En este 1º de mayo, el segundo que vivimos en este contexto de pandemia
mundial, queremos en primer lugar hacer un homenaje a todos los trabajadores
y trabajadoras que llevan más de un año al pie del cañón frente al virus, formando
parte de esos servicios esenciales que han estado funcionando sin descanso
para que el resto de la ciudadanía pudiéramos seguir con nuestra vida en las
mejores condiciones posibles.
Durante el año 2020 se estima que la pandemia del coronavirus provocó la
pérdida de unos 255 millones de empleos a nivel mundial, según datos de la OIT,
lo que supone un impacto cuatro veces mayor que el de la crisis financiera de
2009. Para este año 2021 se estima que la caída podría estar en torno a 130
millones de empleos, si bien el avance de la vacunación mantiene la esperanza
de que a final de año empiece a haber signos visibles de recuperación. Ante este
panorama, no podemos más que compartir la petición que la Confederación
Sindical Internacional está haciendo a los Gobiernos, para que hagan de la
creación de empleo un objetivo central para garantizar la recuperación.
Asimismo, coincidimos plenamente con lo manifestado por la OIT, respecto a
que hay que facilitar “una sólida recuperación de forma generalizada, que
promueva el empleo, los ingresos, los derechos de los trabajadores y el diálogo
social, a fin de lograr una recuperación centrada en el ser humano”.
Proteger el empleo y los ingresos fueron las dos primeras prioridades del
Gobierno cuando comenzó la pandemia. La figura de los ERTEs ha sido clave
para lograr ambos objetivos, junto con la prestación por cese de actividad para
el colectivo de las personas trabajadoras por cuenta propia y el resto de
ampliaciones de colectivos que se han ido produciendo a medida que se
detectaba que había grupos que no quedaban amparados por la normativa:
empleadas de hogar, trabajadores fijos discontinuos, y aquellas personas
afectadas por una paralización temporal de la actividad, entre otros.
Tampoco podemos olvidar otras medidas que se integran dentro del llamado
“escudo social”, como la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la
paralización de los desahucios, la prórroga de los contratos de arrendamiento, o
las moratorias para el pago de alquileres cuando los propietarios son grandes
tenedores. No hay duda de que durante todos estos meses toda la acción del
Gobierno ha ido dirigida a cumplir la máxima de que nadie se quede atrás.
Pero además, una vez pasada la primera ola y los momentos más críticos de la
pandemia, no hemos querido desaprovechar el tiempo para poner en marcha
otras medidas muy importantes en cuanto a los derechos de los y las
trabajadoras. Dos buenos ejemplos de ello son, por un lado, la aprobación del
Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia, con el que por fin se regulan
formalmente los derechos de las personas que hacen teletrabajo, fórmula que
se ha extendido de forma masiva a raíz de la pandemia; por otro, la derogación
del artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizaba el derecho a huelga,
tratando de disuadir a la ciudadanía de ejercer este derecho fundamental y, en
consecuencia, su libertad sindical.
Hace un año afrontábamos el 1º de mayo con incertidumbre ante el futuro, aun
con la perspectiva de la vacuna para el coronavirus como algo lejano y
apuntando a que la solución a esta crisis sólo podía venir de una respuesta
coordinada a nivel europeo. Hoy afrontamos esta fecha con esperanza, en pleno
proceso de vacunación y con la oportunidad que suponen los fondos Next
Generation EU para relanzar nuestra economía. El Plan para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia va a suponer para nuestro país recibir un montante
de 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos en el periodo 2021-
2026, lo que supone la mayor oportunidad inversora para España desde su
entrada en la Unión Europea, con el fin no sólo de impulsar la recuperación por
la crisis del covid, sino sobre todo de transformar nuestro modelo productivo.
Uno de los objetivos incluidos dentro del Plan de Recuperación es el de lograr
impulsar la capacidad de crear empleos de calidad. En este sentido tanto la
componente 21, que supone impulsar la Formación Profesional, como la
componente 23, que lleva por título “Nuevas políticas públicas para un mercado
de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” delimitan cómo conseguirlo, con una
inversión aparejada de 2.076 y 2.363 millones de euros, respectivamente. Esta
reforma va orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir
la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva e
impulsar las políticas activas de empleo. Objetivos todos ellos que los socialistas
llevamos años defendiendo, especialmente desde la entrada en vigor de la
reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular.
Todas estas reformas han de ser debatidas en el marco del diálogo social, como
lo han sido las diferentes medidas que se han ido implantando en el ámbito
laboral desde que comenzó la pandemia. Los y las socialistas siempre hemos
demostrado el máximo respeto que tenemos a este instrumento de negociación,
que es clave para el éxito de la implantación de medidas, como así lo demuestran
los últimos acuerdos conseguidos: desde el Acuerdo para la Reactivación de la
Economía y el Empleo, suscrito en el mes de julio de 2020, hasta los diferentes
Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo, que han ido extendiendo y
prorrogando la fórmula de los ERTEs, entre otras medidas. La reactivación de la
Mesa de Diálogo Social para derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral
de 2012 supone una nueva oportunidad para demostrar el valor del diálogo
social, en un momento en el que hay que poner las bases para que nuestro
mercado laboral sea capaz de responder a los retos actuales – desequilibrios del
mercado trabajo que en última instancia generan desigualdad, precariedad y
pobreza laboral -, y a los de futuro, como la digitalización y la sostenibilidad.
¡VIVA EL 1º DE MAYO!

Manifiesto Día Internacional del Trabajo 1 de mayo de 2021

Manifiesto