Mar Martín

Si en algo se diferencia el hoy del ayer es en la búsqueda de transparencia en las gestiones, ya sean éstas económicas, políticas o sociales.
Lo opaco no está de moda, aunque hay quien se empeña en mantener esa antigua y fea costumbre.
Un ejemplo de ello lo encontramos en el oscurantismo, secretismo y sigilo con el que se están desarrollando,  desde junio de 2013, las negociaciones entre EEUU, los grandes “lobbies” empresariales y la UE para acordar los términos del Tratado Trasaltlantico de Comercio e Inversiones (TTIP).
Es inaudito que un asunto tan importante, que afectará directamente a la vida laboral y a la salud de los ciudadanos europeos no se aborde con luz y taquígrafos. Es, como poco, sospechoso que un tratado de comercio con el que sacarán suculentas tajadas las grandes corporaciones se esté negociando a escondidas.
Afortunadamente existe ya un cierto rechazo social que esperamos les obligue, al menos, a enseñarnos las cartas, sin que se queden ninguna en la manga.
El TTIP pondría en peligro avances y derechos laborales consolidados en las democracias europeas, debilitaría las leyes de seguridad alimentaria que nos protegen, atentaría contra el     medio ambiente y la cultura y dejaría a los usuarios y consumidores a merced de los intereses y beneficios de esas grandes compañías americanas que nada tiene que ver con la  gestión de la calidad ni con las relaciones laborales desarrolladas en Europa.
La materialización de esta nueva vuelta de tuerca al Estado de Bienestar europeo está aquí. El 13 de mayo se reúnen los 28 ministros de comercio comunitarios para decidir la hoja de ruta de la CETA, tratado de libre comercio entre la UE y Canadá que es la   antesala del TTIP y si, en noviembre se ratifica, podría empezar a aplicarse a principios de 2017.
Con el CETA se abriría la puerta a los transgénicos, se rebajarían los estándares de protección ambiental y de salud pública en la UE y serviría   para abrir paso a su hermano mayor el TTIP, la amenaza para la democracia, el medio ambiente, los consumidores y los derechos de los trabajadores.
Estos “lobbies” empresariales quieren hacernos creer que este tratado es la solución a la crisis, ocultando la pérdida de derechos sin precedentes, las privatizaciones de servicios públicos y los privilegios que adquirirían sus compañías que podrían incluso exigir a los Estados que se les indemnice con dinero público si sus beneficios no resultan ser los esperados.
Esta amenaza que se presenta como antídoto bien pudiera explicar cómo la crisis ha podido ser una enfermedad de laboratorio a la que sólo esta vacuna podía curar.