La portavoz de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el gobierno “nace con la vocación de dar respuesta a los problemas reales del conjunto de la sociedad española”; tanto los que son urgentes –y de ahí la aprobación esta misma semana de la revalorización de las pensiones-, como los grandes retos de los próximos años: “reorientar el crecimiento económico para que genere empleo de calidad, el combate contra la desigualdad, la transición justa, el reto digital o el modelo territorial”.

Tras referirse a las distintas “sensibilidades” que componen este “primer gobierno de coalición de nuestra reciente democracia”, Montero ha destacado que el Ejecutivo cuenta “con una hoja de ruta común, compartida, en la que vamos a volcarnos con absoluta determinación y compromiso”.

Durante la comparecencia, la portavoz del Gobierno ha mostrado también la “preocupación” del Ejecutivo por la intención del gobierno de Murcia de establecer el llamado pin parental en el sistema educativo.

En este sentido, anunció que “el Ministerio de Educación ha remitido un requerimiento al ejecutivo murciano para que procedan a la retirada de la norma”, y ha avanzado que “el gobierno recurrirá por la vía administrativa o judicial cualquier intento de Vox, PP o Ciudadanos de vulnerar el derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto a la libertad”.

En relación con este asunto, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado que las actividades escolares que se pretenden controlar con el pin parental no son actividades voluntarias, sino complementarias. “Son currículo básico” que determina el centro educativo y por lo tanto, “son de obligado cumplimiento para cursar la enseñanza y forman parte del derecho fundamental de la persona a ser educada”.
Por ello, denunció que este pin parental, “que afecta la tronco común de la enseñanza, vulnera el derecho fundamental a ser educado de cada uno de los niños y niñas, va contra los valores constitucionales, y contraviene las propias competencias que el centro educativo tiene atribuidas por ley para determinar su propio currículo”.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que solicitará su comparecencia a petición propia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, puesto que el pin parental supone “una clara ruptura” de este Pacto de Estado, dado que es un elemento claro de “censura educativa y de machismo”.

En este sentido, apuntó que los hijos e hijas de padres madres machistas tienen el mismos derecho que los demás a ser educados en los valores de la igualdad, al igual que los hijos e hijas de padres y madres homófobos, porque es uno de los pilares de la democracia.

“Esperamos que las fuerzas políticas de la derecha no se dejen arrastrar por Vox y rompan este Pacto de Estado”, dijo.

El Consejo de Ministros, que a partir de ahora pasará a celebrarse los martes, ha dedicado parte de su reunión de hoy al nombramiento de cargos en los distintos estamentos de la administración. Entre ellos, Montero ha destacado la designación de María Gámez Gámez como Directora General de la Guardia Civil. Gámez, antigua Subdelegada del Gobierno en Málaga, se convierte así en la primera mujer al frente de esta institución en sus más 175 años de historia.

También ha citado el nombramiento de Rafael Pérez Ruiz, como Secretario de Estado de Seguridad y el de Fernando Martínez López, como Secretario de Estado de Memoria Democrática.

Preguntada por el informe del CGPJ sobre la propuesta de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, Montero destacó que el órgano judicial lo ha avalado y que por tanto es una persona que “cumple con lo que la ley marca para desempeñar un puesto con tanta responsabilidad”. Recordó que, mientras fue ministra, Delgado respetó los trabajos de la Fiscalía y que seguirá actuando con ese mismo criterio de respeto a la autonomía e independencia de la Fiscalía.

Asimismo, ha afeado al líder de la oposición, Pablo Casado, su intención de dictar lo que la sala tenía que decir sobre esta cuestión y su pretensión de bloquear la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del PP, a los que “seguimos tendiendo la mano” para llegar a acuerdos y a los que llamaremos para abordar la renovación de los órganos pendientes.