La tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en noviembre por cuarto mes consecutivo en el 11,5%, lo que supone cuatro décimas menos del porcentaje registrado un año antes, según los datos ofrecidos por Eurostat, que vuelve a colocar a España (23,9%) como el segundo país con peores cifras de toda la región, tras Grecia (25,7%).

El paro en España sigue sumando doce puntos más que la media de la EurozonaNo obstante, la tasa de paro de España descendió una décima en el undécimo mes de 2014, desde el 24% hasta el 23,9%. En comparación con noviembre de 2013, registró un descenso de 1,9 puntos porcentuales, ya que un año antes la tasa de desempleo era del 25,8%.

De este modo, la cifra de desempleados en España se situó en noviembre en 5,46 millones, frente a los 5,49 millones de octubre y los 5,09 millones del año anterior.

En el conjunto de la Unión Europea (UE) la tasa de desempleo bajó una décima en noviembre respecto al mes anterior y se situó en el 10%, siete décimas por debajo del dato de noviembre de 2013.

La agencia estadística europea calcula que 24,423 millones de personas carecían de empleo en noviembre en la UE, de los que 18,394 millones se encontraban en la zona euro (sin incluir Lituania), lo que suponía un incremento mensual de 34.000 desempleados entre los países del euro y de 19.000 parados en el conjunto de la UE.

Respecto al mismo mes de 2013, la cifra de desempleados entre los Veintiocho descendió en 1,487 millones de personas y en la zona euro bajó en 522.000.

Entre los países miembros cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4,9%), Alemania (5%), Malta y República Checa (5,8% ambos), mientras que las más altas fueron las de Grecia (25,7% en septiembre) y España (23,9%).

En comparación con noviembre de 2013, el paro ha bajado en 22 países, aumentado en cuatro y se ha mantenido estable en Bélgica y Eslovenia. Los mayores descensos interanuales se han registrado en Grecia, Hungría y España, mientras los mayores aumentos se observaron en Italia y Finlandia.

Por otro lado, la tasa de paro masculino de la zona euro se mantuvo estable en el 11,4% por segundo mes consecutivo, mientras en la UE repitió en el 9,9%. Por su parte, el paro femenino permaneció sin cambios en la UE (10,2%) y en la zona euro (11,7%).

En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la eurozona (sin incluir Lituania) aumentó una décima, hasta el 23,7%, lo que equivale a un total de 3,409 millones de jóvenes sin empleo, mientras que en la UE subió al 21,9% desde el 21,8%, afectando a 5,101 millones.

Por su parte, España registró un paro del 53,5% entre los jóvenes, el más alto de toda la UE, mientras que la tasa de paro masculina fue del 22,7%, dos décimas menos que la del mes anterior, y una tasa de desempleo femenina del 25,3%, en línea con el dato de octubre.

Noticia publicada en Diario Progresista el 8 de enero de 2015

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http://www.diarioprogresista.es/el-paro-en-espana-sigue-sumando-doce-puntos-mas-que-la-59413.htm

El Ministerio de Hacienda proporcionó «cifras engañosas» sobre los ahorros en intereses para las comunidades autónomas. Así lo considera la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en su valoración inicial del Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en las que «confirma las sospechas expresadas por la consejera María Jesús Montero».

Montoro proporcionó «cifras engañosas» a las comunidades durante el Consejo de Política Fiscal y FinancieraLa Consejería ha indicado que frente a los 922 millones de euros que trasladó el Ministerio de Hacienda, la «letra pequeña» desvela que en realidad las medidas sólo supondrán un ahorro de unos 250 millones de euros para Andalucía en 2015.

Recuerda que este Real Decreto-ley concreta las medidas sobre las que el Ministerio de Hacienda informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 23 de diciembre.

Apunta que según el Real Decreto, las comunidades actualmente adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) reducirán sus intereses al cero por ciento sólo en 2015 «y en cambio, las comunidades que se acojan al Fondo de Facilidad Financiera podrán disfrutar del tipo cero también durante 2016 y 2017, pero, sin embargo, aquellas comunidades adheridas al FLA pero que hayan cumplido con los objetivos de déficit no podrán aplicar las cuantías suscritas en ejercicios anteriores al nuevo mecanismo de Facilidad Financiera».

Lamenta que, de este modo, «Andalucía que cumplió el objetivo de déficit en 2013, por haberse acogido al FLA en el pasado, no podrá acogerse a una mejora del coste de la financiación en 2016 y 2017».

Apunta que «el agravio con Andalucía también se materializa al tratarse las liquidaciones del sistema de financiación». Recuerda que «la disposición adicional decimoctava en su apartado tres, establece que las liquidaciones futuras del sistema de financiación que sean positivas tendrán que dedicarse a amortizar el pago de las liquidaciones negativas de ejercicios pasados».

Según la Consejería de Hacienda, este precepto «parece haberse redactado expresamente para la comunidad, pues Andalucía al ser la gran perjudicada con la liquidación negativa de 426 millones en 2013, cuando obtenga liquidaciones positivas se verá obligada a destinar esas cuantías a satisfacer la liquidación negativa de 2013 y no podría destinar esos recursos a políticas propias, contrariamente a la fórmula que se ha empleado con anterioridad para las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009».

Por todo ello, la Consejería que dirige María Jesús Montero ha solicitado por carta al ministro Cristóbal Montoro formalmente la modificación del Real Decreto «para que Andalucía sea encuadrada en el Fondo de Facilidad Financiera y la deuda viva de la comunidad con cargo a los mecanismos de liquidez se incorpore a este fondo y beneficiarse de una mejor financiación en 2016 y 2017».

Así, la Junta reclama que como comunidad cumplidora, «todas nuestras obligaciones pendientes de pago con el Fondo de Liquidez Autonómico, sean refinanciadas con el Compartimento Facilidad Financiera, beneficiándonos del interés al cero por ciento de la disposición adicional octava apartado dos hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 2018, sin mayor condicionalidad».

Además, se va a pedir al Ministerio que quede expresamente recogido en la norma el aplazamiento de los 426 millones de liquidación negativa de 2013, «ya que el Real Decreto-ley no recoge este aspecto de manera clara, a pesar de que sí lo hace para las liquidaciones negativas de 2013 de las entidades locales como aparece en la disposición adicional décima».

Por último, la Consejería de Hacienda va a solicitar «la modificación de la disposición adicional decimoctava que obligaría a Andalucía a renunciar a las liquidaciones positivas de 2016 al tener que pagar la liquidación negativa de 2013».

Una vez más, la Junta solicita al Gobierno de Rajoy que «la liquidación de 2013 se trate del mismo modo a la liquidación negativa de 2008 y 2009, como reiteradamente se ha solicitado desde el Gobierno andaluz».

Noticia publicada en Diario Progresista el 4 de enero de 2015

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http://www.diarioprogresista.es/montoro-proporciono-cifras-enganosas-a-las-comunidades-durante-el-consejo-de-59331.htm

El Gobierno andaluz ha estrenado un programa de ayudas dotado con 2,27 millones de euros y destinado a pagar el alquiler a aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus viviendas y estén en situación de emergencia social. No hay estimación de cuántas familias podrán optar a este pago y se prevén dos recargas presupuestarias más en cifras similares en el próximo año. Los beneficiarios deberán acreditar que no tienen ninguna otra casa en propiedad. También podrán pedir estas ayudas aquellas personas que hayan sido avalistas y sufran una ejecución presupuestaria, así como los autónomos que hayan emprendido una actividad ofreciendo su vivienda habitual como garantía de un préstamo. La ayuda pagará un alquiler privado por un máximo de tres años y está diseñada en términos muy parecidos a la ley de función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y paralizada de forma cautelar.

Sin embargo, esta ayuda, según la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU) es más cara que la expropiación temporal de la vivienda que preveía la ley. Los cálculos de la propia administración estiman que “se doblan los costes”. Con la fórmula prevista en la norma se pagaba un justiprecio para la expropiación, el 2% del remate de la vivienda, y la familia permanecía en el piso pagando durante tres años una especie de alquiler que no podía superar el 25% de los ingresos familiares.

Este mecanismo “minimizaba el impacto en las arcas públicas”. Sin embargo, con la nueva línea de ayudas la Consejería tiene que buscar alquileres en el mercado e incluso se puede dar la paradoja que se acabe pagando una renta por un piso a la misma entidad bancaria que desahucia al beneficiario de la ayuda. Además con este pago del alquiler, a diferencia de lo que ocurría con la expropiación, los beneficiarios no pagan nada ni asumen ningún coste. “Sólo en la primera dotación presupuestaria de la ayuda, la suspensión cautelar de la norma tendría un coste para las arcas públicas de 1,1 millones de euros”, según sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda.
El Gobierno andaluz ha estrenado un programa de ayudas dotado con 2,27 millones de euros y destinado a pagar el alquiler a aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus viviendas y estén en situación de emergencia social. No hay estimación de cuántas familias podrán optar a este pago y se prevén dos recargas presupuestarias más en cifras similares en el próximo año. Los beneficiarios deberán acreditar que no tienen ninguna otra casa en propiedad. También podrán pedir estas ayudas aquellas personas que hayan sido avalistas y sufran una ejecución presupuestaria, así como los autónomos que hayan emprendido una actividad ofreciendo su vivienda habitual como garantía de un préstamo. La ayuda pagará un alquiler privado por un máximo de tres años y está diseñada en términos muy parecidos a la ley de función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y paralizada de forma cautelar.

Sin embargo, esta ayuda, según la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU) es más cara que la expropiación temporal de la vivienda que preveía la ley. Los cálculos de la propia administración estiman que “se doblan los costes”. Con la fórmula prevista en la norma se pagaba un justiprecio para la expropiación, el 2% del remate de la vivienda, y la familia permanecía en el piso pagando durante tres años una especie de alquiler que no podía superar el 25% de los ingresos familiares.

Este mecanismo “minimizaba el impacto en las arcas públicas”. Sin embargo, con la nueva línea de ayudas la Consejería tiene que buscar alquileres en el mercado e incluso se puede dar la paradoja que se acabe pagando una renta por un piso a la misma entidad bancaria que desahucia al beneficiario de la ayuda. Además con este pago del alquiler, a diferencia de lo que ocurría con la expropiación, los beneficiarios no pagan nada ni asumen ningún coste. “Sólo en la primera dotación presupuestaria de la ayuda, la suspensión cautelar de la norma tendría un coste para las arcas públicas de 1,1 millones de euros”, según sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda.
En las nuevas alegaciones enviadas al Alto Tribunal la Junta subraya que la Abogacía del Estado aseguró que Sareb era propietaria de 911 viviendas protegidas vacías en Andalucía, un dato que la propia sociedad de gestión de activos rectificó y rebajó a 98. Uno de los principales argumentos esgrimidos para paralizar la norma era precisamente el “grave impacto” que podía tener en la reestructuración bancaria.

Andalucía apela a la mejoría económica

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz también apelan a la recuperación económica en su escrito al Constitucional en el que piden que se reconsidere la suspensión cautelar de la norma antidesahucios andaluza. En concreto, alude al Informe de Estabilidad Financiera (IEF) elaborado por el Banco de España en noviembre de 2014 por entender que contrarrestan los datos contenidos en el de 2012, que fue el que utilizó la Abogacía de Estado para alertar del perjuicio de la norma andaluza en el reflotamiento del sistema bancario. Se aferra en concreto a un pasaje del último informe del Banco de España: “En resumen desde la publicación del último IEF se ha producido una mejoría de las condiciones de financiación en los mercados financieros nacionales. Por otra parte el mayor dinamismo del PIB en España se está traduciendo en una recuperación del empleo. Esta evolución ha venido acompañada, además de un cierto fortalecimiento de la situación económica y financiera del sector privado no financiero”.

En Andalucía, lejos de retroceder, los desahucios no paran de crecer. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística señalan que es la comunidad con más número de desahucios sobre viviendas. Un total de 8.034 en el primer trimestre de 2014. El Gobierno andaluz también ha detectado un repunte en los impagos de familias inquilinas en viviendas públicas y pondrá en marcha otra línea de ayudas dotada con 4,3 millones de euros que prevé estar en marcha a principios de 2015.

Noticia publicada en El Confidencial el 4 de enero de 2015

Fotografía: EFE

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http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2015-01-04/andalucia-demandara-a-rajoy-el-dinero-para-pagar-alquileres-a-familias-desahuciadas_614841/

EL PAÍS

En la calle hay un profundo malestar que nace de las políticas del Gobierno

Pedro Sánchez Castejón

En nuestra tradición, estos días de fiesta son también días de balance. Hacen balance las empresas, las instituciones y las familias. Hacemos balance las personas. Echamos la vista atrás y tratamos de evaluar cómo nos ha ido el año, porque ese balance es también una condición necesaria de la promesa del año que empieza. Como le ocurre a las personas, a las familias y a las empresas, la política también se hace un propósito cuando comienza un ciclo, sea el del año o el de la legislatura. Y, precisamente ahora, nos encontramos al comienzo del año que cierra el ciclo de la presente legislatura. Un buen momento para el juicio y para la esperanza, para una esperanza juiciosa.

Si tenemos que hacer balance del año político, parece razonable que lo hagamos desde el papel que nos corresponde, que es el de una oposición democrática en un sistema democrático. Quiero decir con esto que, por obligación, nuestro análisis no puede ser complaciente, que no debería serlo incluso en las mejores condiciones, y estamos lejos de encontrarnos en condiciones siquiera aceptables. Ciertamente hay quien se lamenta de que la crítica que hace la oposición a la acción del Gobierno sea previsible. Pero que la crítica de la oposición sea previsible es un signo de normalidad democrática equivalente a lo que decía Churchill del lechero. Los errores del Gobierno están a la vista de todo el mundo, igual que las necesidades de nuestra sociedad. La oposición es la voz de la calle en las instituciones, y no puede sonar de forma muy diferente en las instituciones a como suena en la calle.

Se ha producido un deterioro de las condiciones de vida en amplias capas de la sociedad
Y lo que suena en la calle es la expresión de un profundo malestar que nace de las políticas del Gobierno pero que ya va más allá de las diferentes políticas, económica, laboral, sanitaria, cultural, para alcanzar a la política con mayúsculas. Un malestar con el funcionamiento de nuestra democracia, con el desempeño de nuestras instituciones, con todo el sistema político. Y ese malestar es el principal logro, por llamarlo de alguna manera, del Gobierno del presidente Rajoy. El fruto de la decepción que ha producido el contraste entre el caudal de crédito que recibió, en forma de una cómoda mayoría absoluta, y el uso que el Gobierno del PP ha hecho de esa mayoría. Ciertamente, nadie lo niega, el Gobierno se ha enfrentado a una situación difícil, aunque no más difícil que la del Gobierno anterior. Pero, a diferencia del último Gobierno socialista, el actual Gobierno ya conocía la situación a la que debía hacer frente y disponía de unos recursos políticos, en forma de mayoría parlamentaria, a la altura del reto al que debía enfrentarse.

Cuando el tiempo en el que se pueden echar las culpas a la herencia recibida se ha agotado, se evidencia la verdadera identidad de un Gobierno. Y si uno es lo que hace, el Gobierno del señor Rajoy es poco y malo. Incapaz de unir al país en torno a un proyecto a la altura de las dificultades, un proyecto pensado con inteligencia y generosidad, todo lo que se le ha ocurrido intentar es llevar a cabo su programa máximo ¡de 1978!: es decir, un proceso de recentralización territorial; una tentativa de retroceso en las libertades, con la imposición de una determinada moral confesional en su versión más integrista, y un recorte en los derechos laborales de los trabajadores y en los derechos sociales de todos los ciudadanos. A lo que hay que añadir la temeraria abulia con la que el Gobierno ha respondido al problema de la corrupción, especialmente a la más cercana a su partido, así como el antidemocrático uso de los medios de comunicación públicos, o de los órganos constitucionales cuya independencia debe proteger en lugar de alterar. Es en todo eso en lo que el presidente Rajoy ha invertido el generoso crédito que le concedieron los españoles y las españolas en noviembre de 2011. Sin duda alguien podría reprocharnos que este es un juicio en exceso riguroso con el Gobierno. ¿Debería ser otra la valoración que hace la oposición de la acción de un Gobierno del que sólo el 6% de los ciudadanos y ciudadanas dicen que lo está haciendo bien o muy bien? ¿Podría ser otra?

No nos duelen prendas en reconocer que algunos datos macroeconómicos son moderadamente positivos, antes al contrario, los socialistas, como todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, estamos deseosos de ver cómo esos datos mejoran y se consolidan. Ahora bien, no parece justo que atribuyamos al Gobierno el mérito de la caída del precio del petróleo, de la depreciación del euro o de las medidas de estímulo del Banco Central Europeo. Porque esos, y no las políticas del Gobierno, son los principales factores que explican la mejora de ciertos parámetros de nuestra macroeconomía. Sin embargo, hacia donde se dirige el juicio de los ciudadanos, y hacia donde debe dirigirse el juicio de la oposición es hacia allí donde el Gobierno sí tiene la libertad de decidir y, por tanto, la responsabilidad sobre los resultados.

Ha faltado justicia en el reparto de los sacrificios en la lucha contra la crisis
Lo que explica la desafección política de amplias capas de las clases medias y trabajadoras de nuestro país, son precisamente los golpes que las políticas del Gobierno han asestado a esas clases medias y trabajadoras. Una reforma laboral que ha servido para enviar a cientos de miles de personas a las filas del precariado, un nuevo sector social que debe ser escuchado y atendido. Una reforma fiscal que beneficia a quien más tiene, y que perjudica a amplias capas sociales que, además del paro, la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, deberán sufrir el desmantelamiento de un Estado del bienestar cuyo sostenimiento es incompatible con los regalos fiscales a los más ricos. La tercera reforma es la suma de todas las medidas que preconstituyen la justificación para acabar con un sistema de pensiones para todos y dar entrada a los fondos de pensiones privados. Una reforma que abre al capital financiero el negocio del aseguramiento, en pensiones y también en sanidad, después de que la burbuja inmobiliaria diera al traste con el negocio del crédito.

Es el deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de nuestra sociedad, la mal llamada política de la austeridad, que no es más que la política del egoísmo y de la desigualdad, protagonizado por un Gobierno que prometió hacer lo contrario de lo que ha hecho y recibió abundante crédito social para hacerlo, lo que ha puesto las condiciones para que crezca la semilla de nuevas decepciones de promesas imposibles de cumplir. Por eso los socialistas estamos empeñados en presentar a la sociedad española un proyecto de cambio posible, que tenga la humildad de reconocer la dificultad de la tarea y que tenga la grandeza de integrar a la amplia mayoría en la tarea de reconstruir un bienestar y una prosperidad que estén distribuidos con la justicia que ha faltado en el reparto de los sacrificios en la lucha contra la crisis. Para eso vamos a seguir trabajando.

Artículo publicado en El País el 31 de diciembre de 2014

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http://elpais.com/elpais/2014/12/30/opinion/1419945250_096709.html

EL PAÍS

La propuesta permitía a los docentes dar clases de las que no son especialistas, como poner a un profesor de Filosofía a impartir Actividad Emprendedora

Pilar Alvarez

El Ministerio de Educación, que dirige José Ignacio Wert, ha rectificado con el polémico Real Decreto de Especialidades que permitía al profesorado impartir asignaturas distintas a aquella para la que se han formado en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El borrador, presentado a principios de noviembre, ha despertado recelos tanto en las centrales como en las comunidades autónomas. En una reunión convocada esta mañana por el ministerio con representantes de los sindicatos, el director general de Coordinación Territorial y Evaluación, José Ignacio Sánchez, ha anunciado la modificación.

El Real Decreto de Especialidades de los cuerpos docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) establecía, por ejemplo, que los profesores de Filosofía pudieran impartir Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, los de Lengua y Literatura hacerse cargo de Geografía e Historia o los de idiomas (Alemán, Francés o Portugués) dar Lengua Castellana y Literatura en Secundaria.

Un portavoz oficial ha explicado que se va a cambiar el borrador de trabajo presentado a todas las organizaciones implicadas (Administraciones educativas, sindicatos de enseñanza pública y privada y la patronal de la privada) para recibir más aportaciones tras «la falta de acuerdo». El portavoz señala que este decreto se debe aprobar a tiempo para continuar con la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en Secundaria a partir de septiembre de 2015.

La nueva propuesta será un texto con una redacción «técnica y básica», según el citado portavoz, que incluirá básicamente el listado de nuevas asignaturas para seguir negociando sobre cómo se deben repartir las especialidades y «buscar un consenso». El nuevo texto será presentado mañana miércoles en la reunión de la Comisión General de Educación, a la que acuden los técnicos de las comunidades autónomas para preparar la reunión sectorial a la que acuden ya los consejeros del ramo. Por la tarde, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, comparecerá en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados.

Noticia publicada en El País el 16 de diciembre de 2014

Fotografía: Uly Martín

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http://politica.elpais.com/politica/2014/12/16/actualidad/1418735140_130064.html

EL PAÍS

El juez Ruz considera acreditada la financiación ilegal de la formación conservadora

El magistrado tiene 100 días para finalizar la instrucción del caso Bárcenas

Jose Manuel Romero

El juez Pablo Ruz tiene 100 días —plazo en el que deberá dejar el juzgado— para terminar de instruir la causa abierta en marzo de 2013 por la caja b del PP. Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del partido, administró entre 1990 y 2009 una contabilidad paralela no declarada a Hacienda en la que apuntó ingresos por ocho millones de euros procedentes de donaciones ilegales.

Ruz lleva año y medio investigando los papeles de Bárcenas que EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013. El ex tesorero llevaba en esos papeles un detallado control de los gastos e ingresos que el PP mantuvo ocultos.

Tras recabar múltiples pruebas, el juez considera “parcialmente contrastado el pago de sobresueldos en b a determinadas personas vinculadas al partido bien de forma periódica u ocasional, el pago de gastos generados en campañas electorales y el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.

El instructor deberá ahora convertir esas pruebas en imputaciones de delitos para abrir un juicio oral que pondrá bajo sospecha 19 años de la vida del PP.

Delito electoral. Ruz sostiene que parte del dinero de la caja B del PP se usó para “gastos generados en campañas electorales”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene abierta una causa contra el PP por delito electoral en la que está imputado Bárcenas y, como “copartícipes”, cuatro diputados autonómicos valencianos. El artículo 149 de la Ley Electoral General establece que “los administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo en las mismas aportaciones o gastos o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

Delito fiscal. El juez Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que aunque las donaciones ilegales no son delito —sólo están castigadas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos con una sanción del doble de lo ingresado— hay que considerarlas como un ingreso extraordinario por el que la formación beneficiada debe pagar el impuesto de sociedades: “Las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”. En sus autos, el juez apunta a la “eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al PP por el impuesto de Sociedades”. Si esta tesis prospera, el PP habría cometido un delito fiscal pues en los dos ejercicios (2008 y 2009) que no están prescritos ingresó por supuestas donaciones ilegales una cantidad que supera el límite que establece la Ley para considerarlo delito fiscal.

La Agencia Tributaria ha rebatido esta tesis con un informe solicitado por el juez en el que señala que la Ley declara que las donaciones a los partidos están exentas de tributar, incluso aunque fueran ilegales: “La finalidad de la norma fue que sólo quedarán fuera de la exención las donaciones irregulares que no se afectaran a la finalidad política, esto es, que se destinaran a otros fines ilícitos o no desarrollados por el partido. La realización de gastos electorales, de otros gastos de funcionamiento de carácter laboral —aun cuando sean de retribución a la alta dirección— e incluso la realización de inversiones en la sede de la entidad, se considera afectación amparada por la exención”.

Cohecho: sin pruebas. La investigación judicial no ha podido acreditar que los donativos recibidos por el PP y no declarados a Hacienda eran pagos de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos. Los informes solicitados a la Intervención General del Estado señalan que es imposible vincular el pago al PP con la adjudicación de contratos, por lo que no habría pruebas de un delito de cohecho

Participación a título lucrativo. El magistrado ha señalado en el auto que finaliza la instrucción de la primera fase del caso Gürtel que el PP participó a título lucrativo de los delitos supuestamente cometidos por algunos de sus dirigentes con los que se financiaron ilegalmente actos electorales. En el caso Bárcenas, el PP se aprovechó de los donativos ilegales que ingresaban en la caja b que controlaba su ex tesorero, según considera acreditado el juez.

Hay cerca de 30 imputados en la causa: dos ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente del partido, Cristóbal Paez, y dos decenas de empresarios que figuran en la contabilidad paralela como donantes. El juez ha llamado como testigos a tres de los cinco secretarios generales del PP durante la etapa investigada (Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Dolores de Cospedal) y ha citado como imputado a Ángel Acebes, aunque unos días después de su declaración archivó la causa contra él.

Todos los ex secretarios generales declararon que ignoraban la existencia de una caja B -pese a que figuran como receptores de sobresueldos- y aseguraron que, según los estatutos, los tesoreros no responden ante ellos.

El magistrado sostiene que los secretarios generales tienen “una posición jerárquica y autoridad sobre la actuación del gerente del partido (artículo 22.2 de los estatutos del PP) “de la que puede racionalmente inferirse un deber especial de control o vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente que incluían, entre otras, la teneduría de las cuentas de la formación”.

Noticia publicada en El País el 12 de diciembre de 2014

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http://politica.elpais.com/politica/2014/12/12/actualidad/1418413210_675519.html

EL PAÍS

Toda la oposición denuncia que lo que llaman «ley mordaza» limita derechos fundamentales y legaliza las «devoluciones en caliente» de inmigrantes
El 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de Seguridad Ciudadana
In English: Ruling party rams controversial security law through Congress

Fernando Garea

El PP ha aprobado en el Congreso en solitario la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, frente a todos los demás grupos parlamentarios que la consideran una «ley mordaza» y entienden que limita derechos fundamentales.

Toda la oposición ha hecho frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.

Para el socialista Antonio Trevín «la ley es una vuelta al estado policial y no es necesaria» y «con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial». No ha renunciado a promover un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha comprometido a hacerlo.

Puntos principales de la ley

. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori sin intervención judicial.
. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros.
. Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: “Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.
. Se regulan nuevas conductas como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera.
. Se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.
. También “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”.
. “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”.
. Serán faltas leves: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.
. “La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”.
. “Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”.
. “El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.
. Devoluciones en caliente de inmigrantes: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Durante el debate ha sido desalojado un grupo de asistentes en la tribuna del público, por cantar «Do you hear the people sing» de Los Miserables en protesta contra la ley. Los desalojados son miembros del coro del 15M, conocido como ‘La Solfónica’.

La norma irá ahora al Senado y, si no hay más enmiendas, entrará en vigor. Básicamente la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Según Emilio Olabarría (PNV), de esta forma, se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas.

Además, incluye conductas sancionables como las manifestaciones ante el Congreso o las protestas con escaladas en edificios públicos, entre otros. Desde el anuncio del anteproyecto de ley, el Gobierno matizó algunas de las sanciones administrativas que pueden llegar hasta los 600.000 euros para los casos más extremos.

Como muestra del rechazo de la oposición, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha pedido al Gobierno que escuche a la sociedad y a la Unión Europea, cuyo comisario de Derechos Humanos, aseguró que «España pretende hacer legal lo ilegal”. Joan Baldoví (Compromís) para quien «se pretende domesticar manifestaciones con una ley injusta», en lugar de legislar contra la corrupción o para ayudar a los necesitados. Para Rosana Pérez (BNG) «se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial». Joan Tardà (ERC) ha hablado de «locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía». Para Xavier Errekondo (Amaiur) “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”.

«Esta ley no es necesaria, viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión», ha resumido Toni Cantó (UPyD). «Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia con la aprobación de esta ley», ha remachado Ricardo Sixto (Izquierda Plural), mientras sus compañeros de grupo protestaban desde su escaño en pie y con una mordaza en la boca.

Feliu-Joan Guillaumes (CiU) ha valorado algunas mejoras en la norma durante el trámite, pero la ha rechazado en conjunto.

También introdujo el Gobierno en la norma durante el trámite otros artículos especialmente polémicos como la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla. Esta posibilidad, incluida en una disposición, supone legalizar las llamadas «devoluciones en caliente», expresamente prohibidas hasta ahora, porque los inmigrantes que llegan a suelo español tienen derecho a asistencia letrada y a que se compruebe si son menores o refugiados. El Gobierno entiende que no puede hablarse de «devoluciones en caliente» porque no lo son si solo pisan territorio español y no superan el cordón policial. Esta disposición fue introducida como enmienda en el Congreso, eludiendo los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Emilio Olabarría (PNV) ha asegurado que la norma contradice la Constitución y tratados internacionales firmados por España, por ejemplo, en lo referido a las «devoluciones en caliente» de inmigrantes que el Gobierno convierte en «entregas en frontera» y legaliza en la ley.

Para justificar la entrega de inmigrantes que hayan traspasado las vallas el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha utilizado en los pasillos del Congreso un argumento frente a las críticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan «una dirección» donde a «esa pobre gente» se les vaya a dar «manutención y trabajo», les envía para allá.

«Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía», dijo.

«Que digan a cuántas personas están dispuestos a acoger y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones», ha asegurado el ministro en referencia a las opiniones críticas de todos los demás partidos y ONG.

En la tribuna del Congreso ha defendido la norma en solitario el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Conrado Escobar, recordando que sustituye a la que se conoció como «ley Corcuera» o «ley de la patada en la puerta» que hizo el Gobierno de Felipe González. Ha defendido la norma asegurando que tiene el aval de los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

«Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos», ha dicho.

Noticia publicada en El País el 11 de diciembre de 2014

Fotografía: Uly Martin

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