por su parte, la Agencia Tributaria sostiene que Fabra no ha repuesto el dinero defraudado y que el embargo de sus bienes ni siquiera fue una decisión voluntaria, con el fin de poder garantizar el pago. Además, considera la necesidad de una medida ejemplarizante como sería la entrada en prisión del expresidente de la Diputación de Castellón. Y arguye la gravedad y continuidad del delito y la cuantía defraudada, cerca de 700.00 euros entre 1999 y 2003, por no haber declarado casi dos millones de euros de ingresos de los que no pudo acreditar el origen.
También la Sala Primera de la Audiencia de Castellón ha informado negativamente al indulto, después de haber decidido la suspensión de la pena de cárcel pese a que los criterios del tribunal fijaban que con condenas superiores a los tres años de cárcel, nunca se debía suspender un ingreso en prisión por la tramitación de un indulto.

Noticia publicada en El País el 22 de octubre de 2014

Fotografía: Angel Sánchez

Enlace a la noticia:

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/22/actualidad/1413983391_920359.html