Mar Martín

De los tres poderes que Montesquieu separó, como garantía para un buen gobierno, el judicial, ha sido hasta la fecha, sobre el que la sociedad más confianza ha depositado.
La distancia que haya entre un poder y otro es directamente proporcional a la salud de un Estado y, de los tres, el judicial se ha mantenido hasta el momento alejado de disputas políticas.
Los jueces y juezas encargados de aplicar la ley y las normas jurídicas son la piedra angular sobre la que reposa la credibilidad de un Estado y es por ello que vigilar su independencia es de vital importancia.
Sin embargo y, como un atentado a nuestra inteligencia y soberana falta de respeto a la ciudadanía,  el PP ha metido la mano hasta en la judicatura para mancillar también este espacio que debería permanece siempre impoluto e inmaculado.
Utilizando su mayoría en el Poder Judicial ha impuesto a dos jueces afines, Concepción Espejel y Enrique López, en puestos clave de la Audiencia Nacional, Audiencia que juzgará algunos de sus casos de corrupción: Lezo y Púnica.

Estos dos jueces además tienen en común haber sido apartados, por sus propios compañeros, de los tribunales que están juzgando y juzgarán esa corrupción, precisamente por su proximidad al Partido Popular.

Cuando se pone a un lobo a cuidar de las ovejas está asegurado el asado.