El País

Rafael Méndez

El Ministerio de Industria se ha visto obligado a soltar en el Tribunal Supremo los informes de las consultoras en los que se basaba su recorte a las renovables de 2014. Lo ha hecho después de negárselos al Congreso. La conclusión es que el informe de la consultora Roland Berger es tres meses posterior a que el recorte, de 3.000 millones según las patronales, se publicara en el Boletín Oficial del Estado. El otro, de Boston consulting Group, ni siquiera se ha utilizado y el contrato fue resuelto en enero de este año por «los reiterados incumplimientos» de la empresa. La pregunta que se hacen ahora las patronales de renovables es: si los informes son posteriores a la decisión ¿quién y cómo se decidió el recorte a las renovables? Industria no ha contestado este jueves a la pregunta.

En julio de 2013, Industria comenzó a buscar consultoras para que calculasen cuáles son los costes reales de las renovables, residuos y cogeneración por tecnología y cuánto se les podía recortar. Su intención era que todas tuviesen una rentabilidad razonable similar que permitiese recortar las primas que reciben. Lo hizo a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). En noviembre de ese año, el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró que la reforma energética estaba lista a falta de esos informes. «Solo queda pendiente que las consultoras externas nos den ya el informe definitivo de los costes estándares en base a los cuales se van a aplicar los nuevos incentivos a la inversión a las energías renovables», señaló.

Las empresas de renovables pueden usar la falta de informes técnicos para llevar adelante sus recursos
El recorte finalmente tardó algo más y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 20 de junio de 2014. La orden son 15 páginas de texto y 1.746 de anexos con el recorte por tecnologías, año de entrada en funcionamiento y potencia, entre otros parámetros.

Tras la aprobación, el ministerio se negó a hacer públicos los estudios en los que se había basado. La diputada de Izquierda Plural Laia Ortiz los solicitó en el Congreso el 15 de julio de ese año y no ha recibido respuesta, por lo que ha pedido amparo a la Cámara.

Ahora, en el recurso de decenas de patronales contra esa orden se ha visto obligado a entregarlos. La sorpresa para los recurrentes es que uno de los informes ni llegó a utilizarse. Industria no lo aporta y entrega en su lugar un escrito del IDAE en el que explica que el contrato con Boston Consulting fue cancelado por el IDAE el 11 de febrero de 2015 por los «reiterados incumplimientos del contrato en los que ha incurrido» la consultora. El otro, de Roland Berger, tiene fecha de 31 de octubre de 2014, más de cuatro meses después de que el recorte estuviese en el Boletín Oficial del Estado.

Jorge Morales, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, señaló: «Esto confirma que el mayor recorte de la historia del sector eléctrico, 3.000 millones al año a renovables, cogeneración y residuos, se ha realizado con ausencia total de una metodología que lo justifique técnicamente». Las empresas de renovables pueden usar este argumento en sus recursos.

Noticia publicada en el País el 12 de marzo de 2015

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