Manuel V. Gómez. El País

El Gobierno sabe que no tiene fuerza parlamentaria para derogar toda la reforma laboral, pero sí que parece tenerla para reformar uno de sus pilares básicos: la negociación colectiva. “Hay que rescatar el convenio sectorial”, anunció este martes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo que los situaría por encima de los convenios de empresa. Esto se traduce en un reequilibrio del poder de negociación hacia patronal y sindicatos, más fuertes en los sectores.

Haciendo de la necesidad virtud, el Gobierno plantea que quiere hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores a medio o largo plazo, y renuncia a derogar toda la reforma laboral de 2012. El objetivo es muy ambicioso, tanto que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tienen dudas de que se pueda lograr esta legislatura. Pero entretanto pretenden hacer cambios parciales en esa reforma, tan señalada por el PSOE desde la oposición. Y algunas de esas modificaciones son en puntos clave. Una de ellas es devolver a los convenios colectivo sectoriales —estatales, regionales o provinciales— el protagonismo perdido hace seis años.

«Se propone recuperar el poder de la negociación colectiva. Hay que limitar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. El convenio empresarial es susceptible de no reflejar fielmente el equilibrio necesario», proclamó la ministra de Trabajo en su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso.

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En concreto, la intención del Ejecutivo, aclaraban fuentes de Trabajo, sería que lo pactado por sindicatos y patronales sobre salarios y jornadas de trabajo (número de horas a trabajar cada año) en los ámbitos sectoriales estuviera por encima de lo que se pactara en el seno de las empresas. Para este ámbito quedarían temas de organización interna, como el horario, los turnos y otros elementos de las condiciones laborales.

Apoyos parlamentarios

¿Podrá llevar adelante esta medida? En la respuesta de varios grupos de los grupos parlamentarios se vio que puede reunir los apoyos necesarios con facilidad. Por ejemplo, tanto Unidos Podemos como PDeCAT, ERC y PNV vinieron a decir que les gustaba la propuesta.

No es el único cambio que prevé hacer Trabajo si logra el apoyo parlamentario necesario. También quiere que la ley asegure la vigencia de los convenios vencidos hasta que se renueven. Esto también supondría una vuelta a la regulación previa a 2012, que limitó esta prórroga automática, conocida técnicamente como ultraactividad, a un año. «Nos proponemos devolver la ultraactividad según la jurisprudencia y lo recogido en el pacto salarial», señaló Valerio, en referencia a lo que UGT, CC OO, CEOE y Cepyme han acordado, que es exactamente eso: mantener la vigencia de los convenios mientras haya negociaciones para su renovación.

Todos los anuncios hechos por Valerio sobre negociación colectiva iban en la misma línea: devolver fuerza en las relaciones laborales a los sindicatos, que perdieron parte de ella en 2012. Profundizaría en ello otro de los anuncios hechos: dificultar los descuelgues o incumplimientos de estos convenios. Estos, además, estarían condicionados al mantenimiento del empleo y su viabilidad.

Además, Trabajo ha apuntado que pretende aprovechar la invitación de los agentes sociales en el pacto salarial para cambiar la regulación de la subcontratación en España, artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y evitar que a través de ella se precarice el empleo. Y ahí ha señalado a una de las proposiciones de ley que presentó el PSOE hace casi dos años como uno de los instrumentos que podrían utilizarse para desarrollar los cambios legales.

Calidad del empleo

La intervención de Valerio incidió en un elemento que ya había subrayado en intervenciones públicas anteriores: «Es básico crear empleo —recordó que España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de la OCDE— pero tan básico como crearlo es que sea de calidad, estable y con derechos». Ahí puso el foco sobre los contratos a tiempo parcial y los temporales.

Con estos últimos, señaló que su intención es aumentar lo que cotizan los contratos más cortos, de una semana o menos, que ahora suponen uno de cada cuatro de los que se firman, para desincentivar su abuso. Se trataría de que estos no solo coticen por la base real que deberían, es decir, que estos contratos también paguen por los periodos equivalentes de vacaciones pagadas, periodos de descanso retribuidos y pagas extra que se generan con ellos. Sobre los cambios en la contratación para luchar contra la temporal, habló de una receta vieja: recuperar la causalidad en la contratación temporal. Es decir: que el empleo temporal esté justificado. Un punto en que se detuvo con contundencia fue en los falsos autónomos: «Hay que vigilar y desenmascarar». Valerio señaló este fraude como una forma de «huir de la disciplina laboral».

Noticia publicada en El País el 11 de julio de 2018