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El Gobierno eleva un 2% el salario de 2,5 millones de empleados públicos
El Consejo de Ministros aprobó este martes un incremento retributivo de 2% para los empleados y las empleadas públicas, tal como había prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y como establecía el acuerdo alcanzado con los principales sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). En palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, la medida representa el compromiso del Gobierno con la “recuperación de derechos de los empleados públicos”, cuya “dedicación, profesionalidad y vocación de servicio” puso de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo. La medida beneficiará a 2,5 millones de empleados y empleadas públicas.
Darias subrayó que el incremento tiene fecha de efecto el pasado 1 de enero y recalcó que el Gobierno “cumple los compromisos que adquiere”. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Maria Jesús Montero, apuntó por su parte que los funcionarios son un pilar clave para el “sostenimiento del Estado de bienestar”, y que la “recuperación de derechos para garantizar la cohesión social y territorial” es una de las “prioridades” del gabinete de coalición progresista. “No hay tiempo que perder en favor de la mayoría social”, apuntó Montero, que expresó el compromiso del Gobierno con “la política útil” para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Emergencia climática
Por lo demás, el Consejo de Ministros decidió declarar la emergencia climática, así como un calendario de medidas urgentes que se adoptarán en los 100 primeros días de Gobierno. Montero dijo que el objetivo es “situar el cambio climático como prioridad transversal” de la acción de todos los ministerios. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, explicó que esta declaración se ha adoptado por “justicia, futuro y responsabilidad”. “Las instituciones deben actuar frente al cambio climático, y el Gobierno está alineado con las demandas de los científicos y de los jóvenes, especialmente, que nos reclaman actuar con urgencia”, enfatizó.
Entre los “compromisos específicos” para los primeros 100 días de mandato, según detalló, figuran remitir a las Cortes Generales del proyecto de ley de cambio climático; la presentación del II plan nacional de adaptación al cambio climático; el establecimiento de una senda de descarbonización a largo plazo; la celebración de una Asamblea Ciudadanos del cambio climático que refuerce la participación y el debate de la ciudadanía; y la transformación del modelo industrial y del sector servicios. “Esta declaración debe inspirar todas las políticas públicas”, prosiguió Ribera, quien avanzó que “en prácticamente todas las áreas” habrá “líneas transversales” de actuación para combatir el cambio climático y asegurar una transición ecológica justa.
Finalmente, el Gobierno adoptó otra serie de decisiones, entre las que figuran las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas; un acuerdo para impulsar las escuelas infantiles de 0 a 3 años para hijos e hijas de empleados del Ministerio de Defensa; ayudas para la restauración de las infraestructuras dañadas por la DANA del pasado otoño en la Comunitat Valenciana; y una orden ministerial para que cada departamento del Ejecutivo comience las tareas necesarias para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Sobre las futuras cuentas, Montero avanzó que, por primera vez, incluirá “un informe sobre el impacto de género de cada programa ministerial”.
El Gobierno progresista garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y destierra el 0,25% de Rajoy
El Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez adoptó en su primer Consejo de Ministros una decisión de calado: la revalorización de más de 11 millones de pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los y las pensionistas. En palabras del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, se trata de “que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo” y de trasladar “un compromiso nítido” con las personas mayores.
Sánchez recordó también que, con esta decisión, se corrige “el techo del 0,25%” impuesto por el Gobierno del PP, que implicó que las pensiones sólo subían un cuarto de punto al año con independencia del alza de los precios. Ese mecanismo, adoptado “sin consenso ni diálogo, y al margen del Pacto de Toledo”, supuso “una pérdida de poder adquisitivo” para los pensionistas, tal y como recordó en una rueda de prensa el presidente del Gobierno
La revalorización del 0,25% fue introducida por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy como parte de la reforma de las pensiones de 2013, adoptada sin consenso en el Pacto de Toledo y en contra de los intereses de los y las pensionistas, ya que implicaba una pérdida de poder adquisitivo al desvincular la revalorización de sus pagas de la evolución de los precios. Hasta entonces, las pensiones se revalorizaban de acuerdo al IPC de noviembre.
Así, en 2014, 2015, 2016 y 2017 las pensiones sólo subieron un 0,25% al año, pese a que la inflación acumulada entre enero de 2014 y diciembre de 2017 fue del 3,0%, según datos del INE, lo que significa que los y las pensionistas perdieron poder adquisitivo. El PSOE incluyó ya en su programa de 2015 la derogación de esta reforma y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y cumplió tras llegar al Gobierno en 2018.
En diciembre de 2018, pocos meses después de su llegada a La Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una subida del 1,6% para todas las pensiones, y del 3% en el caso de las mínimas. El Consejo de Ministros dejó así sin efecto el 0,25% decretado por Rajoy y garantizó los derechos de los pensionistas. Dado que el IPC en 2019 fue, finalmente, del 0,8% (inferior al previsto inicialmente), los pensionistas ganaron poder adquisitivo por primera vez en años.
Para 2020, el Gobierno de Sánchez ha aprobado una subida del 0,9% para todas las pensiones, en línea con las previsiones de inflación para ese ejercicio. Si los precios subieran más, los pensionistas recibirían una paga compensatoria antes de 2021, para garantizar la suficiencia de las pensiones. Esta medida figuraba en el programa de los socialistas para las generales de 2019, y figura también en el pacto de coalición firmado con Unidas Podemos.
En concreto, la hoja de ruta del Gobierno progresista señala, en torno a las pensiones, que “se blindarán las pensiones de nuestros mayores” asegurando “la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida” de “forma permanente” impulsando, además, un nuevo Pacto de Toledo y elevando especialmente el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.
