El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes 11 de febrero la ley para regular la Eutanasia con 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones con objeto de dar respuesta a una demanda social para regular este nuevo derecho, sobre la base de los principios constitucionales de libertad de las personas, de respeto a su integridad física y moral, de su intimidad y dignidad.

Esta ley no sólo permitirá despenalizar la ayuda a morir, sino que establece una regulación garantista del procedimiento para amparar una forma de morir digna con seguridad jurídica. Establece un nuevo derecho a solicitar ayuda para morir, basado en una decisión personal, consciente, informada, meditada, mantenida en el tiempo y libre de cualquier presión económica, social y familiar, y debe ser reiterada en dos ocasiones y en un espacio de tiempo de, al menos, 15 días. Una decisión personal, no delegable en terceros.

Entre los requisitos para poder acogerse a este nuevo derecho se establece que la persona sea mayor de edad y padecer una enfermedad grave, incurable que cause gran sufrimiento, dolor o invalidez que les resulta insoportable y que no presente una situación de muerte inminente. En el caso de este nuevo derecho de solicitud de ayuda a morir, con carácter previo debe ser informado, de forma comprensible sobre las alternativas terapéuticas y las posibilidades de los cuidados paliativos por parte del médico responsable.

La proposición de ley socialista plantea la inclusión de este nuevo derecho en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud como garantía de calidad y de equidad, y para que no exista desigualdad ante una muerte digna y regula la objeción de conciencia de los médicos, estableciendo la creación de un Registro de objetores. Para despenalizar la ayuda a morir, se modificará el artículo 143.4 del Código Penal.

La mayoría de la ciudadanía apoya la legalización de la eutanasia (entre el 60 y el 80% de la población), según diversas encuestas realizadas por diversos organismos, por lo que con esta ley  el Gobierno da respuesta a una demanda ciudadana.