El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público en una década y avanza en su estrategia contra la despoblación

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una oferta de empleo público de 33.800 plazas, la mayor en una década, con el objetivo de rejuvenecer la plantilla y paliar el descenso de personal durante la crisis. La ministra de Función Pública, Meritxell Batet, ha resaltado que por primera vez el Estado se dota de una política de contratación plurianual, “analizando el envejecimiento” y “los procesos de selección”.

Esta oferta ha sido acordada con las centrales sindicales. La ministra ha afirmado que hubiera sido una irresponsabilidad no aprobar la oferta de empleo público. Su aprobación también obedece a la necesidad de garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía y al hecho de dar seguridad y certidumbre al cuerpo de opositores, que saben que en marzo suele aprobarse la oferta de empleo público.
De acuerdo con el análisis efectuado, los sectores más necesitados de esta dotación de personal son los del empleo, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, tráfico o lucha contra el fraude, aunque también se prioriza la administración penitenciaria y la incorporación de nuevas tecnologías de la información.

Frenar la despoblación

Por otra parte, el gabinete socialista ha aprobado un acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que busca combatir la despoblación que afecta al 80% de los municipios del país.

“El objetivo es conseguir una igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas y que exista libertad de elegir donde se quiere vivir”, ha explicado la ministra Batet, encargada de presentar este documento.
Algunos de los objetivos son garantizar una plena conectividad territorial –con una adecuada cobertura de banda ancha y de telefonía móvil en el territorio–, asegurar una apropiada prestación de servicios básicos, incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social, así como avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios.

España sale del procedimiento de déficit excesivo

En esta misma comparecencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de los datos de ejecución presupuestaria para 2018. El déficit de las administraciones públicas fue del 2,63% del PIB, por debajo del umbral del 3%, lo que permite que España pueda abandonar el procedimiento de déficit excesivo (PDE) de las autoridades europeas.

La titular de Hacienda ha calificado de “magnífica noticia” esta salida del PDE, porque España dejará de estar sometida a los controles de la UE, que ahora pondrán el acento en la deuda y en la regla de gasto.
“Los datos de déficit muestran que España camina en buena dirección y que cada medida de gasto que aprueba el Gobierno tiene su contrapartida en ingresos para financiarla”, ha subrayado Montero, para quien estos datos ponen de relieve “el compromiso de España con las reglas presupuestarias de la UE y que permiten ganar credibilidad para nuestro país, y siempre pensando en el bienestar de la mayoría de la sociedad”.

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