EFEVerde

La primera PNL, aprobada por mayoría de votos, ha sido presentada por la diputada del PSOE, Eva Patricio Bueno, para defender un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad que incluya mecanismos de comunicación, información y educación “capaces de concienciar sobre la lucha contra la destrucción de la Naturaleza y la importancia de descarbonizar plenamente la economía”.

Este programa “trasversal” se sustentará en dos pilares, la coordinación entre las administraciones y la participación pública, con el objetivo de que “la ciudadanía entienda qué está pasando para que pueda tomar decisiones y formar parte de este cambio” frente a la crisis climática.

El grupo socialista ha aceptado la enmienda presentada por el diputado del Grupo Mixto, Tomás Guitarte, en la que se insta a “poner en valor y brindar reconocimiento social al mundo rural”, ya que es su población “la que cuida de la Naturaleza”.

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EFE Madrid

El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, se ha mostrado este domingo «profundamente impresionado» por la actuación de las personas que trabajan en España en primera línea para combatir el coronavirus, ha destacado la solidaridad de los españoles y ha reconocido la actuación del Gobierno.

En un mensaje a través de Twitter, Kluge se ha mostrado «profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de primera línea», que combaten la pandemia, y ha señalado la «solidaridad de los españoles» y la «resolución inspiradora» del Gobierno español en esta pandemia.

El alto responsable de la Organización Mundial de la Salud ha expresado su «optimismo prudente» como resultado de la actuación del Gobierno con medidas que calificó de «audaces», los «enfoques innovadores» y las «decisiones valientes» que ha tomado, a través del Ministerio de Sanidad, el encargado de coordinar toda la gestión del ejecutivo relacionada con la pandemia.

El coronavirus ha causado ya en España 12.418 fallecimientos y ha contagiado a 130.759 personas, según las últimas cifras oficiales, en las que se ve una ralentización en los efectos negativos de la pandemia.

Para frenar los contagios y evitar el colapso del sistema sanitario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una prórroga de otros quince días de estado de alarma, hasta el 25 de abril, que supone el confinamiento de casi toda la población, que no puede salir, excepto para hacer compras imprescindibles o realizar trabajos esenciales.

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Rosa María Artal

Es como si cada día chocaran dos aviones en uno de nuestros aeropuertos. Así han llegado a describir algunos sanitarios el impacto de las muertes diarias que causa el coronavirus. Y los afectados que precisan camas, UCIs, profesionales que les atiendan. Yo no sé qué parte no se entiende de cómo está actuando el coronavirus: mata, arroja a una espantosa muerte en soledad por la saturación de los hospitales, traumatiza por fuera y por dentro hasta a quienes no lo padecen –que son la mayoría-, llena de incertidumbres el futuro económico, ha despertado ejemplares conductas de solidaridad y también una inhumanidad brutal que avergüenza a la especie humana por quienes quieren sacar tajada de la desgracia sin el menor escrúpulo. Y, de todo, el primer y total zarpazo: están muriendo centenares de personas y a muchos nos importa. A otros no, a los distraídos con lo suyo, no tanto; a las hienas, en absoluto.

Las cifras son demoledoras, aunque pocos países las han llevado con rigor y no son concluyentes por completo. España anotaba este martes 849 fallecimientos más y superaba los 94.000 casos de coronavirus. Y a la vez, según el Imperial College, las medidas de prevención en España habrían salvado 16.000 vidas. El miedo y el desconcierto son lógicos. Pero hay que matizar porque la oposición -de amplio espectro- está desplegando una campaña de tierra quemada que perjudica a todos. Salvo a los que esperan sacar provecho de ella. Se suceden, no solo críticas, sino peticiones de comparecencias, estudios, querellas. Ante una pandemia mundial. Si otros países tuvieran semejante cerco no podrían ni dedicarse a lo esencial: salvar a los afectados y atajar la expansión de la enfermedad. Y problemas, hay. La falta de medidas de protección y respiradores es común a numerosos países. En Lombardía les engañaron, a Díaz Ayuso la estafaron –cree-, tras pagar 23 millones de euros, al Gobierno le dieron una partida de test defectuosos. Solo Pedro Sánchez está en la diana.

Por supuesto, como presidente del Gobierno, Sánchez tiene la mayor responsabilidad y hay que exigirle soluciones y respuestas hasta donde esta pandemia y el estado previo de nuestro país puede darlas. Incluso ayudarían medidas más radicales, pero todas suscitan el rechazo de la oposición. Tenemos un grave problema en España con quienes ni hacen, ni dejan hacer.

He sido bastante crítica con Pedro Sánchez -si me perdonan la primera persona-, pero ahora mismo me aterra la caza a la que está siendo sometido en un momento crítico de nuestra sociedad. Ni los dirigentes que realmente nos han dañado con sus decisiones han recibido un trato tan despiadado. Ni por asomo, de hecho. Desde Aznar, cuajado de errores trágicos (Invasión de Irak, atentados del 11M, Yak-42, Prestige, burbuja inmobiliaria) a cuantos nos han robado, vendido, manipulado, engañado.

El fuego sucio desplegado contra Pedro Sánchez –y contra algunos miembros de su gobierno- no tiene justificación, y menos cuando tanta traba para resolver problemas daña al conjunto de la sociedad. Ni objetivamente ni humanamente. Cuando después de un cúmulo de zancadillas forma un gobierno progresista con un programa social, llega esta bomba del coronavirus de tan amplia onda expansiva. Tiene a su mujer enferma, a una hija; a su madre y a su suegro, ingresados. Al país traumatizado por cuanto ocurre, lleno de angustia. La cara se le cae a trozos, y aguanta a pie firme, cada vez más solo –destacan algunos desde su silla- quizás porque quiera asumir la misión y sus consecuencias y quemarse en ella si es preciso. Tiene un gesto a veces que así lo indica. Eso parece provocar otro tipo de críticas: no cuenta con los presidentes autonómicos, enfadados ya porque se enteran de las decisiones de calado por la prensa, dicen. Y lo primero es lo primero.

Sánchez aguanta. Recordemos que Rajoy –el especialista en resistir selectivamente- dejó su silla en el Congreso con el bolso de su vicepresidenta llenando el hueco, cuando las vio mal dadas en la moción de censura y pasó horas en un restaurante. Ana Botella se refugió en un spa de lujo en Portugal cuando la tragedia del Madrid Arena. El trato a Pedro Sánchez es desalmado, cuando con seguridad no ha ido a ese cargo a lucrarse como sí hacen otros. Y lo mismo cabría decir –en toda la extensión- de los brutales ataques que sufre la ministra Irene Montero y el vicepresidente Pablo Iglesias. Ser acusados, falsamente, de causar «miles de muertos» no es como para afrontar el día con empuje, por fuerte que sea el empeño. Desde luego, hay mucha gente, yo misma, que dentro de las incertidumbres estoy más tranquila pensando que la gestión la están llevando personas decentes y tan capaces al menos como los de otros partidos, si es el caso.

Volvamos al principio: el coronavirus mata. No es un partido de fútbol en el que brindamos con una copa por el triunfo del equipo favorito. Y porque mata, sabemos lo mucho que nos jugamos con las insidias interesadas de las hienas de todo pelaje; de cordero o borrego, incluidos. La feroz batalla hoy está en que el Gobierno ha paralizado parcialmente la actividad no esencial y, los mismos que la pedían antes, ahora lo censuran porque ven que hacerlo da votos en una ciudadanía asustada que no entiende lo que pasa.

Lo más terrible son esas acusaciones de las pérdidas económicas que se van a producir… con el decreto. ¿Con el decreto o con la pandemia? Numerosos países están deteniendo la actividad porque se trata –¿lo repetimos?- de salvar vidas humanas. Al ultraderechista presidente de Brasil tal minucia no le importa. El de EEUU, Donald Trump, se da por satisfecho si solo mueren cien mil o doscientos mil estadounidenses. Aquí ¿qué cabe deducir de sus apuestas?

¿Los beneficios empresariales valen más que la vida de seres humanos? ¿Quién decide de cuáles? ¿De los que no tienen acceso a UCI porque se esquilmaron los recursos de la sanidad pública para dar negocio a la empresa privada? Por supuesto que va a haber muchos daños, y paro, y pobreza. Consecuencia de la pandemia en primer lugar. Previsiblemente, cuando salgamos de esta, muchas actividades se recuperarán, aunque no todas ni en similar proporción. Y ahora mismo ¿hay algo que importe más que la vida de las personas? Pues miren, de cualquier modo, los muertos no consumen.

Llama poderosamente la atención la frecuencia con la que se pregunta: «de quién es la culpa». Como si adjudicarla nos devolviera a la vida a los muertos y el sosiego a los angustiados. Hay problemas a los que la ciencia no ha encontrado aún solución, cosa que no logran comprender en particular quienes más la desprecian. Y este caso no puede atribuirse, como otros, tanto a negligencias como a contexto. Una pandemia se ve sin duda afectada por el escenario de precariedad preexistente o por decisiones más o menos acertadas. Y ésas son las varitas mágicas: ciencia, medios y acierto. Y si no se entiende es porque previamente se ha hecho una concienzuda labor de infantilización de la sociedad a través de la banalidad.

La culpa. Pablo Casado se ha lanzado a tumba abierta –tan apropiado el tópico- a desestabilizar al Gobierno. Tarea particularmente deleznable en un momento así. Imagínenlo con sus carreras y másters exprés dirigiendo la pandemia. No hace falta imaginarlo: lo dice. No apoyará los nuevos decretos del estado de alarma si no se modifican de forma que el coste no recaiga en la empresas. Los decretos del Gobierno van dirigidos por el contrario a aliviar el peso de los asalariados y colectivos más vulnerables. Desde un susbisidio para trabajadores temporales con contratos extinguidos, a la ampliación del bono social o moratoria en los pagos a autónomos y pymes o la prohibición de cortes de suministros, entre otras. Un paquete de 50 medidas de largo alcance. En esas diferencias pueden estar las claves del acoso. Porque la reacción ha sido tan exagerada que el líder de Vox ha pedido a Sánchez que dimita, se forme un gobierno de «Emergencia nacional» y se haga cargo el ejército de la logística. Esta derecha española que siente tan lejana la democracia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la misma intención, manda a la brigada paracaidista a dejar la bandera de España a media asta en señal de luto en IFEMA, mientras los sanitarios se desesperan dentro diciendo que ese caos no se parece en nada a un hospital y la consejería cierra 46 centros de Atención Primaria para enviar a su personal a tratar el coronavirus. Como postura política: la caridad. Tras los destrozos del PP en la sanidad pública, Ayuso «abre una web para donaciones a la Sanidad a cambio de deducciones fiscales». Es decir, las rebajas de aquellos las pagamos todos por un privilegio encubierto. Una concepción medieval del poder. Ésa que se prolongó en España durante siglos y que agradece al señorito lo que quiera darle sin un reparto justo de las cargas. Y la «prensa» mirando tan solo a La Moncloa. Un equipo compacto, como recogía este colega con ironía.

Frente al esfuerzo sobrehumano ya de los sanitarios y de tanta gente que nos cuida -desde las personas que en cada barrio están ayudando a quienes lo necesitan a llevar la compra o lo que precisen-, tenemos a las hienas desatadas por los pastores de la jauría. Elena, una médico de la zona norte de la comunidad de Madrid, está asustada de cómo su mensaje de haber caído infectada por el virus era utilizado para sembrar zozobra en la población y desestabilizar al Gobierno: fue replicado textualmente para causar esa sensación. Y es la punta del iceberg. Lo de WhatsApp y los bulos, eso es ya el inframundo.

Los guías de opinión hablan a las claras o entre líneas. En La Razón, por ejemplo, cuyos responsables se asoman permanentemente a las pantallas de una televisión a menudo devastadora del criterio, tienen claro que Pedro Sánchez está «abocado al sacrificio político», dicen un día, y luego se inventan entrecomillados para promocionar el gobierno de «unidad nacional» que busca la derecha y aquellos a quienes esta derecha española beneficia. Es agotador hasta recopilarlo.

En crónicas más elaboradas se compara el coronavirus de Sánchez con la crisis de 2008 que se llevó a Zapatero, y –pásmense- con «el procés —y la corrupción de su partido— que tumbaron al conservador Mariano Rajoy», como si hubieran llovido del cielo sin responsabilidad alguna de su presidencia. Demoledora esa ley del embudo que, en ocasiones, contagia a muchos más periodistas, ansiosos de buscar las críticas que equilibren en un remedo de objetividad desajustada.

Sobre el dolor y la muerte que produce el coronavirus se libra la batalla que siempre quisieron: fascismo o humanidad, irracionalidad o lógica. Orban en Hungría ya ha terminado de cargarse la democracia «por tiempo indefinido», tenemos el primer Estado totalitario oficial dentro de la Unión Europea tan remisa a actuar como Unión. A lo conocido se añaden otros escenarios. La pandemia llega ya a Latinoamérica con varios países que, como Chile, no tiene sanidad pública desde Pinochet. La expansión puede ser enorme. Se cifran en tres mil millones de personas las que carecen de acceso fácil a agua corriente y jabón en el continente americano, Asia y África. Es un polvorín.

La incertidumbre, el temor al ser humano que contagia, los vengadores de los balcones que incitan persecuciones, la policía que pega indebidamente, las libertades coartadas -con visos de temporalidad y por un bien se estima que superior- andan gestando lo que César Rendueles llama, en El País, «La tormenta perfecta del autoritarismo». Dice el sociólogo, sin embargo, que se crea «un escenario perfecto para una extrema derecha capaz de conjugar un programa económico posneoliberal con una gestión inteligente del rencor social y el miedo colectivo». Yo diría, una gestión desaprensiva.

Los daños del coronavirus son inmensos, desproporcionados incluso a lo que en sí debería representar un virus. Ha sacudido todos los cimientos. Hay un gran deseo de salir de este pozo en la sociedad pero también incertidumbre e impaciencia. Ha quedado absolutamente demostrado el fracaso del sistema neoliberal y hasta el posneoliberal. Los ciudadanos están viendo en sus carnes la importancia de tener un sistema público de salud fuerte que afronte embestidas como ésta y las de todos los días. Ocurre en el mundo entero. En todos los continentes. Luego no cabe ni más de lo mismo, ni mucho menos el más del fascismo. Sería decepcionante también que la maldad no tuviera siquiera condena social. Pero la respuesta depende de cuánto se quiera tragar lo que se inoculan a través de todos los medios a su alcance y todas las escenografías.

Llegados a este punto, cuando es tanto lo que peligra, solo cabe la defensa y la afirmación. Perdonen si algunos no somos corteses con ustedes, los torpes y los listos que actúan contra nuestros intereses y hasta contra los suyos. Nos dan igual sus risas y sus aullidos de hienas. Lo que pasa es que ahora están en juego nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Y las de quienes precisamente se esfuerzan por salvarnos. No podemos permitírselo. ¿Lo entienden ya?

Noticia de eldiario.es

El País

Oriol Guell

“Quien quiera vivir que viva, pero a los demás que nos dejen morir dignamente”. Con estas palabras de Fernando Cuesta, enfermo de ELA que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su vida, ha arrancado este martes en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España. Presentada por el PSOE, es la primera que echa a andar esta legislatura y ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara salvo PP y Vox. En total, ha recibido 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.
Ha sido la diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo la que ha elegido las palabras de Cuesta como forma de brindar un reconocimiento a todas “las personas y familias que no quisieron quedarse con los brazos cruzados y han luchado para que otros puedan acogerse a este derecho”.
El recuerdo de quienes han muerto en España sin la eutanasia legalizada —Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe, María José Carrasco…— ha sido una constante en un debate que ha tenido momentos con una alta carga emocional y que se ha crispado cuando el diputado del PP José Ignacio Echániz ha acusado a los impulsores de la ley de querer ahorrar a costa de “los más vulnerables”.
“El sufrimiento no tiene ideología”, ha insistido por su parte Carcedo, antes de desplegar los puntos más importantes de una norma que convierte la eutanasia en “un derecho” que será “incorporado a la sanidad pública”. El texto así lo reconoce para quienes lo soliciten y sufran “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que cause “un sufrimiento insoportable”.
La norma, que permite a los médicos declararse objetores de conciencia, pasará ahora a la Comisión de Sanidad, donde los grupos parlamentarios negociarán uno a uno sus 19 artículos y cuatro disposiciones adicionales. La mayoría confía en que el texto, que es la tercera vez que es tomado en consideración, sea aprobado este mismo año. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado que podría producirse incluso antes del verano, en junio.
En su primera intervención, Echániz ha afirmado que la iniciativa legal es de “dudosa constitucionalidad” y ha querido presentar como alternativa una ley de cuidados paliativos. Pero ha sido en el turno de réplica cuando el diputado del PP ha incendiado la sesión al calificar de “recorte social” la eutanasia. Según Echániz, tras la iniciativa de los socialistas se esconde la voluntad de “ahorrar” en “pensiones” y “tratamientos médicos”. “Es el sustrato de este proyecto de ingeniería social que ustedes quieren promover”, ha afirmado.
Lourdes Méndez, de Vox, también ha utilizado términos muy duros contra quienes apoyan la nueva ley, a los que acusa de decir a “las personas que padecen un sufrimiento insoportable que su vida no es digna”. “Es la respuesta que se les ocurre dar a un sistema de pensiones quebrado”, ha añadido Méndez, sumándose a las tesis populares.
“Me parece muy cruel decir que esto es una cuestión para reducir costes”, ha sido la réplica del diputado del PNV Joseba Agirretxea. Para los nacionalistas vascos, la necesidad de la ley es la consecuencia de fenómenos como “la mayor esperanza de vida” o la creciente cronicidad de muchas dolencias: “No es un debate médico, es un debate social, ético y político. Debemos decidir quién decide sobre cómo morimos”.
Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha mostrado su “orgullo” por participar en la tramitación: “Nadie tendrá que hacer como Ángel Hernández”, encausado por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, sino que quienes requieran la eutanasia “podrán hacerlo en la sanidad pública”. Echenique ha calificado a PP y Vox de “gente sin escrúpulos” y ha llamado a los diputados a “estar esta vez a la altura”, tras los intentos fallidos previos.
Ciudadanos también se alineó en favor de regular esta práctica. Tras iniciar su intervención con duras palabras contra Echániz, la diputada Sara Giménez se felicitó de tener la posibilidad de “debatir sobre derechos y oportunidades”.
El resto de grupos minoritarios, salvo Navarra Suma, se volcó en favor de la iniciativa. Para Íñigo Errejón, del Grupo Mixto, el Congreso debe ratificar lo que ya “tiene la mayoría en el sentido común de la gente”. “Hoy regulamos un derecho individual, como es el de poder elegir qué hacer si la vida se ha convertido en sufrimiento”, afirmó.
“Es hora de que se reconozca a todas las ciudadanas del Estado español el derecho a una muerte digna”, dijo Carolina Telechea (ERC). “Es una ley que en ningún caso impone a nadie este procedimiento”, se sumó Pedro Iturbe (Coalición Canaria). “Hoy vivimos un triunfo de la sociedad civil organizada”, afirmó Albert Botran (CUP). “Es una ley garantista”, defendió Sergi Miquel (Junts per Catalunya). “Es una ley necesaria”, terció Néstor Rego (BNG). “Es una cuestión importante y urgente. Ya son muchos años desperdiciados, de sufrimientos inútiles”, aportó Iñaki Ruiz de Pinedo (Bildu).
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra que la mayoría de la población española está a favor de regular la eutanasia y el suicidio asistido. El 58% de los españoles responde “sí” cuando se le pregunta si apoya esta práctica frente a solo el 10% que se muestra en contra “con seguridad”. La más apoyada de las opciones intermedias, con un 15%, es la que afirma: “Creo que sí, pero no estoy totalmente seguro”. “El apoyo ha sido claro y consistente desde hace más de una década”, sostiene Rafael Serrano del Rosal, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC.

Noticia

EFE. El Mundo

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social eliminará los copagos farmacéuticos a los pensionistas»en situación de mayor vulnerabilidad» y recuperará las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales de la ley de dependencia.

Así lo ha anunciado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha anunciado que pondrá en marcha en los próximos meses una batería de medidas encaminadas a recuperar los derechos y «transformar» el sistema sanitario y social.

Entre estas medidas, Montón ha anunciado que el Gobierno trabajará para eliminar los copagos farmacéuticos durante esta legislatura y empezará por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.Además, «en las próximas semanas» se aprobará la modificación del decreto para recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria, una medida que -ha señalado- beneficiará a unas 280.000 personas.

En el último trimestre de este año, el Gobierno recuperará también las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la ley de dependencia -el 90 % son mujeres- y 180.000 personas se verán beneficiadas por esta medida.De cara a 2019, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desarrollará una Estrategia de Apoyo a las Familias Vulnerables y en el primer periodo de sesiones de ese año se remitirá al Congreso el Proyecto de Ley contra la violencia en la Infancia.Montón también ha anunciado que en el mismo plazo se aprobará un Plan para la prevención del suicidio y el manejo de la conducta suicida en el ámbito de la salud mental.

«La homeopatía no cura»El Gobierno va a instar a la Comisión Europea a que modifique una directiva por la que establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, y deje de considerar a los productos homeopáticos como medicamentos.La ministra Carmen Montón lo ha anunciado en la Comisión de Sanidad del Congreso en la que ha detallado una batería de medidas y en la que se ha mostrado una «firme defensora de la evidencia científica en la practica clínica».

«La homeopatía no cura», ha sostenido la ministra, quien ha advertido de que «pondrá orden» en el mercado y hará cumplir la regulación sobre autorización y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano.Así, Sanidad pondrá en marcha los mecanismos legales necesarios para asegurarse de que en el mercado solo permanezcan los productos autorizados y la ministra no descarta, si es necesario, sanciones.

La ministra se ha comprometido además a que su departamento informe «con veracidad y claridad» a la ciudadanía para evitar situaciones «dramáticas» en las que no sean sustituidos tratamientos avalados por la evidencia científica por la homeopatía.La nueva titular de Sanidad tiene la intención de introducir el concepto coste-valor en la evaluación y financiación de los medicamentos, y de desarrollar un modelo que determine el valor que aportan los fármacos tanto de forma individual como comparativamente con las alternativas financiadas ya existentes.

Sanidad fomentará el uso de los medicamentos genéricos y los biosimilares, y potenciará las compras centralizadas según las necesidades de las comunidades.A las comunidades, por otra parte, les ha asegurado que se activará el fondo de cohesión sanitaria y el de garantía asistencial para que beneficien tanto a los pacientes como a las autonomías.

También les ha animado a extender a todos los usuarios las ventajas que proporciona la interoperabilidad del sistema sanitario.En su opinión, «estamos en condiciones de completar el mapa» de esa interoperabilidad, es decir que todas las comunidades puedan intercambiar historias clínicas y hacer que los ciudadanos puedan acceder a la misma a través de internet y recuperar cualquier receta independientemente de donde fuera prescrita.Por eso ha animado a las comunidades a completar ese mapa.

Noticia publicada en El Mundo el 12 de julio de 2018

Natalia Junquera. EL PAÍS

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció este miércoles que el Gobierno asumirá la búsqueda de desaparecidos del franquismo que aún yacen en fosas y cunetas —ahora ese proceso estaba en manos de familiares y voluntarios— y elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo pretende reformar la ley de memoria histórica para anular las sentencias de tribunales franquistas y crear una comisión de la verdad . Estudia, además, la ilegalización de asociaciones que hacen “apología de franquismo”, como la Fundación Franco.

«No puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un Ayuntamiento”, declaró la ministra de Justicia, Dolores Delgado, este miércoles en el Congreso. “Es inaceptable que España siga siendo el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya”. Quedan por abrir más de 1.200 fosas comunes, según el mapa disponible en el Ministerio.

Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la ley de memoria histórica, el Ejecutivo dio subvenciones a las asociaciones de víctimas del franquismo para que fueran ellos, los familiares, quienes se encargaran de buscar y abrir las fosas reclutando a profesionales. El Gobierno de Mariano Rajoy redujo a cero esas partidas presupuestarias y las fosas se abrieron entonces con donaciones de sindicatos noruegos de electricistas, la dotación de premios desde EE UU, o exhortos enviados desde la justicia argentina, a 10.000 kilómetros de la escena del crimen.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asumirá ahora de principio a fin esa tarea: desde la recién creada dirección general de memoria histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, elaborará un plan nacional de búsqueda de desaparecidos y contará para ello con un grupo de expertos arqueólogos, abogados, forenses y representantes de las asociaciones de víctimas. Los resultados se publicarán en el BOE anualmente o en los boletines oficiales de las comunidades donde se haya hecho la exhumación, y se elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El primero. Hasta la fecha, solo los datos reunidos por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su intento de investigar los crímenes del franquismo abarcaban todo el territorio nacional.

Delgado recordó durante su comparecencia el “demoledor” informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que en 2014 visitó España y denunció el abandono total de las victimas del franquismo por parte del Estado.

“Me parece una magnífica noticia”, declara a EL PAÍS De Greiff, que dejó hace un mes el cargo de relator de la ONU. “La privatización de las exhumaciones era una política condenada a pésimos resultados. Son procesos difíciles: Argentina y Chile han logrado maravillas, pero 30 años más tarde de lo que pensaban. Esto debe ser una política de Estado, tiene beneficios para todos”, añade.

La ministra insistió en que “hablar de memoria es hablar de justicia” y declaró que el Gobierno quiere realizar una “reforma integral” de la ley de memoria histórica para cubrir las carencias denunciadas estos diez años por las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Así, el Ejecutivo pretende declarar nulas las sentencias franquistas —en 2007 se declararon ilegítimos los tribunales, pero no se anularon sus resoluciones—; crear una comisión de la verdad e imponer sanciones económicas a quienes no retiren la simbología de exaltación franquista.

Desde la oposición, el PSOE presentó en varias ocasiones estas propuestas, y fueron rechazadas. La última vez, por “motivos presupuestarios”.

Fundación Franco

Asimismo, como avanzó este diario, el Ejecutivo estudia cómo ilegalizar a “asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo”. La Fundación Nacional Francisco Franco, que pone flores frescas cada día en la tumba del dictador, custodia archivos y recoge en su web múltiples artículos de elogio a Franco y menosprecio de la durísima represión que llevó a cabo, lo que el hispanista Paul Preston llama “el holocausto español”. Entre las posibilidades a estudio por parte del Ejecutivo está llevar al código penal el delito de “apología del franquismo” y modificar la ley de asociaciones y fundaciones. La de Franco ya no recibe subvenciones hace años, pero sus socios disfrutan de beneficios fiscales.

Noticia publicada en El País el 12 de julio de 2018

Manuel V. Gómez. El País

El Gobierno sabe que no tiene fuerza parlamentaria para derogar toda la reforma laboral, pero sí que parece tenerla para reformar uno de sus pilares básicos: la negociación colectiva. “Hay que rescatar el convenio sectorial”, anunció este martes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo que los situaría por encima de los convenios de empresa. Esto se traduce en un reequilibrio del poder de negociación hacia patronal y sindicatos, más fuertes en los sectores.

Haciendo de la necesidad virtud, el Gobierno plantea que quiere hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores a medio o largo plazo, y renuncia a derogar toda la reforma laboral de 2012. El objetivo es muy ambicioso, tanto que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tienen dudas de que se pueda lograr esta legislatura. Pero entretanto pretenden hacer cambios parciales en esa reforma, tan señalada por el PSOE desde la oposición. Y algunas de esas modificaciones son en puntos clave. Una de ellas es devolver a los convenios colectivo sectoriales —estatales, regionales o provinciales— el protagonismo perdido hace seis años.

«Se propone recuperar el poder de la negociación colectiva. Hay que limitar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. El convenio empresarial es susceptible de no reflejar fielmente el equilibrio necesario», proclamó la ministra de Trabajo en su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso.

La subida de los sueldos más bajos a 1.000 euros conlleva incrementos de hasta el 38%

En concreto, la intención del Ejecutivo, aclaraban fuentes de Trabajo, sería que lo pactado por sindicatos y patronales sobre salarios y jornadas de trabajo (número de horas a trabajar cada año) en los ámbitos sectoriales estuviera por encima de lo que se pactara en el seno de las empresas. Para este ámbito quedarían temas de organización interna, como el horario, los turnos y otros elementos de las condiciones laborales.

Apoyos parlamentarios

¿Podrá llevar adelante esta medida? En la respuesta de varios grupos de los grupos parlamentarios se vio que puede reunir los apoyos necesarios con facilidad. Por ejemplo, tanto Unidos Podemos como PDeCAT, ERC y PNV vinieron a decir que les gustaba la propuesta.

No es el único cambio que prevé hacer Trabajo si logra el apoyo parlamentario necesario. También quiere que la ley asegure la vigencia de los convenios vencidos hasta que se renueven. Esto también supondría una vuelta a la regulación previa a 2012, que limitó esta prórroga automática, conocida técnicamente como ultraactividad, a un año. «Nos proponemos devolver la ultraactividad según la jurisprudencia y lo recogido en el pacto salarial», señaló Valerio, en referencia a lo que UGT, CC OO, CEOE y Cepyme han acordado, que es exactamente eso: mantener la vigencia de los convenios mientras haya negociaciones para su renovación.

Todos los anuncios hechos por Valerio sobre negociación colectiva iban en la misma línea: devolver fuerza en las relaciones laborales a los sindicatos, que perdieron parte de ella en 2012. Profundizaría en ello otro de los anuncios hechos: dificultar los descuelgues o incumplimientos de estos convenios. Estos, además, estarían condicionados al mantenimiento del empleo y su viabilidad.

Además, Trabajo ha apuntado que pretende aprovechar la invitación de los agentes sociales en el pacto salarial para cambiar la regulación de la subcontratación en España, artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y evitar que a través de ella se precarice el empleo. Y ahí ha señalado a una de las proposiciones de ley que presentó el PSOE hace casi dos años como uno de los instrumentos que podrían utilizarse para desarrollar los cambios legales.

Calidad del empleo

La intervención de Valerio incidió en un elemento que ya había subrayado en intervenciones públicas anteriores: «Es básico crear empleo —recordó que España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de la OCDE— pero tan básico como crearlo es que sea de calidad, estable y con derechos». Ahí puso el foco sobre los contratos a tiempo parcial y los temporales.

Con estos últimos, señaló que su intención es aumentar lo que cotizan los contratos más cortos, de una semana o menos, que ahora suponen uno de cada cuatro de los que se firman, para desincentivar su abuso. Se trataría de que estos no solo coticen por la base real que deberían, es decir, que estos contratos también paguen por los periodos equivalentes de vacaciones pagadas, periodos de descanso retribuidos y pagas extra que se generan con ellos. Sobre los cambios en la contratación para luchar contra la temporal, habló de una receta vieja: recuperar la causalidad en la contratación temporal. Es decir: que el empleo temporal esté justificado. Un punto en que se detuvo con contundencia fue en los falsos autónomos: «Hay que vigilar y desenmascarar». Valerio señaló este fraude como una forma de «huir de la disciplina laboral».

Noticia publicada en El País el 11 de julio de 2018

20 minutos

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este martes que el Gobierno quiere revisar y recuperar el subsidio para mayores de 52 años.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Congreso. Esta ayuda para mayores de 52 años fue elevada a los 55 años en la reforma laboral por el Gobierno anterior.

La ministra ha anunciado esta medida después de que el Tribunal Constitucional haya declarado este martes inconstitucional y nula una disposición legal del año 2013 que establecía como requisito para acceder al subsidio de mayores de 55 años el carecer de rentas familiares.

De este modo, se vuelve a la situación inicial, en la que solo se tenían en cuenta las rentas personales a la hora de conceder o no el acceso al subsidio.

El fallo del TC, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado  a raíz de un recurso presentado por el PSOE, declara inconstitucionales y nulas varias disposiciones del Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 2013 sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

En concreto, la disposición final primera, ahora anulada por el TC, establecía que aunque el solicitante careciera de rentas personales, en caso de tener cónyuge y/o hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos «únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias».

Recurso por parte del PSOE El Constitucional ha anulado esta disposición, si bien su decisión se basa en la incorrecta utilización por parte del Gobierno del PP de la fórmula del Decreto Ley. La sentencia no estima en su totalidad el recurso presentado por el PSOE, aunque sí parcialmente para determinadas disposiciones de la norma.

El fallo consta de un voto particular de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer en el que defienden que debía haberse estimado íntegramente el recurso de inconstitucionalidad porque el Gobierno no aportó una justificación suficiente que le habilitara para el uso de la legislación de urgencia, una consideración que entienden válida para todos los preceptos de la norma y no sólo aplicable a determinadas disposiciones.

Noticia publicada en 20 minutos el 10 de julio de 2018

La brecha entre lo que ganan los trabajadores precarios y los que tienen empleo de calidad aumenta

Manuel V. Gómez / El País
Las evidencias de que la desigualdad crece entre los trabajadores precarios y quienes tienen un empleo de calidad se agolpan. Son los primeros quienes más han sufrido la devaluación salarial y eso se ve en los datos: los asalariados indefinidos ganaron 9.066 euros al año más que los temporales en 2014, la mayor diferencia de la serie del INE; los que trabajan a jornada completa ingresaron 17.170 euros más que los que tienen un empleo por horas. También subió la desigualdad medida por el índice Gini al máximo desde 2008.

El salario medio en España creció en 2014. Apenas lo hizo, solo un 0,7%, un porcentaje que se asemeja más a una congelación que a una subida. Sin embargo, fue suficiente para romper la tendencia a la baja de los dos años anteriores. Se situó así en una media de 22.858,17 euros antes de pagar impuestos y cotizaciones sociales, según la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se analiza por sexos, la ganancia media de los hombres (25.727,24 euros) fue mayor que la de las mujeres (19.744,82 euros). Esto supone que por cada tres euros que gana una mujer asalariada un hombre ingresa uno más, cuatro.

Estos son datos de promedios obtenidos de las más de 25.000 cuentas de cotización y casi 210.000 trabajadores seleccionados con los que se elabora esta estadística. En realidad, la mayor parte de quienes trabajan en España ganan menos. Otros dos datos conocidos lo subrayan. El salario mediano, el que divide al colectivo en dos mitades iguales según ingresos, es de 19.263,8 euros al año. Y el sueldo más frecuente baja hasta los 16.490,8 euros brutos al año, lo ganan unas 600.000 personas.

En sendas cifrass hay un incremento entre 2013 y 2014, en cambio, tanto estos aumentos como el del salario medio, no han supuesto una reducción de la desigualdad entre los asalariados. Cuando el INE mide este concepto a través del índice Gini —un indicador que calcula la desigualdad en un colectivo en el que cero marca la igualdad total y 100 la desigualdad máxima— el resultado es 34,7. Esta cifra supone un incremento de una décima respecto a 2013 y un máximo en la serie estadística que comienza en 2008. Desde entonces, año en que la caída de Lehman Brothers disparó la crisis financiera, y durante todos los ejercicios posteriores excepto en 2011, el índice Gini ha subido, es decir, la desigualdad ha aumentado entre los asalariados.

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Hay varios datos entre los publicados por el instituto de estadística que ayudan a explicar esta tesis y que van en una línea: la devaluación salarial ha afectado más a los trabajadores precarios. La brecha entre lo que ganan los trabajadores fijos y los temporales creció hasta los 9.065,9 euros. Desde 2009, la diferencia entre las remuneraciones de quienes tienen un empleo estable y quienes no lo tienen no ha hecho más que crecer, de casi 7.300 euros al año a más de 9.000.

También la brecha, casi una sima, entre las ganancias anuales de los empleados a tiempo completo (casi 27.000 euros) y las de quienes trabajan por horas (unos 9.800 euros) se agrandó al máximo. Los 17.170 euros de hace dos años es la máxima distancia entre las retribuciones de los dos colectivos.

El crecimiento de ambas brechas combinado con el aumento en 2014 de los trabajadores a tiempo parcial (75.000) y los temporales (176.000) ayuda a encontrar una de las causas para explicar que la desigualdad siguiera aumentando ese año.

Diferencia de 34.000 euros

Por si no hubiera suficientes datos que sustentan el incremento de la desigualdad en esta encuesta de estructura salarial (una estadística que se elabora cada cuatro años, tocaba en 2014, y que compone un serie comparable con la que se realiza cada año, excepto cuando toca la cuatrienal), también la comparación entre la décima parte de trabajadores que menos gana con la de los que más gana va en la misma dirección. Mientras las ganancias del primer grupo continuaron descendiendo, hasta los 7.626,20, las de los segundos siguieron creciendo (41.350,36).

De 2008 a 2014, el sueldo de la decila de empleados que menos gana ha pasado de representar el 23% de las remuneraciones de quienes más ingresan, a bajar hasta el 18%.

Esta catarata de datos está en consonancia con otros emitidos desde organismos internacionales que apuntan que España es uno de los países en los que la desigualdad más ha crecido con la crisis. Este incremento se debe fundamentalmente a la intensa destrucción de empleo que hubo entre 2007 y comienzos de 2014. No obstante, es evidente que en este periodo también el aumento de la desigualdad ha llegado a través de la devaluación salarial que se ha cebado especialmente en los trabajadores más precarios.

Las mujeres ganan un 23,2% menos que los hombres

En 2014 comenzó a cerrarse la brecha salarial de género por primera vez, al menos, desde 2008. La diferencia entre el salario bruto anual de los hombres (25.727,24 euros) y el de las mujeres (19.744,82 euros) disminuyó 178 euros respecto a 2013. De mantenerse este ritmo sostenido, y teniendo en cuenta que la diferencia todavía es de 5.982,42 euros, cerrar la brecha que hay entre los sueldos de hombres y mujeres costaría poco más de 33 años y medio.

Con los datos de 2014, el salario de las mujeres representa el 23,2% menos que el de los hombres. Esto supone una evolución paralela a los números absolutos, ya que este porcentaje también creció hasta el ejercicio anterior.

Una de las explicaciones tradicionales de la diferencia entre las retribuciones de hombres y mujeres es que estas últimas son una inmensa mayoría entre los trabajadores a tiempo parcial. Esto supone que a la hora de elaborar los datos medios las menores ganancias de quienes trabajan a media jornada reduce el resultado. Pero esta explicación es incompleta porque también el salario por hora de las mujeres es menor al de los hombres. Por cada hora que trabajan ellas, cobran una media de 10,6 euros; ellos, en cambio, ganan 12,2 euros, un 15% más.

Noticia publicada en El País el 29 de junio de 2016

Enlace a la noticia:

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/28/actualidad/1467117632_211998.html