Alfredo Pérez Rubalcaba

Se cumple hoy un año desde que dejé la secretaría general del PSOE. Un año repleto de acontecimientos políticos de trascendencia, entre ellos tres procesos electorales: Andalucía, autonómicas y municipales, que han permitido al Partido Socialista recuperar mucho espacio institucional, y a Pedro Sánchez consolidarse como la única alternativa posible a Mariano Rajoy. De entre las conclusiones que se pueden extraer de sus resultados, me gustaría fijarme en una, la debilidad electoral del PP, que ha venido a demostrar que su resultado en las elecciones europeas no fue coyuntural. Siempre he pensado que mi dimisión después de aquellas elecciones puso el foco sobre los resultados del PSOE y le permitió al PP pasar de puntillas sobre los suyos. Y al presidente Rajoy hacer lo que mejor sabe hacer: nada.

Comprobado que el fiasco europeo no era un problema de participación, llegaron las prisas y algún cambio de profundo calado: por ejemplo, hemos sabido que la gaviota en realidad es un charrán. Se produjeron unos relevos que, sobre todo, han demostrado la escasa capacidad de maniobra que Rajoy tiene para efectuar cambios significativos en su partido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que su partido presentará en todos los Ayuntamientos del país, gobierne o no, mociones para impulsar medidas que puedan «minimizar» los efectos de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que tildan de ‘Ley Mordaza’. Ampliar foto Así lo ha adelantado el líder del PSOE tras reunirse con 80 alcaldes socialistas en los Jardines Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de Madrid, en un encuentro celebrado 40 días después de la constitución de los Ayuntamientos, en el que han querido dejar claro que están «cumpliendo» con los compromisos con los que se presentaron a las elecciones, situando los problemas económicos y sociales como su primer objetivo. En la reunión han participado, entre otros, los primeros ediles de Vigo, Abel Caballero; Sevilla, Juan Espadas; Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; Getafe, Sara Hernández; Soria, Carlos Martínez; Segovia, Clara Luquero; y Valladolid, Óscar Puente. También han estado las secretarias de Política Municipal, Adriana Lastra, y Administraciones Públicas, Susana Sumelzo. En una comparecencia ante los medios junto a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, Sánchez ha subrayado que el ‘músculo’ que han exhibido en este Foro de Alcaldes demuestra que el PSOE tiene «un proyecto de país» y «causas comunes» en todos los territorios de España. Además, ha aprovechado para garantizar que, si gana las elecciones, el Gobierno de la nación va a ser «por primera vez un gran aliado del municipalismo». Para ello, como ejemplo, se ha comprometido a derogar la reforma local del PP. También ha reiterado en la rueda de prensa su intención de dar marcha atrás a la «Ley Mordaza» del PP, que «recorta los derechos y libertades de los españoles». Pero, hasta ese momento, los socialistas quieren evitar los efectos de la norma aprobada por el PP y lo harán desde los Ayuntamientos. El pp quiere «el retorno al estado policial» En la exposición de motivos de la moción que presentarán en todas los municipios de España, los socialistas defienden que «no existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria», con la que el Gobierno «lo único que busca» es «un retorno al Estado policial». Por eso, y porque Rajoy «está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española», al legislar «solamente para la derecha más extrema», quieren que los Ayuntamientos censuren esta norma e insten al Gobierno a que la retiren. Mientras tanto, el PSOE se compromete a seguir trabajando por la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, «impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad». Y pondrán en marcha «medidas de prevención, que, desde las entidades locales, puedan asegurar el deseable bienestar» de la ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y libertades, para así «ayudar a minimizar el efecto» de la ‘Ley Mordaza’.

Noticia publicada el 23 de julio de 2015 en 20 minutos.

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Montero, la consejera de Hacienda, defiende que hay que suavizar la pendiente de consolidación fiscal en beneficio de quienes más lo necesitan.

E.P. Madrid

La consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, ha mostrado este miércoles su rechazo al reparto del objetivo del déficit para las comunidades autónomas, al considerarlo «injusto y asimétrico» y que «obliga a las comunidades autónomas a hacer ocho veces más esfuerzo que el Estado».

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que bajo la presidencia del ministro Cristóbal Montoro se ha reunido para fijar los objetivos de deuda y déficit de las comunidades para 2016-2018, la consejera ha reprochado al Ejecutivo un reparto desigual que perjudica a las comunidades a pesar de que son éstas «las que tienen mayor porcentaje de gasto público, en torno al 30 por ciento frente al 24 por ciento del Estado».
El planteamiento de Andalucía es que el objetivo para las comunidades se sitúe en el 1 por ciento del PIB en 2015, el 0,7 por ciento en 2016, 0,3 por ciento en 2017 y estabilidad para 2018; por el contrario, el Gobierno propone adelantar el objetivo del 0,3 por ciento para 2016; del 0,1 por ciento en 2017 y el equilibrio presupuestario, para el siguiente.

«Vamos a pedir que se cambie radicalmente el reparto que se hace» porque el interés del Ministerio parece que sea la «Educación, la Sanidad y la Dependencia en las que más repercute el objetivo de déficit», ha dicho la consejera, para quien es evidente que las políticas y las recetas de austeridad «no están siendo capaces de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos» y es necesario «suavizar la pendiente de consolidación fiscal». «En este momento es más importante que nunca poner en marcha políticas de estímulo que permitan con motivo de la crisis combatir la desigualdad entre ciudadanos», ha ahondado.

Además, la responsable andaluza ha explicado que exigirá al Gobierno central que la recuperación económica llegue ya a las familias, a los servicios públicos y «no a financiar medidas electorales que pueden interesarle al PP de cara a las próximas elecciones».

«No hablar sólo de gasto»

La consejera andaluza ha previsto que el ministro tendrá, dentro de la reunión, «la tentación de hablar solo de gasto», pero Andalucía va a plantear también el asunto de los ingresos y la financiación autonómica, algo sobre lo que el Ministerio «no quiere hablar».

Montero ha expuesto que el actual modelo de financiación «quita a Andalucía unos 700 millones de euros anuales, provoca desigualdades entre territorios y dificulta el cumplimiento de déficit a las comunidades infrafinanciadas».

Noticia publicada en eldiario.es el 8 de julio de 2015

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Maruja Torres

Ni harta de vino habría querido perderme, ni como periodista ni como persona, ni como observadora ni como vividora, ni como mujer ni como hija de mi madre, ni como ciudadana ni como apátrida…

Acortando: no habría querido perderme la durísima pero importante época que viene. Porque ya es inevitable admitir que el cambio es inevitable. Y mucho más inevitable resulta pensar que la verdadera naturaleza del cambio se organizará inevitablemente conforme la sociedad vaya permeando su tejido a las novedades que van viniendo. Como el agua, los cambios empaparán el fondo, colándose por cualquier grieta, por mínima que sea.He tardado en leer al joven y emblemático periodista de izquierdas británico Owen Jones, y al principio de su segundo libro,  El Establishment, la casta al desnudo, cuenta por qué se produjo el éxito del thatcherismo, de qué modo trabajaron las fuerzas conservadoras para recuperar un poder que creían haber perdido a partir de una posguerra en la que se abrió mano a los derechos de las clases consideradas como inferiores. La idea de que la revolución conservadora era inevitable, y de que también lo era poner en su sitio a sindicatos y trabajadores para asegurar el bienestar del país, fue penetrando la malla social gracias al trabajo de numerosos  think tank de derechas y a un montón de dinero que fue invertido en colocar en puestos clave de los organismos de manipulación de masas a jóvenes despiadados y ambiciosos. Fue una operación lenta pero brutalmente eficaz que condujo a la desregulación de los mercados y la corrupción que finalmente ha sido descubierta en todos los países que se entregaron al neoliberalismo inaugurado oficialmente por Thatcher y su compinche Reagan: incluido el nuestro. Leed el libro, si no lo habéis hecho ya, vale la pena.

Aquel cambio se apoyaba en varias crisis económicas que se produjeron estando en el Gobierno británico el Partido Laborista, y por eso encontró terreno fértil entre los votantes. El cambio éste nuestro –de España, de Grecia, de nosotros, de los países que seguirán: de ahí el miedo de los poderosos–, es de signo contrario y consiste básicamente en ir planteando oposición al sistema para provocar el cambio que hace cambiar la vida. Se apoya en algo mucho más irreductible que el poder y el dinero. Se afianza en la cultura de resistencia que las propias dificultades de la vida han ido propiciando, en el talento de jóvenes bien educados por padres de izquierdas que han visto sus ideales traicionados, y también en generaciones anteriores a ellos que estamos dispuestas a volver a empezar. Las abuelas y los abuelos que fuimos templados en los prodigiosos años 70 del pasado siglo.

Así, es de esperar que hasta los más apáticos de aquellos que aún creen que lo de pensar en lo que ocurre es para otros, y aquellas que «lo que diga mi marido, que yo de política no entiendo», y los indiferentes, sientan por fin que el agua que les llega, no desde arriba sino por lo horizontal, desde su mismo plano, es fresca y limpia. Y que se dejen traspasar, se dejen empapar y mullir y esponjar.

No podremos revertir de un golpe el austericidio, puede que ni siquiera lo consigamos con muchos golpes, y desde luego recibiendo hostias y desdenes. Pero el sólo hecho de que convirtamos en inevitable la resistencia y la oposición a aquello que nos han dicho que no podemos evitar, el simple gesto de hacer ruido de las cadenas: qué bien nos sienta, para empezar, y cuánto miedo provoca.

Ni harta de vino habría querido perdérmelo.

Artículo publicado en eldiario.es el 8 de julio de 2015

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http://www.eldiario.es/zonacritica/inevitable_6_407069313.html

No nos encontramos ante unas leyes para proteger la seguridad ciudadana, sino contra la seguridad de la mayoría de las personas, debido al recorte de derechos y libertades que supone».

Salvador Cutiño, miembro del área de cárceles de APDHA

Quizás a muchas personas, la semana pasada, les haya pasado lo mismo que a mí: han tenido problemas para dormir y para levantarse de la cama por la mañana. ¿La “caló”? Tal vez. Pero en mi caso ha sido más la indignación por un nuevo paso en la progresiva destrucción del estado de derecho, de esa “orgullosa” democracia occidental que me enseñaron en la Facultad de Derecho.

Las élites mundiales (y nacionales) y sus gobiernos siguen con su plan suicida de desmantelamiento del limitado Estado del Bienestar que teníamos. Ante los continuos recortes sociales provocados por la estafa económica (también llamada crisis), la sociedad (también llamada “los radicales antisistema”) ha salido a la calle para mostrar su repulsa. En Grecia, la respuesta ha sido una pregunta, consultar al pueblo si quiere seguir pagando los desmanes de sus élites y sus corruptos gobiernos. Una auténtica afrenta a la “democracia”, un desafío “populista”.

Ojo, que las urnas son peligrosas”, decía nuestra ministra de agricultura. La respuesta verdaderamente democrática, de un “país serio” (Rajoy dixit), es reprimir, atemorizar a las personas que protesten ante las políticas de austeridad y profundizar en la marginación de determinados colectivos sociales. A estos objetivos se dirige la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la reforma del Código penal. Las urnas son peligrosas para la democracia y la seguridad ciudadana se “protege” recortando los derechos y libertades públicas.

Se dice que las reformas parten de una demanda social, por la terrible inseguridad ciudadana que padecemos en España y para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, parece que a las personas corrientes nos preocupan más el paro, la corrupción, los problemas económicos, los partidos políticos y el gobierno, los problemas sociales, la educación o la calidad del empleo. Nuestro estado tiene los índices de criminalidad más bajos de la UE y sufrimos uno de los aparatos represivos más duros, con largas penas de prisión y una alta tasa de población penitenciaria. Y los derechos fundamentales no se garantizan recortando las posibilidades de su ejercicio ni sancionando sus manifestaciones públicas; ni siquiera un supuesto “uso excesivo” de un derecho fundamental debiera justificar su restricción cuando esto pueda desalentar el ejercicio legítimo del mismo en el futuro.

La ley mordaza refuerza enormemente el principio de autoridad, dando valor probatorio a las declaraciones y actas de la policía y usando conceptos indeterminados que permitirán una gran discrecionalidad en la aplicación. Se legalizan la “listas negras” de activistas en poder de la policía, las identificaciones preventivas y la retención en comisaría hasta 6 horas o las “devoluciones en caliente” de las personas inmigrantes. Y se aplaza el control judicial, sancionando con un procedimiento donde la Administración es juez y parte. Y es que este gobierno no sólo desconfía de la ciudadanía sino también de sus jueces pues, a veces, éstos se vuelven locos y deciden tener en cuenta los principios constitucionales y aplicar unas mínimas garantías formales.

Parece que el hijo del subinspector jefe de la Guardia Urbana de Barcelona durante el franquismo (también llamado Ministro del Interior) quiere volver a su tierna infancia y poder contar las batallitas que le contaba su padre. Si el 15M acampa en la calle, creamos una infracción para esto. Si se rodea el Congreso, otra infracción. Si se trata de parar pacíficamente un desahucio, otra. Si no se obedecen las órdenes de la policía o no se colabora con ellas o les faltamos al respeto (es que estos radicales son unos maleducados), pues más multas. Si intentamos informar o probar con imágenes o datos, la actuación de las fuerzas de seguridad, multa también para ti. Si protestamos ocupando nuestro lugar de trabajo o una oficina bancaria o de la Administración, otra más. Que los medios sacan otro nuevo caso de corrupción y salimos a la calle a protestar de forma espontánea, ¿dimite Rajoy?, no, mejor una multa.

«Criminalización de colectivos marginalizados»

Además, para los casos en que las autoridades no quieran recaudar dinero sino usar el instrumento más duro, el sistema penal, pues también se han realizado cambios en esta norma. Así ocurre, por ejemplo, con la incitación o la difusión pública de mensajes que refuercen la idea de producir altercados, es decir, las convocatorias por las redes sociales o los mensajes en una manifestación que la autoridad entienda que han provocado que luego ocurra algo que la autoridad entienda que es negativo para lo que la autoridad entienda que es la paz pública. Más peligroso aún es la excesiva amplitud del concepto de terrorismo y el exagerado adelanto de la frontera para punir, de manera que por la posesión de escritos o la visita a determinadas páginas de internet ya puedes ser un peligroso terrorista.

El otro pilar de estas reformas es la persecución y criminalización de colectivos marginalizados o molestos: consumo de drogas y alcohol, transporte para este consumo, prostitución, personas extranjeras. Dos ejemplos en el Código penal: delitos contra la propiedad de pequeña entidad, antes considerados faltas y sancionados con penas de 1 mes de multa, ahora, con la eliminación de las faltas y el juego de determinadas agravantes, podrían sufir hasta 5 años de prisión. El “top manta”, hasta dos años de prisión. Eso sí, eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social o defraudar a Hacienda sólo es delito si supera los 50 mil o los 120 mil euros respectivamente.

En definitiva, no nos encontramos ante unas leyes para proteger la seguridad ciudadana, sino contra la seguridad de la mayoría de las personas, debido al recorte de derechos y libertades que supone. El objetivo no manifiesto de la ley es el control de la disidencia política, la represión de la protesta social y la criminalización de determinados sectores sociales ya marginados por el sistema socio-económico vigente.

Noticia publicada en eldiario.es el 7 de julio de 2015

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http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Reprimir-Seguridad-Ciudadana-Codigo-Penal_6_406719349.html

El CIS da dos nuevas ‘bofetadas’ al presidente: el desempleo es el primer problema de los españoles y empeora la confianza en el futuro económico

S.C. EFE

En la fiebre de la campaña electoral de las municipales y autonómicas -esas que según él han ganado- el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se exaltó durante un mitín en Pamplona a la hora de vender su discurso sobre la recuperación económica: “¿Quién habla hoy en España de recesión y de paro?”.

Casi el 80% de los españoles habla mucho de paro
Rajoy ha intentado matizar luego su discurso insistiendo en que le sigue preocupando el paro, pero siempre con la boca pequeña y como una coletilla añadida a la “recuperación”. Pero ha sido el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de junio el que ha matizado de forma contundente ese discurso triunfalista. La encuesta, que se realizó entre el 2 y el 12 de junio, unos días después de las elecciones municipales y autonómicas sigue situando el paro como su principal preocupación, de hecho lo menciona un 78,2 por ciento. La corrupción es la segunda, citada por el 47,1% de los encuestados. En ambos casos caen cerca de un punto respecto a mayo.

Empeora la confianza en el futuro económico
Además sube la preocupación por los políticos y los partidos, que se sitúa en el 20,7 por ciento frente al 18,8 del mes pasado, y se mantiene como el cuarto problema por detrás de los de índole económica. Con la vista puesta en el futuro, también mejora la percepción ciudadana sobre el escenario político, ya que suben más de tres puntos los que consideran que estará mejor dentro de un año -25,8 por ciento-, aunque al mismo tiempo aumentan en casi dos puntos los que creen que estará peor, hasta llegar al 17,3 por ciento.

En cuanto al barómetro económico bajan algo los que opinan que la situación es mala o muy mala -71,5 frente al 72,1 de mayo- y se mantienen estables los que creen que es buena o muy buena -2,6 por ciento-. Sin embargo, cuando son preguntados por el futuro de la economía, caen del 29,3 de mayo al 28,4 por ciento los que dicen que mejorará mientras que suben, del 13,1 al 14,5, quienes piensan que irá a peor. Si se les pregunta por su situación económica personal, son más quienes creen que estarán mejor dentro de un año -23,4 por ciento-, que los que opinan que estarán peor -6,7-, pese a que una importante mayoría que alcanza el 57 por ciento, piensan que estarán igual.

Poca esperanza de conseguir un empleo
El 53,8% de los parados encuestados cree poco o nada probable encontrar un puesto de trabajo en los próximos doce meses, en contraste con el 35,7 que ve posible lograr un empleo de aquí a un año

Noticia publicada en elplural.com el 7 de julio de 2015

Foto: eldiario.es

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http://www.elplural.com/2015/07/07/nadie-habla-ya-de-paro-mariano-el-78-de-los-espanoles-lo-menciona-como-su-principal-preocupacion/