Mar Martín

Doblad, doblad el abanico de papel,  le dice el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, a los escolares asfixiados por la ola de calor, mientras, otros doblan y doblan a orillas de fresquitos paraísos los billetes saqueado de las arcas públicas.

Si el PP no se hubiera apropiado de esas cantidades inmorales de dinero público y amnistiado fiscalmente a los que no pagan a Hacienda, todas las aulas de los colegios públicos de España tendrían hoy aire acondicionado.

No hace mucho exigían a la ciudadanía sacrificios, argumentando que era el único modo de salir de la crisis, mientras desfalcaban, sin pudor, la hacienda de todos. Ahora, vuelven a exigir, otra vez, sacrificio ofreciendo a cambio abanicos de papel tan inconsistentes como su talla moral.

Hace apenas una semana el Tribunal Constitucional nos daba una buena noticia  al declarar, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal de Montoro que vulneraba el principio de igualdad y con la que supuestamente se iba a recuperar el 10% del dinero evadido y que, sin embargo, sólo logró rescatar el 3% del dinero defraudado.

Recién llegado al gobierno, el PP en 2012 adoptó esta amnistía fiscal como una de sus primeras acciones, demostrando cual era, en verdad, el orden de sus prioridades gubernativas. De aquella amnistía se beneficiaron, sus propios exministros (Rodrigo Rato) sus tesoreros (Luis Bárcenas) sus secretarios generales (Francisco Granados) y socios (David Marjaliza)  haciendo todo un alarde de cinismo y riéndose en la cara de cada uno de los contribuyentes que pagan sus impuestos.

Esta sentencia descubre que el PP rompió la igualdad de los españoles al favorecer a los defraudadores, saltándose la Constitución que determina que todos los ciudadanos deben contribuir por igual a financiar el gasto público. También, pone al descubierto que el Gobierno del PP desatendió sus responsabilidades de obligar a todos a pagar impuestos y legitimó y premió una conducta delictiva de quienes incumplieron su deber de tributar.

El recurso contra la amnistía fiscal de Montoro, que fue presentado por los diputados socialistas del Congreso era la principal esperanza para recuperar el dinero perdonado a los defraudadores, pero la sentencia del alto tribunal, que impedirá futuras amnistías fiscales al considerarlas atentados contra la Constitución, deja tranquilos a los defraudadores alegando principio de seguridad jurídica lo que significa que no se investigarán las declaraciones, ni se revisará el tipo efectivo que pagaron que fue del 3%.

Según el Constitucional la amnistía de Montoro tuvo tres efectos desastrosos para la hacienda pública. El primero de ellos: permitir la regularización «a un tipo reducido» que se estableció en el 10%, pero que finalmente fue del 3%, el segundo: eximir a los defraudadores del pago de ningún tipo de recargos: ni intereses de demora, ni penalizaciones por fraude a Hacienda ni otro tipo de sanciones y el tercero: convertir en «renta declarada a todos los efectos» todos los bienes regularizados, por lo que los contribuyentes no tuvieron que dar ninguna otra explicación.

Si el PP, en plena crisis económica, con un Estado de Bienestar en el centro de la diana, se hubiera tomado en serio el Estado Social de Derecho hubiera exigido a los defraudadores regularizar los 1.333.333 millones de euros evadidos en lugar de los 40.000 millones, no hubiera recaudado  únicamente los ridículos 1.200 millones de euros y hubiera podido instalar aires acondicionados en todos los colegios públicos de España y pagar la correspondiente factura de la luz.