El Consejo de Ministros aprobó este martes un incremento retributivo de 2% para los empleados y las empleadas públicas, tal como había prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y como establecía el acuerdo alcanzado con los principales sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). En palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, la medida representa el compromiso del Gobierno con la “recuperación de derechos de los empleados públicos”, cuya “dedicación, profesionalidad y vocación de servicio” puso de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo. La medida beneficiará a 2,5 millones de empleados y empleadas públicas.

Darias subrayó que el incremento tiene fecha de efecto el pasado 1 de enero y recalcó que el Gobierno “cumple los compromisos que adquiere”. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Maria Jesús Montero, apuntó por su parte que los funcionarios son un pilar clave para el “sostenimiento del Estado de bienestar”, y que la “recuperación de derechos para garantizar la cohesión social y territorial” es una de las “prioridades” del gabinete de coalición progresista. “No hay tiempo que perder en favor de la mayoría social”, apuntó Montero, que expresó el compromiso del Gobierno con “la política útil” para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.

Emergencia climática

Por lo demás, el Consejo de Ministros decidió declarar la emergencia climática, así como un calendario de medidas urgentes que se adoptarán en los 100 primeros días de Gobierno. Montero dijo que el objetivo es “situar el cambio climático como prioridad transversal” de la acción de todos los ministerios. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, explicó que esta declaración se ha adoptado por “justicia, futuro y responsabilidad”. “Las instituciones deben actuar frente al cambio climático, y el Gobierno está alineado con las demandas de los científicos y de los jóvenes, especialmente, que nos reclaman actuar con urgencia”, enfatizó.

Entre los “compromisos específicos” para los primeros 100 días de mandato, según detalló, figuran remitir a las Cortes Generales del proyecto de ley de cambio climático; la presentación del II plan nacional de adaptación al cambio climático; el establecimiento de una senda de descarbonización a largo plazo; la celebración de una Asamblea Ciudadanos del cambio climático que refuerce la participación y el debate de la ciudadanía; y la transformación del modelo industrial y del sector servicios. “Esta declaración debe inspirar todas las políticas públicas”, prosiguió Ribera, quien avanzó que “en prácticamente todas las áreas” habrá “líneas transversales” de actuación para combatir el cambio climático y asegurar una transición ecológica justa.

Finalmente, el Gobierno adoptó otra serie de decisiones, entre las que figuran las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas; un acuerdo para impulsar las escuelas infantiles de 0 a 3 años para hijos e hijas de empleados del Ministerio de Defensa; ayudas para la restauración de las infraestructuras dañadas por la DANA del pasado otoño en la Comunitat Valenciana; y una orden ministerial para que cada departamento del Ejecutivo comience las tareas necesarias para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Sobre las futuras cuentas, Montero avanzó que, por primera vez, incluirá “un informe sobre el impacto de género de cada programa ministerial”.