“Trabajaban de sol a sol, a pico y pala, casi sin alimentación y recibían palizas constantes”. Así resume el profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, Ángel del Río, la vida en los campos de concentración del franquismo.

De los 188 centros donde se recluyó a medio millón de esclavos del franquismo en España cada vez quedan menos vestigios. Ese era el objetivo: borrar la memoria. La represión fue física, psicológica e ideológica, tanto para los presos como para sus familias. Miles de españoles trabajaron gratuitamente y casi sin comida para obras públicas y particulares de sus captores intentado eludir la muerte. Otros no lo consiguieron y fueron fusilados en los patios. El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía se reúne este martes de septiembre con el Ayuntamiento de Sevilla para rescatar del olvido el centro del que fue promotor junto al puerto así como otros complejos de represión franquista, como la cárcel de Ranilla. Así eran y esta era la vida de sus presos:

Un campo por 297.868 pesetas

En octubre de 1938 se creó el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, en el organismo gestor de los campos del franquismo. Nueve meses antes, Sevilla se adelantó y creó uno situado junto al puerto de la capital que sirvió de modelo para otros.

En el expediente de construcción se habla de “campo de concentración”, sin los eufemismos que más tarde adoptó el franquismo, como centro de regeneración por el trabajo.

La distribución era rectangular. En un lado se disponían los barracones para los militares y vigilantes, oficinas y enfermería; en otro, los dormitorios; el tercero incluía comedores, cocina y capilla; y por último, se desplegaban los retretes, duchas y almacenes.

La extensión era de 78,10 por 68,10 metros. Los barracones, en el caso del puerto de Sevilla (en otros campos eran meras tiendas de campaña o chozas) eran de madera, ladrillo y suelo de hormigón.

El presupuesto de ejecución material y administrativo fue de 142.520, 61 más 155.347,45 pesetas. En total 297.868 pesetas (1.790 euros). La obra la culminó la empresa Entrecanales y Távora y, según el coordinador del El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía, Cecilio Gordillo, el coste final de la obra ascendió a 180.000 pesetas, muy por encima del presupuesto previsto y pese a la reducción de calidades. La financiación se cubrió con un impuesto especial sobre el alcohol de melaza, un licor elaborado a partir de caña o remolacha.
Al llegar, un médico y un oficial decidían si el recluso era apto para el trabajo, única alternativa para evitar la cárcel y la más que probable muerte.

Inmediatamente recibía ropa militar usada por las brigadas de soldados italianos en España durante la guerra: pantalones, una guerrera, un capote y unas botas; la ropa interior dependía de la familia. También obtenían una colchoneta y un par de mantas.

Con materiales muy rudimentarios, los presos eran obligados a excavar y remover miles de toneladas de tierra para obras públicas o en faenas agrícolas de afines al régimen. Dentro del campo, también eran los reclusos los que se encargaban de todas las labores. La semana laboral era de seis días de seis de la mañana hasta el anochecer.

El salario estipulado era de dos pesetas diarias (0,01 céntimo de euro) de media, que se las quedaba el Estado en concepto de manutención. La mayoría de supervivientes no recuerda haber recibido dinero alguno durante su condena o tan solo un 25%. El sueldo habitual de un trabajador sin cualificar de la época era de 10 pesetas al día (0.05 céntimos).

“Nos daban cuatro o cinco algarrobas para desayunar, un pescado hervido para comer y ya está, ya no había más. (…) Hubo muertos y el médico no sabía qué pasaba”, relató José Custodio Serrano, uno de los supervivientes, en un trabajo de Ángel del Río, quien ha coordinado, dirigido y publicado numerosas investigaciones sobre la represión franquista.

La supervivencia dependía de las familias de los presos, que se asentaban junto a los campos para poder alimentar a los reclusos. Esta situación fue cambiando cuando los franquistas se dieron cuenta de que era más rentable tener a los trabajadores alimentados para que continuaran con sus trabajos gratuitos. Café aguado con un bollo de pan, guisos de garbanzos, judías, lentejas o habas y sopa de pan y ajo o pescado componían los tres ranchos diarios de los últimos años. La carne se reservaba fechas religiosas y el 18 de julio. Pero para mantener la humillación como arma contra los presos, las comidas se denominaban pienso y coincidían con las horas de alimentar al ganado.

Para asegurarse el buen trato de los vigilantes, algunos presos compartían la comida que les llegaba de sus familias con los soldados.

Algunos presos, que eran obligados a trabajar aunque estuvieran enfermos, murieron por patologías derivadas de beber agua de pozo sin tratar, como el caso del topógrafo Baltasar Jiménez. Las plagas de sarna, pulgas, chinches, piojos y garrapatas eran habituales, así como las pulmonías y reumas. También los accidentes laborales, que llenaban las enfermerías.

El testimonio de Luis Adame recogido por Del Río detalla cómo un capitán médico inyectaba líquido en las zonas doloridas y si el preso era capaz de aguantar, concedía la baja. La mayoría volvía al trabajo para evitar el dolor añadido.

Pese a las penosas condiciones, el peor de los castigos era ser devuelto a prisión, medida que se convirtió en una vía de autorregulación por parte de los presos, que intentaban evitar a toda costa cualquier situación que pudiera ser considerada como indisciplina.

Entre las represalias psicológicas más habituales, enlazadas con una pretensión de adoctrinamiento, se encontraba la obligación de cantar a diario el Cara al Sol o el himno de los requetés brazo en alto, la asistencia obligatoria a los oficios religiosos, impedir el contacto físico con familiares que venían a ver a los presos, y presenciar palizas y castigos de compañeros.

Las fugas, aunque ocasionales, también se registraron. La resuelta con más crueldad fue la registrada en 1943 en el bajo Guadalquivir, donde cuatro de los seis presos huidos terminaron fusilados y uno abatido cuando escapaba.

Catálogo de Lugares de Memoria

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, está elaborando el Catálogo de Lugares de Memoria de Andalucía, que hasta la fecha incluye 50 espacios declarados por el Gobierno andaluz y que incorporará los campos de concentración del franquismo.

Los Lugares de la Memoria se identifican a propuesta de ayuntamientos, asociaciones memorialistas, familiares de víctimas e historiadores, entre otros. Posteriormente son evaluados por una comisión de expertos y elevados a Consejo de Gobierno por parte de la Dirección General de Memoria Democrática.

Ese catálogo incluirá espacios de la significación de la Casa de Blas Infante, la fosa del cementerio de San Rafael de Málaga o las tapias del cementerio de Granada.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 24 de junio una anuncio con la aprobación de la exhumación de una fosa común localizada y delimitada en la localidad sevillana de La Algaba, donde se encuentran los restos de decenas de víctimas del campo de concentración de las Arenas.

Los investigadores María Victoria Fernández Luceño y José María García Márquez realizaron un exhaustivo estudio sobre las lamentables condiciones de vida de los presos de ese campo. Los investigadores concluyeron que, entre 1941 y 1942, murieron 144 presos procedentes de las ocho provincias andaluzas y de Badajoz, Albacete, Alicante, Barcelona, Ciudad Real, Las Palmas, Palencia, Pontevedra, Toledo, Zaragoza y Portugal.

Noticia publicada en El País el 8 de septiembre de 2015

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