Espaldarazo a la política de vivienda del gobierno socialista y varapalo al PP

20200130-Abalos-630x354

Editorial de ‘El Socialista’

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el anterior gobierno socialista.

Con ello, el TC avala tanto el fondo de la nueva normativa, como el procedimiento empleado para aprobarla, y rechaza de plano el cuestionamiento que el PP hizo sobre la urgencia y la necesidad de estas políticas.

El fallo sólo puede interpretarse como un espaldarazo al Gobierno y como un varapalo a las objeciones del PP, además de a sus políticas de vivienda, cuyos desmanes y perjuicios corregía precisamente esta norma.

Por tanto, ha quedado patente que en España era urgente y necesario aumentar el tiempo mínimo de los contratos de alquiler, aumentar las prórrogas de estos contratos, y congelar las subidas. Como también era urgente y necesario limitar las garantías adicionales en los contratos, exigir más seguridad jurídica en los procedimientos de desahucio, implementar medidas fiscales y económicas para incentivar la oferta, y permitir que los ayuntamientos pudieran destinar sus remanentes de tesorería a recapitalizar sus parques públicos de vivienda.

Es decir, que la reversión que aprobó el gobierno socialista de la reforma ultraliberal impulsada por el PP en 2013, es plenamente constitucional, y que el PP ha fracasado estrepitosamente en su intento de frenar una veintena de medidas que se han demostrado verdaderamente urgentes y necesarias.

El PP debería dar explicaciones sobre las verdaderas razones que se esconden tras este nuevo intento de bloqueo a medidas sociales y, de paso, aclararnos por qué sí consideró necesario recurrir la sentencia de Tribunal Supremo que declaraba nula la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitres.

Seguramente no lo haga, porque para ello tendría que reconocer cuáles son sus prioridades, que pasan como sabemos por liberalizar sin control y descapitalizar el parque público de vivienda. En definitiva, dar la espalda a las familias y a los jóvenes, y favorecer a los fondos buitre.