Mar Martín

La pobreza se está arraigando tanto en España que pronto nos parecerá que pagar 3 euros por una hora de trabajo, como muchos están cobrando en estos días, es algo normal.
Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo han descubierto que los contratos precarios han alcanzado en 2015 máximos históricos al ascender a 17,07 millones y la última EPA desvela que se ha afianzado la parcialidad involuntaria y otros tipos de subempleo.
El último informe elaborado por UGT en relación a los datos de la EPA correspondientes al último trimestre de 2015, expresa que se está produciendo un avance de la precariedad en el desempleo, con una extensión del paro de larga duración (próximo al 60%) Y una tasa de cobertura en descenso (el porcentaje de beneficiarios de prestaciones sólo alcanza al 45% de los desempleados).
Esta dramática situación, que afecta especialmente a jóvenes que quieren incorporarse al mercado laboral y a mayores de 55 años que afrontan largos periodos de desempleo, tiene que abordarse en serio y de una vez por todas.
La reforma laboral que el PP prometió como la panacea de la empleabilidad ha demostrado servir justo para lo contrario: ha facilitado el despido y ha destruido puestos de trabajo, mientras favorecía el enriquecimiento de empresarios y banqueros, llevando a España a situarse a la cabeza de los países en los que ha aumentado el número de ricos de un modo impúdico con el consecuente incremento de la desigualdad. El 30% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.
Ante este desolador panorama, los trabajadores y trabajadoras tenemos puestas nuestras esperanzas en un nuevo gobierno. Gobierno que derogue la reforma laboral y busque los mecanismos para incentivar la creación de empleo, pero de un empleo de calidad.
La gestión del PP al frente de la economía ha demostrado ser tan nefasta como lo ha sido al frente del Gobierno de Valencia donde la cantidad de dinero público desfalcado equivale al dinero recortado en Sanidad y Educación en estos últimos 4 años. La gestión del PP desde el gobierno central ha permitido amnistías fiscales inadmisibles, ha privatizado beneficios y nacionalizado pérdidas.
Frente a esta situación, es de responsabilidad que los partidos de izquierda que pusieron en sus programas electorales el empleo como prioridad, lleguen a un consenso.
Es una deuda con los millones de votantes de izquierda alcanzar un acuerdo de gobierno ante la emergencia social que vive nuestro país.
Ahora más que nunca es necesario arrimar el hombro y buscar las coincidencias entre las diferencias que puedan existir, porque el futuro de miles de personas en situaciones extremas está en juego.
Esos partidos de izquierda tienen la oportunidad de cambiar las reglas del juego, invertir la pirámide y hacer de España un país más solidario, culto y emprendedor, en el que la lucha por las desigualdades sea la piedra angular de todas sus políticas.